Urgen a Albany aprobar leyes que minimicen la cárcel y aumenten inversiones en comunidades para mejorar la seguridad y justicia

Las reformas a la justicia penal en Nueva York, que entre otras cosas lograron hacer cambios en la eliminación de fianzas para delitos no violentos, se han convertido en la manzana de la discordia. Y justo cuando diferentes voces exigen mano dura a los delincuentes e infractores y mayores castigos, con el inicio de la próxima sesión legislativa estatal a la vuelta de la esquina, defensores de las comunidades más vulnerables dejaron claro que darán la pelea para que se cambie el enfoque de “criminalizar” a los vecindarios y se invierta en necesidades básicas que enfrentan los más pobres.

Ese es el llamado que están haciendo diferentes organizaciones, quienes se unieron en un solo frente común para urgir a la gobernadora, Kathy Hochul y a los líderes de la Asamblea, Carl Heastie y del Senado, Andrea Stewart-Cousins, a que no den marcha atrás en puntos de justicia penal alcanzados. Asimismo exigen que se impulsen medidas que mejoren la calidad de vida de las comunidades más afectadas por la violencia y las inequidades, como la latina e inmigrante.

Más de 85 organizaciones neoyorquinas que trabajan en asuntos de defensa de víctimas, vivienda, salud mental, derechos civiles y grupos religiosos elaboraron una carta que enviaron a la mandataria estatal y a los legisladores, donde los instaron a priorizar la inversión en la seguridad y justicia en las comunidades.
En el mensaje, los firmantes, entre ellos Urban Justice Center, The Bronx Defenders, The Legal Aid Society, y el Immigrant Defense Project, advirtieron que los mecanismos que se han venido utilizando para hacerle frente a la inseguridad y la justicia, están poniendo en peligro el progreso de Nueva York, pues consideran que la clave está en resolver las necesidades urgentes de los neoyorquinos.

Entre los puntos relevantes, mencionan la urgencia de que se echen a andar reformas políticas que mejoren la seguridad de la comunidad y la justicia previa al juicio, antes que permitir la criminalizacióny vigilancia masiva de vecindarios, y se den opciones de vivienda, y socorristas de salud mental en lugar de policías.

“Nosotros, los abajo firmantes, los instamos a promulgar un plan para garantizar la seguridad de la comunidad y la justicia previa al juicio, comprometiéndose con inversiones a largo plazo basadas en evidencia y reformas de políticas que mejorarán la vida cotidiana de todos los neoyorquinos”, aseguraron los firmantes en la misiva.

En el comunicado, los líderes comunitarios criticaron que se pretenda continuar con medidas punitivas costosas y poco productivas, en casos en los que los presuntos infractores pueden remediar sus faltas con apoyo y mejores oportunidades.

“Si la vigilancia y el encarcelamiento hicieran seguras a nuestras comunidades, los cientos de miles de millones de dólares gastados en estos sistemas durante décadas ya habrían eliminado la violencia“, agregaron en la carta. “Sin embargo, estos enfoques no han logrado la seguridad y son en sí mismos impulsores de la violencia”.

Las organizaciones redundaron en la urgencia de que se aprueban proyectos que cambien el sistema del castigo por inversiones en prevención, al igual que opciones no carcelarias para mejorar la seguridad.

“El Estado de Nueva York nunca podrá brindar seguridad pública si continúa manteniendo una doble moral de justicia. Un estándar de justicia prioriza la compasión y la oportunidad para los ricos y los que están en el poder. El otro estándar prioriza el aislamiento y el castigo perpetuo para los negros, latinos y pobres”, dijeron las organizaciones, defendiendo la ley de fianzas.

“Este último estándar es el que perpetúa la pobreza y otras inequidades en nuestra sociedad, que a su vez crean las condiciones para la violencia y la inseguridad. La reforma de la fianza fue un paso necesario para crear un sistema de verdadera justicia. Nueva York debe rechazar resueltamente cualquier cambio a nuestras leyes previas al juicio que deshaga este progreso y profundice las desigualdades en nuestro sistema legal penal” agregaron.

Los defensores de comunidades vulnerables y grupos de inmigrantes en especial manifestaron su preocupación ante el intento de que se agregue a la ley un estándar de “peligrosidad futura” que según dijeron, “operaría como un representante de raza y solo perpetuaría las grandes disparidades que impregnar nuestros tribunales, cárceles y prisiones”. El temor es que esa norma concedería a los jueces el poder de encarcelar a alguien, con base a “especulaciones y suposiciones sesgadas”.

La Senadora Julia Salazar, presidenta del Comité de Víctimas de Crimen y Correccionales, se sumó al llamado y dijo que Albany debe reconocer que las comunidades más seguras tienen los mayores recursos, no las tasas más altas de arresto y encarcelamiento, y remediar las inequidades.

“Solo en los vecindarios de Brooklyn y Queens de mi distrito, que incluye vecindarios con algunos de los índices de arresto más altos de la ciudad y otros con bajos índices de delincuencia y arresto, esto es muy claro”, dijo la legisladora latina, quien pidió a los republicanos de la Legislatura que dejen de lado “la obsesión de encerrar a más personas negras y latinas como estrategia política” y se centren en encontrar maneras que garanticen la seguridad pública.

Hasta el momento ni la Gobernadora Hochul ni los líderes de la Legislatura estatal, que iniciará sesiones en enero próximo, se han referido a la misiva.

Exigencias de las organizaciones para que haya mejor seguridad pública en NY

• Priorizar el tratamiento de apoyo sobre la respuesta policial, entendiendo que los neoyorquinos que experimentan crisis de salud mental merecen ser tratados con compasión y cuidado.
• Aprobar la Ley Daniel (S4814/A4697), que crearía y establecería consejos regionales y unidades regionales de respuesta para garantizar una respuesta basada en la salud pública a las emergencias de salud mental y uso de sustancias.
• Ampliar el uso de Equipos Móviles de Respuesta a Crisis que empleen consejeros, compañeros, trabajadores sociales, médicos y profesionales de la salud mental, en lugar de policías.
• Invertir en la expansión en todo el estado de los Equipos Forenses de Tratamiento Comunitario Asertivo (FACT) para personas involucradas en el sistema legal penal.
• Asegurar la disponibilidad de servicios de tratamiento ambulatorio voluntario conectados a la Liberación Supervisada.
• Aprobar la ley Tratamiento, no cárcel (S2881B/A8524) y financiar $15 millones para construir tribunales de tratamiento en todo el estado.
• Mejorar el acceso a los servicios de reducción de daños y tratamiento de drogas, entendiendo que el consumo de drogas es un problema de salud pública y debe ser tratado como tal, en lugar de arrestar y encarcelar.
• Aprobar la Ley de Servicios de Consumo Más Seguro (S603/A224) que autorizaría a los proveedores de servicios de jeringas a operar centros de prevención de sobredosis, aumentando los puntos de acceso a apoyos comunitarios y tratamiento para personas que consumen drogas.
• Ampliar el uso de los Centros de Estabilización Intensiva de Crisis en todo el estado para brindar servicios de apoyo rápido.
• Invertir en programas de prevención de la violencia y justicia restaurativa para mejorar la seguridad y la equidad.
• Invertir y expandir grupos y servicios de interrupción de la violencia para sobrevivientes con $500 millones para responder a incidentes específicos de violencia, así como $500 millones para servicios a las víctimas en todo el estado.
• Asegurar que los programas de servicios previos al juicio estén a cargo de organizaciones comunitarias, no de las fuerzas del orden.
• Mantener el compromiso de $20 millones para los servicios previos al juicio en todos los condados fuera de la ciudad de Nueva York.
• Financiar adecuadamente las alternativas al encarcelamiento y los servicios de reingreso.
• Invertir al menos $16 millones en servicios alternativos al encarcelamiento (ATI) en todo el estado.