Activistas boricuas en NY y grupos de derechos humanos piden investigación a fondo a guardia de seguridad en Puerto Rico que disparó a manifestantes ambientales hiriendo a uno
El grupo protestaba por la construcción ilegal sobre la cueva Las Golondrinas, estructura natural de alto valor ecológico en Aguadilla, cuando el vigilante César Toledo Montilla disparó unas 15 veces
Sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla, Puerto Rico, se construyó ilegalmente una estructura. Crédito: Campamento Pelícano | Cortesía
NUEVA YORK – Activistas de la diáspora puertorriqueña en Nueva York se unieron a organizaciones de derechos humanos para exigir respuestas sobre la investigación que realizan las autoridades en la isla del uso de fuerza letal por parte de un guardia de seguridad privado que le disparó a manifestantes que protestaban contra una construcción sobre la cueva Las Golondrinas hiriendo a uno.
El domingo pasado, los denunciantes protestaban en la zona de la cueva, ubicada en el área oeste de la isla entre Aguadilla e Isabela y de alto valor ecológico.
Los presentes exigían la demolición de la estructura propiedad del desarrollador Carlos Román González.
La esposa de la víctima indicó en una conferencia realizada vía Zoom este jueves que aparentemente las balas fueron disparadas con la intención de impactar en la cabeza a los manifestantes que estaban desarmados.
“Varias balas fueron disparadas. La bala que impactó a mi pareja era de una 9mm FC Luger. Estas balas se fragmentan al impactar para formar una estrella. Esto causó una pequeña herida de entrada y una grande de salida. El también fue rozado por otra de estas balas así como impactado por dos balines y una bala de goma. Luego de examinar las paredes en la que impactaron las balas y los videos de los pistoleros (entre dos y tres), aparentemente estas balas fueron directamente disparadas hacia las cabezas de los manifestantes que estaban desarmados”, dijo Laura S. Nazario Lameiro, presidente de Campamento Carey Inc. en el evento virtual convocado por la coalición de grupos de la diáspora Power4PuertoRico.
Lía Fiol-Matta, asesora sénior de LatinoJustice PRLDEF, otra de las organizaciones que pidió una investigación exhaustiva de los hechos, dijo que proveerán a los afectados todas las herramientas legales disponibles para que defiendan lo que les corresponde por derecho.
“Como una organización fundada en la defensa de los derechos de los puertorriqueños en el archipiélago y en los estados, LatinoJustice apoya a la gente de Aguadilla y todos esos que defienden con sus cuerpos el derecho de perservar las tierras en dominio público y los recursos naturales de Puerto Rico, el patrimonio nacional”, planteó Fiol-Matta en la conferencia de prensa realizada el jueves.
Amnistía Internacional capítulo de Puerto Rico también se sumó al llamado de rendición de cuentas.
“Amnistía Internacional ha sido testigo, a través de nuestro equipo de observadores, la prensa y los medios independientes, de la hipervigilancia de las autoridades a las protestas ambientales en Puerto Rico. Nosotros hemos sido testigos de los arrestos arbitrarios y la presencia exagerada de policías y unidades tácticas con material antidisturbios en playas públicas con familias y personas disfrutando de nuestros maravillosos recursos naturales. Nosotros hemos visto el uso de gas pimienta, violencia física, sacudidas y agresión a manifestantes con porras. Finalmente, y donde el Gobierno debe trazar la línea, hemos presenciado el uso de fuerza letal contra individuos que están protestando una construcción ilegal al tope de la cueva Las Golondrinas”, agregó Liza Gallardo, directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico.
Otros líderes de la diáspora puertorriqueña como la representante demócrata en el Congreso, Nydia Velázquez, ya habían cuestionado el desarrollo sobre la cueva y la violenta intervención de personal de seguridad.
En un tuit el lunes, Velázquez indicó: “Yo estoy horrorizada por los eventos acontecidos en Aguadilla ayer. Personal de seguridad privada agredió y baleó a activistas que protestaban pacíficamente. ¿Desde cuándo proteger el ambiente es un crimen? Este sinsentido tiene que acabar. Agencias relevantes tienen que hacer su trabajo, y los responsables tienen que enfrentar la justicia”.
En mayo pasado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ordenó a Aguadilla Pier Corp., de Román González, demoler un gazebo y un potrero que construyó de manera ilegal sobre la cueva.
El DRNA ya determinó que los terrenos son de dominio público. Sin embargo, la empresa solicitó un deslinde de la zona marítimo terrestre, proceso que identifica y delimita los bienes que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre.
Hace ocho meses, la agencia ordenó la demolición de las estructuras construidas ilegalmente sobre este recurso natural y ordenó la restauración del lugar a las condiciones en las que se encontraba antes del desarrollo.
La Resolución y Orden 22-116 emitida contra Román González exigía la demolición en un término de no más de 30 días. La orden además le requirió al propietario solicitar los permisos para la demolición. La decisión del DRNA establece que el desarrollo se realizó en la zona marítimo terrestre violando las disposiciones de bienes de dominio público marítimo-terrestre. El departamento además planteó que no hay récord de estudios geofísicos que establezcan que el área es estable. Adicional, la edificación implica riesgos para la franja costera en la que ubica.
Según explica en su página web la organización Ayuda Legal PR, como todos los bienes públicos de uso público, la zona marítimo-terrestre por considerarse un bien público de uso público le pertenece a todas las personas. Por su naturaleza, no se pueden vender, comprar, usucapir o embargar.
Entre las funciones del DRNA para conservar y vigilar la zona marítimo terrestre, está establecer el punto hasta el que llegan los bienes públicos. “Esto se hace a través de un proceso llamado deslinde. El Reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico regula lo relativo al deslinde”, explican desde la página web de Ayuda Legal PR.
Los terrenos que colindan con la zona marítimo-terrestre pueden ser privados, pero con ciertas condiciones.
En el caso de la cueva, las autoridades indicaron que la pesquisa podría extenderse más ya que se tiene que determinar si la zona en la que el grupo estaba protestando es privada o pública.
“Para nosotros determinar los elementos del delito, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en consideración. Si estaban en una vía pública o si estaban en un área privada”, argumentó el fiscal Juan Ramos García a El Nuevo Día.
Según el funcionario, al momento están verificando si las otras agencias que se encargan del deslinde ya culminaron el proceso. “Por eso digo que la investigación puede ser un poquito más lenta de lo que el pueblo quisiera, pero tenemos que asegurarnos que sea una investigación bien hecha”, anticipó.
Por su parte, la empresa en controversia alegó que no tiene problema en demoler la estructura, pero que aún no reciben los permisos requeridos a esos fines.
Una de las manifestantes arrestadas, identificada como Yamize Elías, aseguró al periódico que la agresión del guardia ocurrió en un predio público.
“Aunque hayan construido (el gazebo) allí, eso es un terreno público. Esa medida se hace desde la parte más profunda de la cueva y están encima de la cueva, pero por eso es que no han querido dejar entrar al personal del ICP, para que no se complete el proceso”, declaró al rotativo.
“Pero, más aún, el muchacho recibe el disparo estando fuera de las verjas que pusieron allí ilegalmente, así que no pueden cuestionar dónde estaba. Eso se vio en todos los videos que se grabaron allí”, añadió. “Ya está establecido que ese terreno le pertenece al pueblo”.
Al momento, el fiscal del distrito de Aguadilla no ha informado de la presentación de cargos contra el empleado de seguridad, identificado como César Toledo Montilla, de la compañía SJA Security.
Sin embargo, Ramos García confirmó que la herida sufrida por el manifestante fue de una bala viva.
Como parte de la investigación, la Policía sometió los casquillos de bala que fueron recuperados en la escena a pruebas de balística en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Adicional, la Fiscalía realiza múltiples entrevistas.
La detención de manifestantes responde a que estos se resistieron a salir de la cueva cuando la Policía estableció que era una escena criminal. Las autoridades no descartan la radicación de cargos bajo esta causal.
El sospechoso de los disparos es un militar retirado. Se cree que este habría disparado en unas 15 ocasiones con una de las dos pistolas que portaba. La ley en Puerto Rico solo permite la portación de un arma.
Los investigadores buscan determinar si los casquillos corresponden a la Cranik calibre 9mm que le fue ocupada al vigilante. Al hombre también le confiscaron una pistola Colt calibre .45, así como abastecedores y municiones para ambas armas.
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