“Caballos de batalla” para dar protecciones a los hispanos más vulnerables quedan fuera de la carrera del presupuesto estatal 2024

Ni la propuesta legislativa que daría protecciones a los inquilinos para los aumentos desproporcionados de renta. Ni el anteproyecto que ofrecería cobertura médica a los trabajadores indocumentados. Ni el aumento del salario mínimo ambicionado por los defensores laborales, entraron en el aro del “acuerdo conceptual” del Presupuesto 2024, del estado de Nueva York, anunciado por la gobernadora Kathy Hochul.

Lo que sí se confirma con letras mayúsculas en el paquete de leyes, que regirá la forma cómo se invertirán los $229,000 millones correspondientes al próximo año fiscal, son algunas modificaciones técnicas a la controversial Reforma Ley de Fianzas, para eliminar la medida “menos restrictiva” para que los jueces puedan fijar fianzas en casos violentos.

También se endurecerán las leyes para poner un muro al “desastre” de las ventas ilegales de marihuana en las calles.

“Me complace haber llegado a un acuerdo con los líderes de la Asamblea Estatal ​​sobre un presupuesto transformador que mejora la seguridad pública, transforma nuestro sistema de atención de la salud mental, protege nuestro clima e invierte en el futuro de nuestros hijos”, subrayó la mandataria estatal.

Aunque las expectativas eran muy distintas, el “dibujo” que mostró Hochul sobre cómo se administrarán las cuentas en el estado en los meses venideros, incluye aumentar el salario mínimo legal en la Gran Manzana, Westchester y Long Island a $16 por hora a partir del 1 de enero de 2024.

Luego ese número crecerá de forma escalonada: Desde el 1 de enero de 2025 a $16,50 por hora y en vigencia desde 1 de enero de 2026 a $17 el pago por hora.

En el resto del estado, donde el costo de vida es generalmente más bajo, se quedaría un dólar atrás. Entonces, el ingreso mínimo actualmente que es $14,20 la hora, aumentaría a $15 en 2024, $15,50 en 2025 y $16 en 2026.

“Ella de verdad está bromeando”

Aunque los detalles del ajuste indexado “a futuro” a la inflación en el ingreso de los trabajadores todavía no está claro, “en los papeles” dista mucho de la propuesta defendida por asambleístas y defensores.

Un anteproyecto de ley liderado por la senadora colombo-estadounidense, Jessica Ramos, representante de Queens, requería que de manera inmediata el salario mínimo en Nueva York fuese indexado con la inflación. 

La ambición era que el ajuste sería de forma escalonada: En la Gran Manzana hubiese pasado a $17 por hora en el 2023, 18,80 en el 2024 y $20,45 en el 2025. De allí en adelante, se aplicarían cada doce meses los mismos criterios de revisión.

“¿El salario mínimo de $17 es justo? Ella de verdad está bromeando. Vamos a leer los comentarios para tener una idea de cómo se sienten los neoyorquinos acerca de este ajuste tan insignificante”, publicó en la red social twitter la senadora Ramos, luego del anuncio de la gobernadora.

En este panorama se tiene claro que más del 40% de los trabajadores que tendrían garantizadas revisiones salariales en industrias como los restaurantes de comida rápida, comercio, pequeños negocios, atención al cliente y empresas de la hospitalidad, serían personas de origen hispano.

Otro punto de vista

Aunque los defensores de un aumento salarial más elevado , aseguran que las alzas salariales dinamizan la economía, porque pone más dinero a circular en las calles, la visión de voceros de cámaras y asociaciones comerciales es muy distinta.

En el caso de los restaurantes, una de las industrias más empleadoras de mano de obra hispana en la ciudad de Nueva York,  Arelia Taveras, presidenta de la Asociación de Restaurantes y Bares Latinos de NY calculó que en este momento cualquier aumento salarial sería una “carta de defunción” para la mayoría de los pequeños emprendimientos que tratan de sobrevivir.

“Entendemos que nuestros trabajadores están enfrentando una ciudad muy cara. Pero también hay que entender que los emprendedores necesitan más apoyo. En este momento, la mayoría de nuestros dueños de restaurantes no pueden responder a ajustes salariales, sin sacrificar puestos. E incluso tener que declararse en quiebra”, destacó la líder gremial dominicana.

Taveras aseguró que la propuesta de Hochul es “razonable”, porque es escalonada y progresiva, además entiende la realidad de los pequeños negocios.

“Ya sabíamos de agremiados que cerrarían automáticamente, si se elevaba el salario tal como estaba planteado. Incluso para muchos trabajadores de hospitalidad, es mucho peor no tener trabajo”, acotó.

Sin “Cobertura para Todos”

Todavía hasta este lunes, había asambleístas tratando que se diera paso a la iniciativa legislativa “Coverage for All” (Cobertura para Todos), que abriría el camino para que por lo menos 255,000 inmigrantes indocumentados de Nueva York, que son inelegibles para los programas de atención federal, tengan cobertura para servicios de atención médica. Hasta el cierre de esta edición, esos esfuerzos no prosperaron.

La idea era que el gobierno estatal solicitará al gobierno federal una “Exención 1332” para pagar la expansión del Programa del ‘Plan Esencial de Nueva York’ para cubrir a los inmigrantes “sin papeles” de bajos ingresos, así como aumentar los límites de elegibilidad financiera para aquellos que ya eran elegibles para participar. 

“Es inmoral y económicamente indefendible que Hochul haya ignorado la voluntad de la legislatura y haya negado este plan. Las disparidades en el cuidado de la salud que enfrentan los inmigrantes solo han aumentaron durante la pandemia, cuando miles de neoyorquinos murieron a causa de la COVID-19″, dijo decepcionado José López, director de Make The Road NY.

Por su parte, Guillermo Chacón presidente de la Red de Salud Hispana aduce que si se revisan algunas partidas prespuestarias, hay aspectos muy positivos como la inversión en salud mental y los aportes del Medicaid. Aunque observa, con mucha tristeza, que se haya dejado de lado la cobertura de salud que beneficiaría a miles de inmigrantes.

“Se excluyó un programa que finalmente no es un gasto, sino una inversión en la principal bujía de la economía de Nueva York. Debemos seguir esta batalla”, comentó.

“Por una Buena Causa” no avanzó

En las negociaciones entre la Asamblea y Estatal y la gobernadora Hochul tampoco se logró avanzar en recursos para la legislación “Por una Buena Causa” que era el “caballo de batalla” de los defensores de la crisis de desalojos por las altas rentas inmobiliarias que enfrentan los neoyorquinos. Especialmente los vecindarios en donde mayoritariamente viven las comunidades hispanas.

Presentada por primera vez en 2019, este anteproyecto de ley evitaría que los propietarios desalojen a los inquilinos sin establecer una causa, como la falta de pago del alquiler o el comportamiento molesto. 

Además permitiría a los inquilinos desafiar los aumentos de la renta, por encima de cierto nivel, ya sea un 3 por ciento en un año o 1,5 veces el cambio en el índice de precios al consumidor de cada localidad.

En cambio, la mandataria estatal sí dispuso poner más fondos en programas de vales de vivienda de la ‘Sección 8’ y en otros programas ya existentes de alivio de rentas atrasadas.

“Yo solo le digo a nuestras comunidades hispanas, que no dejemos de ponerle presión a la gobernadora. Aunque hubo algunos logros como aumentar los recursos para la Sección 8, el problema de fondo de la crisis de vivienda asequible no se resuelve. A una familia que de la noche a la mañana le aumentan la renta en $1,000 o $2,000, la están mandando a la calle”, consideró a El Diario  la asambleísta colombiana Catalina Cruz, representante de Queens.

Cruz remató, sin encubrir su decepción sobre el desenlace de este debate presupuestario: “Desafortunadamente quedaron muchos aspectos que eran vitales para los inmigrantes hispanos más vulnerables fuera. Yo solo le recuerdo a la gobernadora Hochul que el apoyo y el voto de los latinos no es algo gratuito. Seguiremos insistiendo”.

Confirmado: Retoques a la ley de fianzas

El tema más espinoso en el debate presupuestario estatal, que este año se ha extendido históricamente más de la cuenta, era un “punto de honor” entre la gobernadora Hochul y los legisladores del “ala más progresista”, quienes habían advertido que no permitirían que se “tocara una letra” de la reforma a la Ley de Fianzas aprobada en 2019.

Dicha reforma había eliminado las fianzas para la mayoría de los delitos menores y los delitos no violentos. Fue celebrada como una “medida de justicia” a un sistema de administración de la justicia penal criticado durante mucho tiempo, por castigar preventivamente a los pobres, a los afroamericanos y a los hispanos.

En este sentido, la gobernadora confirmó que nuevas legislaciones y ajustes permitirán que los jueces tengan una “mayor discreción” para encarcelar a los acusados, particularmente a los delincuentes reincidentes o graves, antes de sus juicios.

El plan de Hochul deja intactos los plazos rígidos para que los fiscales proporcionen “descubrimiento” o evidencia a los abogados defensores, así como la norma que aumentó la edad para que los acusados ​​sean tratados como adultos a 18 años.

Como era predecible, este solo anuncio despertó la ira de portavoces de organizaciones comunitarias y legisladores que no solo habían logrado la reforma, sino que estaban peleando para que se mantuviera intacta.

“Este anuncio es antidemocrático e injusto. Y finalmente enviará a las cárceles a más personas de las comunidades de color. No existe ninguna evidencia que esta reforma haya aumentado la criminalidad. Nosotros aspiramos que nuestros legisladores puedan defender este avance en Nueva York, hasta último momento”, expresó en un comunicado Jared Jaramillo  de la Unión de Libertades Civiles de NY (NYCLU).

En la acera del frente, de esta gigantesca controversia se encuentra uno de los sectores que más pusieron en sus propias “balanzas”, los efectos de los cambios de cómo se administra la justicia penal y su vínculo con el alza criminal.

“Esto nos da un respiro. Si algún sector puede ser testigo en primera línea de cómo estos cambios dispararon los robos somos los bodegueros. Tristemente muchos entendieron que como no había castigo, así hagas un delito mil veces, o robaras un poco, podían mantener a nuestros agremiados agobiados sin ninguna consecuencia”, argumentó Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros de América (UBA).

7 prioridades del gobierno estatal en 2024:

• $347 millones en iniciativas de prevención de la violencia armada basadas en evidencia.
• $1 mil millones en Salud Mental para aumentar la capacidad de tratamiento psiquiátrico para pacientes hospitalizados y los servicios ambulatorios.
• $1 mil millones adicionales en fondos de capital de atención médica y cobertura ampliada de Medicaid para más de 7,8 millones de neoyorquinos de bajos ingresos.
• 500$ para garantizar un cuidado infantil asequible y de alta calidad.
• $25 millones para apoyar el crédito fiscal para el cuidado infantil del empleador, y una expansión del crédito fiscal para niños para incluir a los menores de cuatro años.
• $65 millones para reducir el aumento de tarifa propuesto para el Subway y ampliar las frecuencias de servicio.
• $50 millones durante cinco años a los distritos escolares locales para apoyar los productos agrícolas del estado en comidas para niños en edad escolar K-12.