Venezuela: Unión Europea rechazó con preocupación la inhabilitación de María Corina Machado
La Controlaría General de Venezuela decidió inhabilitar a Machado durante 15 años, tras una investigación patrimonial en el que se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente
Josep Borrell señaló en un comunicado que espera que las elecciones de 2024 sean "creíbles, transparentes e inclusivas". Crédito: Federico Parra | AFP / Getty Images
La Unión Europea dijo este lunes que la inhabilitación política de la opositora venezolana María Corina Machado “socava la democracia y el Estado de derecho” de Venezuela, y se trata de una decisión que contribuye a “profundizar” la crisis política del país.
“La UE expresa su profunda preocupación con las decisiones que tratan de impedir a miembros de la oposición ejercer sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado”, dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un comunicado.
“Estas decisiones socavan la democracia y el Estado de derecho y solo profundizarán la larga crisis política y social en Venezuela”, continuó el jefe de la diplomacia europea.
La Controlaría General de Venezuela decidió inhabilitar a Corina Machado durante 15 años, tras una investigación patrimonial en el que -aseguró la institución- se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.
La decisión se conoció el viernes pasado cuando la difundió el diputado José Brito, que solicitó a la Contraloría información sobre el estatus de la antichavista, quien presentó su candidatura a las primarias de octubre.
Borrell dijo que celebrar unas elecciones presidenciales en 2024 que sean “creíbles, transparentes e inclusivas es una parte esencial de la solución” a la crisis política en Venezuela.
También recordó que la Misión de Observación Electoral que la UE envío a Venezuela en 2021 pidió la abolición de la prerrogativa de la Controlaría General de “despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna”.
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