Demanda de coalición de organizaciones en Florida contra ley antiinmigrante SB 1718 se limita a sección que prohíbe traslado de indocumentados
La demanda encabezada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Florida (ACLU) se enfoca en la parte de la ley que criminaliza el traslado de indocumentados desde otros estados al mencionado
Un trabajador migrante en un campo de cultivo en Homestead, Florida. Crédito: CHANDAN KHANNA | AFP / Getty Images
La demanda federal contra la ley antiinmigrante SB 1718 promulgada en Florida por el gobernador Ron DeSantis se enfoca en la sección 10 que criminaliza el traslado de indocumentados desde otros estados al mencionado.
Este lunes, una coalición de organizaciones de derechos civiles, encabezada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Florida (ACLU), anunció la presentación del recurso en un intento para detener parte de los postulados de la ley que entró en vigor el 1 de julio.
Entre las argumentaciones de los demandantes ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida en Miami destaca el supuesto carácter anticonstitucional de la ley al permitir que un estado regule unilateralmente asuntos que le competen a las autoridades federales.
La sección 10 que califica como “tráfico de personas” el traslado de indocumentados a Florida es la parte que está siendo disputada en la demanda.
La ley SB 1718 establece sanciones penales para la persona que, a sabiendas y deliberadamente, transporte al estado a una persona que sabe, o debería saber razonablemente, que ha entrado a Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionada por el Gobierno federal desde su ingreso o entrada ilegal. Las personas que incurran en este tipo de acción se enfrentan a presentación de cargos por delitos graves de tercer grado.
La legislación tipifica como delito grave de tercer grado por una primera infracción (de transportar al estado a sabiendas a una persona indocumentada) y una infracción separada para cada individuo que la persona transporte a Florida.
El estatuto indica además que se convertirá en un delito grave de segundo grado para la persona que comete cinco o más delitos separados; y en delito grave de segundo grado contra una persona con una condena anterior y que comete una infracción posterior o que es reincidente.
La ley añade este tráfico de personas como delito que puede considerarse como “actividades de extorsión”, que en el caso de Florida se considera un delito grave de primer grado punible con hasta 30 años de prisión y una multa de $10,000 dólares.
La demanda argumenta que el término “inspección” no es congruente con la norma federal de inmigración. A juicio de los demandantes, la ley de Florida utiliza el término de forma “incoherente e inconstitucionalmente vaga”, según especifica el comunicado de la ACLU.
De acuerdo con la coalición, la disposición pone a miles de indocumentados en peligro de ser detenidos, acusados y procesados por un delito grave por transportar a Florida a una categoría de inmigrantes vagamente definida.
“A medida que surgen las noticias del daño predecible infligido en Florida por la SB 1718, nosotros estamos presentando esta demanda para detener la criminalización anticonstitucional de la comunidad inmigrante en un estado donde una quinta parte de la población nació en el exterior. Esta legislación no es la solución a ningún problema. Es un chivo expiatorio y un intento de aterrorizar a familias vulnerables y trabajadores ya agobiados por las dificultades en los procesos de inmigración federal y para pelear con el Gobierno federal para servir a las ambiciones de unos pocos políticos. Nuestro desafío tiene como objetivo hacer valer la Constitución y proteger nuestras comunidades por la creciente amenaza de discriminación generada por esta nueva ley en Florida”, declaró Amien Kacou, abogado de ACLU en Florida, a través del comunicado.
Además de ACLU, Estadounidenses por la Justicia de los Inmigrantes, el Consejo Estadounidense de Inmigración y el Southern Poverty Law Center, en representación de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, se unieron a la demanda.
Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del Consejo Estadounidense de Inmigración, explicó a Noticias Telemundo que, en caso de que las organizaciones prevalezcan en la demanda, la acción judicial solo tendrá efecto en la sección 10 de la ley y no en el resto.
“Hay otros abogados revisando otras disposiciones de la ley para determinar si son potencialmente ilegales, así que probablemente haya más demandas”, añadió Melloy Goettel.
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