Gobernadora Hochul presenta plan para abordar crisis de vivienda en NY y organizaciones exigen leyes que protejan a inquilinos

La vivienda asequible sigue siendo una de las principales necesidades de los neoyorquinos, ahorcados ya con los elevados costos de los arriendos y una grave escasez de unidades asequibles, y luego de que la Legislatura estatal y la Gobernadora Kathy Hochul, echándose culpas mutuas, fallaran en aprobar en la pasada sesión legislativa un amplio paquete de leyes que pretendía hacerle frente a la crisis, la mandataria estatal anunció una serie de medidas que buscan servir como salvavidas.

Desde Brooklyn, la Gobernadora informó que firmó una serie de órdenes ejecutivas para hacer algunos ajustes a las regulaciones de vivienda, reviviendo una pequeña porción del paquete de reformas que líderes políticos impulsaron sin éxito en la Asamblea y el Senado estatal en la primavera.

Las órdenes ejecutivas permitirán que los proyectos de rezonificación residencial en el área de Gowanus, en Brooklyn, suspendidos luego de que expirara la exención fiscal para desarrolladores, conocida como 421-a, que perdona impuestos bajo el compromiso de crear un porcentaje de apartamentos asequibles en las unidades que se levanten, se reanuden con los mismos beneficios. El plan incluye la construcción de 8,500 nuevas unidades de vivienda en ese vecindario, entre las cuales 3,000 serán para neoyorquinos de ingresos medios.

Asimismo, establece preferencia para comunidades certificadas a favor de la vivienda para acceder a $650 millones en financiamiento discrecional y ordena que todas las entidades estatales revisen y encuentren áreas de terrenos estatales para crear más unidades de viviendas allí, se prioricen los fondos discrecionales para viviendas y se cree un nuevo portal para hacerle seguimiento a datos sobre viviendas en Nueva York.

“La crisis de vivienda de Nueva York no va a desaparecer y estoy comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer que Nueva York sea más asequible y habitable para todos”, dijo la Gobernadora Hochul, pidiendo a Albany que haga su trabajo dando luz verde a reformas de vivienda urgentes. “Estas acciones ejecutivas son un primer paso importante para expandir nuestra oferta de vivienda y promover el crecimiento de la vivienda. Pero no se equivoquen: para abordar completamente el alcance de esta crisis, necesitamos la acción de la Legislatura… Quiero que seamos más asequibles (…) Vamos a impulsar la vivienda ahora”.

El anuncio no fue recibido con buenos ojos por defensores de comunidades vulnerables como Legal Aid Society, que condenó a la mandataria por emitir una orden ejecutiva que en sus palabras permite que ciertos desarrolladores disfruten de beneficios fiscales, similares a los que ofrece el programa 421a, mientras excluye protecciones reales para los inquilinos, ignorando sus necesidades urgentes.

“La Gobernadora tuvo amplias oportunidades en esta última sesión legislativa para actuar sobre la proliferación de desalojos y crisis de desamparados en Nueva York, y la Legislatura ofreció un paquete de propuestas que incluían medidas que abordaban tanto la construcción de nuevas viviendas como la protección inmediata de los inquilinos y la Gobernadora rechazó ese paquete”, manifestó Legal Aid Society, al tiempo que pidió a los legisladores estatales que regresen a Albany y aprueben la ley de desalojo por ‘Buena Causa’ y el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda, propuestas que brindarían alivio a los inquilinos.

“Ahora (la Gobernadora Hochul) está tratando de mantener las apariencias con esta orden ejecutiva, que es legalmente dudosa en el mejor de los casos, que no garantizará la asequibilidad de la vivienda a corto plazo y no logrará nada para estabilizar las comunidades y mantener a los inquilinos en sus hogares”, agregó la organización de defensa legal.

Annemarie Gray, directora ejecutiva de la organización Open New York, mencionó que aunque movidas como la orden ejecutiva de Hochul son acciones necesarias, resultan insuficientes para abordar la escala de la crisis de vivienda que la pasada sesión legislativa en la Asamblea y el Senado estatal se quedó en el tintero.

“Nueva York solo verá cambios que coincidan con la magnitud de la crisis cuando la Gobernadora y la Legislatura estatal se unan para aprobar una legislación importante… reformas legislativas que aborden de manera significativa la grave escasez de viviendas en el estado”, aseguró la activista, destacando que su organización abogó por el plan de rezonificación de Gowanus, que dará vida a 8,000 viviendas nuevas.

“La realidad es que pocos municipios aprovecharán las nuevas designaciones ‘pro-vivienda’, pero es importante llamar la atención de los políticos y crear conciencia sobre los datos limitados que los municipios comparten sobre vivienda como una forma de ocultar su propia negativa a construir”, dijo Gray. “Las agencias estatales pueden y deben hacer más, incluso hacer cumplir las leyes de vivienda justa existentes contra los municipios que están bloqueando nuevas viviendas en sus comunidades. Pero solo cuando la Legislatura estatal y la Gobernadora se unan para aprobar reformas legislativas importantes, Nueva York impulsará el crecimiento de la vivienda a una velocidad significativamente mayor”.

La falta de vivienda asequible es uno de los grandes problemas que enfrentan los neoyorquinos.

Manny Pastreich, presidente de la Unión sindical 32BJ, también insistió en que urge levantar más viviendas asequibles para las comunidades vulnerables, pero calificó la orden ejecutiva de la Gobernadora Hochul como el inicio de “un plan sensato” para abordar la crisis.

“Construir suficientes viviendas, construir suficientes viviendas asequibles sigue siendo uno de los problemas más intratables en Nueva York y particularmente en la ciudad. Necesitamos soluciones grandes y audaces y necesitamos una acción práctica”, dijo el líder sindical.

Ordenes ejecutivas para hacerle frente a la crisis de vivienda

• Facilitar el desarrollo de viviendas a través del programa Gowanus: “Para las propuestas elegibles, Empire State Development compraría las propiedades de propiedad privada por una tarifa nominal, arrendaría la propiedad nuevamente a los propietarios originales por un plazo de arrendamiento a largo plazo que sería paralelo al período de beneficios 421-a(16) y devolvería la escritura de la propiedad al propietario original al finalizar el período de beneficios. A cambio, el dueño de la propiedad haría pagos equivalentes a los impuestos reducidos que la propiedad habría pagado si hubiera completado la construcción antes de la fecha límite de finalización del programa 421-a(16) que vence el 15 de junio del 2026”.
• Priorización de comunidades pro-vivienda para ciertos fondos discrecionales: “Se designan ciertos fondos discrecionales como “Programas comunitarios a favor de la vivienda” para reconocer y recompensar a los municipios que buscan activamente participar en el desbloqueo de su potencial de vivienda. Los programas priorizarán la financiación en función de un nuevo proceso de certificación que desarrollará y supervisará Homes and Community Renewal”
• Ordenar a las agencias, autoridades públicas, corporaciones de beneficio público y entidades estatales el objetivo de crear viviendas adicionales en todas las decisiones programáticas y de políticas.
• Identificar sitios de propiedad estatal para viviendas potenciales: “ordena que todas las entidades estatales deben revisar las tierras de su propiedad y control para determinar si los sitios podrían usarse para desarrollo de viviendas o para apoyar desarrollos de viviendas cercanos”.
• Abordar los obstáculos regulatorios para la producción de viviendas
• Crear un nuevo Portal de Datos de Vivienda
• Inversiones presupuestarias para el año fiscal 2024: “El presupuesto agrega $391 millones en asistencia de alquiler para expandir el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de Nueva York para cubrir inquilinos y familias adicionales, incluidos NYCHA y otros residentes de viviendas públicas. El presupuesto también agrega $50 millones para servicios legales de inquilinos y crea una nueva oficina de la Unidad de Protección de Inquilinos en el norte del estado de Nueva York para brindar orientación, defensa y apoyo legal a una amplia gama de inquilinos fuera de la ciudad de Nueva York”.