“Receptiva” la Junta de Control Fiscal sobre preocupaciones por posibles nuevos aumentos en factura de luz en Puerto Rico para pagar deuda a los bonistas de la AEE
Representantes de los pequeños y medianos comerciantes en la isla (Pymes) se reunieron este martes con algunos miembros de la Junta y alertaron del posible cierre de un 20% de estos negocios si se le da paso a los aumentos como parte del Plan de Ajuste de la Deuda
Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas en Puerto Rico. Crédito: Centro Unido de Detallistas | Cortesía
NUEVA YORK – Miembros del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD) indicaron que los componentes de la Junta de Control Fiscal (JSF), ente federal que maneja las finanzas del territorio, fueron receptivos a sus preocupaciones sobre el impacto que tendría el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el sector si se incluyen aumentos en la tarifa de la luz como aún no se ha descartado.
El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad, cuyos procesos de transmisión, distribución, generación y servicio al cliente pasaron a manos privadas con las compañías Luma Energy, en el 2021, y con Genera PR, este mes, es el documento base para que la corporación pague su deuda a los bonistas y salga de la quiebra bajo Título III.
El CUD, que representa a más de 5,000 de dueños de pequeños y medianos comerciantes (Pymes) en la isla, mantuvo una reunión el martes en la sede de la Junta en Hato Rey (zona metropolitana de Puerto Rico) en la que le presentaron el estudio encabezado por el economista Gustavo Vélez, de la firma “Intelligent Economics”, que alerta de los graves efectos al sector en caso de que prospere el plan con aumentos en la tarifa de energía eléctrica. Las estimaciones del estudio apuntan a que un 20% de estos negocios podrían cerrar, además de que se perderían miles de empleos en un periodo de dos años.
Además, el estudio publicado el 13 de junio y titulado “Análisis del incremento en las tarifas de electricidad en los pequeños y medianos comerciantes”, arroja que el mayor impacto en la factura con un aumento estimado de 53%, lo sufrirán las microempresas de siete empleados o menos. De aprobarse el plan, según la última versión disponible, pagarían en promedio $1,392 dólares al mes versus los $909 que pagar al momento.
En la muestra, participaron unos 325 comercios, 14% del área metropolitana de San Juan y el 86% restante de otras zonas de la isla.
Los miembros del sector vienen enfrentando desde años desafíos como los aumentos en los costos operacionales, dificultades para acceder al capital y para operar con fuentes renovables.
El “cargo híbrido” que considera la Junta, además impactará a clientes residenciales; más no a los subsidiados y tampoco a los municipios. El cargo tendrá un componente fijo y otro variable que dependerá del consumo eléctrico en cada hogar, oficina gubernamental o negocio en la isla. Parte del aumento se utilizaría para pagar las pensiones de los jubilados de la AEE.
En declaraciones a El Diario de Nueva York, la presidenta del CUD, Lourdes Aponte, no detalló sobre la discutido referente al propuesto aumento de la tarifa. Sin embargo, reveló que, en el encuentro en el que se hallaba el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, este mostró apertura ante los hallazgos del estudio y las preocupaciones de la organización.
“Hubo una gran apertura por su parte y muy receptivo en escuchar nuestros argumentos, los mismos validados con la data del estudio. El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica mostro particular interés en entender la aportación de las Pymes a la Isla y entender el ambiente de costos que enfrenta este sector”, destacó Aponte.
Añadió que parte del enfoque de la Junta, creada por la Ley PROMESA en el Congreso en el 2016, es impulsar medidas que mejoren los costos de hacer negocios.
“Todo indica que luego de la reestructuración de la deuda de la AEE, todos los esfuerzos de la JSF estarán orientados en implementar reformas que mejoren los costo de hacer negocios y los directivos de la JSF tienen particular interés en que el CUD se parte de la discusión; se hizo hincapié en la búsqueda de soluciones que sean sostenibles, ante la crisis que está atravesando el país”, expuso la presidenta.
“El CUD , junto al economista, va a estar trabajando y desarrollando un estudio más detallado sobre la composición de la estructura de costos que tiene las Pymes y como promover reformas que ayuden a reducir el costo de hacer negocios en isla. Por parte de la JSF se espera alguna reacción dentro de las próximas dos semanas, pues se encuentran en un proceso de evaluación, para continuar con la discusión y atender la necesidad imperiosa que tiene el sector comercial”, concluyó la portavoz.
El CUD, que representa a 169 categorías de Pymes en P.R., forma parte de la coalición multisectorial “No más aumentos” que busca impedir un incremento en los costos de energía para los abonados tanto residenciales y comerciales.
La coalición, integrada por grupos religiosos, comerciales, sindicales y comunitarios, realizó una marcha hasta La Fortaleza (residencia oficial del gobernador) el 28 de junio pasado para pedir que no se aumente la factura de electricidad en aproximadamente 30% como resultado del PAD.
De lo más reciente que ha trascendido sobre las negociaciones entre la Junta y la jueza federal Taylor Swain, es que la jurista fijó la reclamación de los bonistas en $2,388 millones, lo que representa una cuarta parte de la deuda que los bonistas reclaman. Los bonistas entienden que pueden cobrar $8,477 millones en deudas.
El próxmo 28 de julio se espera que Swain tome una decisión definitiva sobre el Plan.
El pasado 14 de julio, la jueza concedió una extensión de dos semanas en la fecha límite para presentar un tercer PAD para la Autoridad que incluya las enmiendas concernientes a los recientes fallos judiciales en favor del Gobierno de Puerto Rico.
“Desde que se radicó la petición de Titulo III para la AEE en mayo 2017 ha sido un proceso largo y complejo pero con las victorias que hemos tenido, tanto con el gravamen como con la estimación, estamos optimistas de que lo que finalmente resulte será un plan que permitirá tener una deuda sustentable”, indicó a Metro, el secretario de Estado de la isla, Omar Marrero.
Según Marrero, quien además es el director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), dijo estar “cautelosamente optimista” ante las posibles reducciones en el cargo heredado que podrían reflejarse en el plan enmendado.
El cargo heredado responde al argumento de que las tarifas eléctricas actuales son insuficientes para proveer un repago de la deuda heredada o reestructurada luego del pago de gastos operacionales.
“Debemos esperar en este tercer plan enmendado que finalmente se radique incluya una sustancial reducción a la reclamación de los bonistas como también al cargo heredado, como se había contemplado”, planteó al rotativo esta semana.
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