Representantes demócratas en el Congreso piden a contralor general que investigue impacto fiscal en Puerto Rico de decretos contributivos a extranjeros bajo la Ley 22
Raúl M. Grijalva, Nydia M. Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Ritchie Torres enviaron una carta a la Oficina de Contraloría General (GAO) luego de que un reporte de Bloomberg informara que el Servicio de Rentas Internas (IRS) investiga unos 100 casos de individuos pudientes por evasión de impuestos relacionado con su estancia en el territorio bajo la referida ley
Turistas en una calle de El Viejo San Juan en Puerto Rico. Crédito: RICARDO ARDUENGO | AFP / Getty Images
NUEVA YORK – Representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos pidieron este jueves a la Oficina de Contraloría General (GAO), a través de una carta, que examine el impacto fiscal de los incentivos otorgados a supuestos inversores extranjeros para que se establezcan en Puerto Rico bajo leyes como la 22 contenidas en el Código de Incentivos del 2019 (Ley 60).
El llamado, encabezado por el legislador de Arizona, Raúl M. Grijalva, miembro de alto rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara que evalúa los asuntos relacionados con la isla; y los de Nueva York, Nydia M. Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Ritchie Torres, se da luego de que un reporte de Bloomberg informara que el Servicio de Rentas Internas (IRS) investiga unos 100 casos de individuos pudientes por evasión de impuestos relacionado con su estancia en el territorio.
El artículo del medio especializado en finanzas y economía la semana pasada señala que la agencia federal busca determinar si los recipientes de estas exenciones contributivas -cuyo fin es impulsar la inversión en la isla- mintieron sobre el tiempo que pasaron en el territorio como “residentes”, así como las fuentes de sus ingresos.
La información del medio además revela que las autoridades en Estados Unidos indagan sobre el papel de promotores, abogados y contables que participan en el organigrama bajo el que se mercadea a la isla como destino de inversión para extranjeros.
Bajo la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, se le exime a los recipientes de impuestos sobre la renta sobre los ingresos pasivos obtenidos o acumulados después de que el individuo establezca su residencia en Puerto Rico.
El decreto por Ley 22 cubre intereses, dividendos y ganancias de capital. Como laexención es a nivel local, los beneficiarios deben pagar impuestos federales.
La ley requiere que la persona en cuestión demuestre su presencia en la isla durante al menos 183 días del año fiscal.
Otra ley que está en cuestionamiento es la 20 o la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios” que establece un impuesto a los ingresos de 4% a compañías que exportan sus servicios.
El fin es crear el ambiente y las oportunidades para desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios internacional, fomentar el desarrollo económico y social de la isla.
Para calificar, la empresa debe ofrecer sus servicios desde Puerto Rico mientras recibe ingresos de clientes en el exterior.
A juicio de los congresistas, leyes como la 22 y la 20 lo que hacen es crear un paraíso fiscal en detrimento de los locales.
“Aunque la intención de las provisiones es atraer a individuos y negocios a la isla, hay preocupaciones de que la Ley 60- que consolida y actualiza exenciones contributivas previas, incluyendo las leyes 20 y 22-, únicamente crea un paraíso fiscal para los ricos, mientras no le proveen beneficios a la gente de Puerto Rico”, cuestionan los representantes en la misiva.
“Además de permitirle a estos individuos y negocios evadir impuestos locales, el estatus territorial de Puerto Rico, también los exime de impuestos federales a sus ingresos provenientes de Puerto Rico. Esto da como resultado beneficios fiscales que los estadounidenses no podrían obtener en ningún otro lugar del mundo”, destacaron los demócratas en el texto.
El tratamiento a los extranjeros no es favorable para los residentes individuales y corporativos puertorriqueños que llevan años en la isla, plantearon.
En la carta se expone la pérdida de ingresos por impuestos en Puerto Rico como resultado de la aplicación de estas leyes.
“Según el Informe de gastos tributarios de Puerto Rico para el año fiscal 2023, Puerto Rico perdió alrededor de $2,220 millones en ingresos relacionados con la Ley 22 entre 2017 y 2023. Solo en 2023, se espera que Puerto Rico pierda $342 millones proyectados debido a las dádivas fiscales. Además de las pérdidas significativas en los ingresos fiscales de Puerto Rico, la demanda de viviendas puede verse sesgada por la afluencia de personas adineradas que deben comprar residencias en la isla para calificar para la desgravación fiscal”, detallaron.
La solicitud a GAO va dirigida a que la oficina examine información sobre la residencia, relocalización y los ingresos de los beneficiarios de estas leyes, así como el impacto de las exenciones contributivas en la economía puertorriqueña.
“Not Your Tax Haven” y su lucha contra la Ley 22
Campañas en redes sociales como “Not Your Tax Haven” (No tu paraíso fiscal) y el “Otro Puerto Rico”, por mencionar algunas, llevan alertando en los últimos años de las fallas en la Ley 22 y en su aplicación, e incluso han pedido la derogación de la misma.
En mayo pasado, una coalición de 10 organizaciones liderada por el Centro para la Acción de la Democracia Popular (CPDA) anunció que presionará en el Congreso federal para que se fiscalicen en Puerto Rico los decretos de exención contributiva otorgados bajo la Ley 22.
Con el respaldo de Velázquez, el grupo busca que se tomen medidas contundentes para evitar que los altos costos de vivienda provocados en parte por el establecimiento de más extranjeros bajo promesas de inversión se traduzcan en mayor gentrificación.
Marlyn Goyco, portavoz del CDP, declaró al medio CLARIDAD que la movida del IRS refleja la falta de fiscalización de las autoridades locales a estos decretos.
“La investigación del IRS confirma lo que es conocido por todos. Tenemos beneficiarios de la Ley 22, que no solo incumplen con los requisitos mínimos de ley, sino que además buscan cómo sacar mayor ventaja a la falta de fiscalización por parte del Gobierno. El DDEC ha admitido públicamente que no cuenta con la capacidad para fiscalizar, y los beneficiarios lo saben. La pregunta que nos debemos hacer ahora es ¿si no pueden fiscalizar los decretos que otorgan, cómo pueden decir que la Ley está resultando en beneficio económico para Puerto Rico? ”, consideró Goyco.
Goyco reveló que, en marzo pasado, el Centro le sometió una petición de información a la oficina recolectora de impuestos sobre el estatus de la auditoría que empezó en el 2021, datos que en parte fueron reseñados en el informe de Bloomberg. El IRS respondió que en agosto le suministrarían más detalles sobre los hallazgos de la auditoría.
La información hasta el momento apunta a que algunos de los investigados podrían ser procesados criminalmente.
Por su parte, Manuel Cidre, director ejecutivo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), agencia encargada de fiscalizar las decretos bajo leyes como la 22, indicó que colaboran estrechamente con las autoridades federales.
“Para el DDEC esto no es nada nuevo, sino que el IRS ya lo hace oficial y tenemos toda la autoridad para decir que nuestra Oficina de Incentivos colabora estrechamente con el IRS”, indicó Cidre según citado por El Nuevo Día.
Añadió que lo anterior incluye toda información o dato que necesite el IRS o cualquier otra agencia federal o estatal para fiscalizar el cumplimiento de las leyes.
Cidre destacó que los 100 casos investigados representan un 1.8% del total de 5,500 decretos que el DDEC ha otorgado a individuos desde que se creó el incentivo en 2012.
Posteriormente, en una carta al presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, Cidre recalcó que la agencia lleva más de un año tratando de identificar a posibles evasores e incumplidores de la ley
“Como bien parece referirse exclusivamente al incentivo de Inversionista Residente vale la pena aclarar algunos ángulos de la noticia a la que hace referencia. Lo más importante, no se trata de que el DDEC esté colaborando con el IRS en su investigación de unos 100 casos, sino que es el DDEC quien está conduciendo una amplia investigación de estos incentivos desde hace más de un año, y le ha compartido información al IRS cuantas veces dicha entidad así lo ha requerido. Como cuestión de hecho, estoy seguro de que el IRS no hubiese podido identificar esos 100 casos a los que se hace referencia, si no hubiera sido por los esfuerzos de fiscalización realizados por el DDEC a partir del 2021″, indicó el funcionario en rechazo al pedido de información de Hernández sobre el tema.
“Es importante destacar que ninguna Administración pasada llevó a cabo un ejercicio de fiscalización más agresivo que el que estamos conduciendo actualmente. Es esta auditoría sin precedentes la que ha producido más de 300 decretos revocados por motivo de alguna forma de incumplimiento. Para ponerlo en contexto, hay que destacar que desde la aprobación de la ley sólo se habían revocado unos 29 decretos de este incentivo. Hemos invertido muchos recursos en esfuerzos de fiscalización y no bajaremos la guardia”, insistió Cidre.
