Activistas boricuas de la isla y de 10 estados llevan “bomplenazo” al Congreso federal para denunciar impacto de la Ley 22 y abogar por soberanía alimentaria
La movilización en Washington D.C. que inició el lunes coincide con el aniversario número seis del azote del huracán María en el territorio este miércoles
Un damnificado por el huracán María en el pueblo de Yabucoa, en el este de Puerto Rico. Crédito: HECTOR RETAMAL | AFP / Getty Images
NUEVA YORK – Con un “bomplenazo” o reclamo al ritmo de Bomba y Plena, boricuas procedentes de la isla y miembros de la diáspora en 10 estados avivaron este miércoles su recorrido por el Congreso federal para denunciar el impacto de la Ley 22 que otorga exenciones contributivas a inversionistas extranjeros mientras abogaron por la suficiencia alimentaria en la isla a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Con representación de puertorriqueños residentes en Missouri, South Carolina, Florida, Nueva York, Wisconsin, Georgia, California, Virginia, entre otras demarcaciones, la coalición progresista que reúne a organizaciones de la diáspora “Power4PuertoRico”, llevó su mensaje contra la ley contenida en el Código de Incentivos Contributivos o Ley 60. Los activistas consideran que el estatuto ha intensificado la gentrificación en Puerto Rico y el desplazamiento de locales para promover la estancia de extranjeros multimillonarios, algunos ligados a la industria de las criptomonedas.
Para las 5 p.m. de hoy se convocó el “Plenazo congresional contra la Ley 22” frente al Edificio de Oficinas Longworth en la Cámara de Representantes.
La manifestación musical se suma a visitas a oficinas de congresistas entre hoy y mañana para presionar contra la oficialmente llamada “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.
La movilización, que coincide con el aniversario seis del embate del huracán María en el territorio, incluyó a grupos como Losing Puerto Rico, Alianza for Progress en Florida, PRÁ (Alianza Puertorriqueña) en la capital federal, VAMOS Puerto Rico y El Otro Puerto Rico (ambas con sede en la isla) y Puerto Rican Cultural Center (PRCC) en Chicago.
Como parte de la jornada, los participantes guardaron un momento de silencio en horas de la mañana para recordar a los más de 4,000 puertorriqueños que murieron como resultado directo del huracán o por la negligencia de las autoridades en responder a tiempo.
Abogan por la soberanía alimentaria a través de SNAP
La movilización en Washington D.C., como parte de “Boricua Advocacy Week” (Semana de abogacía boricua), inició el lunes e incluyó un llamado para que, de Puerto Rico transicionar a SNAP, se destinen parte de los fondos a agricultores locales y a iniciativas que promuevan la soberanía alimentaria en la isla.
Actualmente, como parte del Farm Bill (Ley de Agricultura 2023) que se discute en el Capitolio se evalúa la posibilidad de que la isla participe en igualdad de condiciones que los estados en el programa de asistencia alimentaria. El Congreso ha limitado por más de 40 años la participación de Puerto Rico, en el programa SNAP, en gran parte, debido a su condición territorial.
El cambio del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al de SNAP permitiría que los boricuas accedan, sin la necesidad de intervención congresional, a más fondos para alimentos en casos de emergencia como huracanes, por ejemplo.
En ese sentido, los activistas plantearon que tragedias como María dejaron al descubierto la “abrumadora” dependencia de Puerto Rico en las importaciones de alimentos y la vulnerabilidad de los boricuas ante esta realidad.
“Los anaqueles vacíos de los supermercados que fueron evidentes en las semanas posteriores al huracán María demuestran que los alimentos cultivados y almacenados localmente son una necesidad, no una opción para salvar vidas”, dijo Erica González, directora de Power 4 Puerto Rico, en un comunicado.
Por su parte, Juan Calderón, director de operaciones del Centro Cultural Puertorriqueño, insistió en la propuesta de la organización para que al menos el 50% de posibles aumentos al programa se destinen a incentivar la industria agrícola en el territorio.
“Mientras el Congreso considera la Ley Agrícola, o ‘Farm Bill’ de cinco años y una transición al SNAP para Puerto Rico, es esencial que incluyan el Programa de Soberanía Alimentaria de Puerto Rico como un ingrediente esencial de la seguridad alimentaria de nuestra isla”, sostuvo el portavoz de PRCC, entidad que en junio pasado envío una carta a líderes de la Legislatura en la capital federal con un emplazamiento en esa dirección.
“La propuesta legislativa del PRCC ha obtenido el apoyo de la congresista Delia Ramírez, 13 alcaldes de diferentes partidos políticos de la isla, la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, funcionarios electos en varios estados de EE.UU. y el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, entre otros”, añadió Calderón.
En el caso de la Ley 22, lo último que ha trascendido a nivel federal es que el Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa con su pesquisa de unos 100 casos de individuos recipientes de la ley por evasión de impuestos relacionada con su tiempo de residencia en el territorio. Las autoridades sospechan que los investigados habrían mentido sobre su estancia en la isla así como sobre sus ingresos para aprovecharse ilegalmente de las exenciones fiscales.
A juicio de los boricuas miembros de la coalición, el estatuto crea una burbuja inmobiliaria que infla los precios de las viviendas en Puerto Rico y provoca una competencia desleal en detrimento de los locales.
“Algunos de estos beneficiarios de la Ley 22 han mostrado desprecio por los puertorriqueños abiertamente, mientras que otros han sido arrestados por fraude, disparar a animales y evitar ser procesados en otros países. El Gobierno local no fiscaliza a muchos de estos criminales por eludir la ley, evadir impuestos estadounidenses y puertorriqueños y robarnos nuestro futuro. El curso de acción correcto es que el Congreso detenga este paraíso fiscal injusto que permite a los evasores de impuestos engañarnos y desplazarnos de nuestras propias comunidades”, planteó Sandra Cruz-García, coordinadora general de VAMOS.
“Puerto Rico es el único lugar en el mundo donde un estadounidense puede mudarse y no pagar ningún impuesto federal sobre ingresos, sin perder su pasaporte estadounidense. Mientras los puertorriqueños están perdiendo sus hogares y comunidades, el Tesoro de los Estados Unidos, los estados y los gobiernos locales están perdiendo recaudos muy necesarios para financiar servicios esenciales. Esto es insostenible. La exención de impuestos federales fue legislada por el Congreso para beneficiar a los puertorriqueños, no para los evasores contributivos que están aprovechándose del sistema mientras contribuyen poco o nada a la economía de la isla”, añadió el codirector LosingPuertoRico, Federico de Jesús.
Losing Puerto Rico es un proyecto educativo sobre el impacto de la Ley 22 que se enfoca en la divulgación de contenido audiovisual.
Por su parte, Edil Sepúlveda-Carlo, fundador de PRÁ, destacó el impacto que tienen leyes como la 22 en la migración de más boricuas a Estados Unidos.
“Nuestros seres queridos en Puerto Rico están pidiendo el fin de la gentrificación colonial y los esquemas de evasión contributiva que empujan a nuestra gente a abandonar sus hogares y unirse a la diáspora. Es por eso que a principios de este año enviamos una carta a los líderes del Congreso delineando el camino legislativo a seguir para poner fin a esta grave injusticia”, declaró.
Seis años después de huracán María y los mismos problemas
El recuerdo de María en esta sexta conmemoración de la tragedia transcurrió con menos denuncias públicas que en años anteriores. Sin embargo, los reportes periodísticos en la isla dan cuenta de los mismos problemas: el lento desembolso de fondos federales generales para reconstrucción y las dificultades de residentes para acceder a las ayudas del Gobierno.
Este jueves, la página de “Estatus de Ejecución de Reconstrucción” de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), arrojaba el número de 1,972 obras completadas a un costo de $278,007,177 dólares desde que María azotó a Puerto Rico
Por otro lado, esta misma semana, Manuel A. Laboy Rivera, director ejecutivo de la dependencia, informó que podría solicitar a 20 entidades de gobierno, 31 municipios y 29 organizaciones sin fines de lucro la devolución del dinero que se les desembolsó por adelantado para proyectos de reconstrucción bajo el programa piloto “Working Capital Advance” (WCA), reportó El Vocero.
Lo anterior se debe a hallazgos de que 80 de los subrecipientes no han presentado evidencia del uso de los fondos.
COR3 es la agencia que fue creada, en el 2017, tras el huracán María para recibir los fondos federales asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que luego serán distribuidos a otras entidades públicas o sin fines de lucro.
