Tribunales enfrentados por la orden de liberación del expresidente de Perú, Alberto Fujimori
El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este martes la puesta en libertad "inmediata" del expresidente, de 85 años, quien había sido sentenciado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión. Crédito: ERNESTO BENAVIDES | AFP / Getty Images
La orden de liberación del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, mantiene divididos a dos tribunales en el país sudamericano.
El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este martes la puesta en libertad “inmediata” del expresidente, de 85 años.
“Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad”, lee el fallo del tribunal, con fecha del 4 de diciembre de 2023, que cita la cadena CNN.
Se espera que en las próximas horas se concrete la excarcelación de Fujimori del penal de Barbadillo, ubicado en Ate, de acuerdo con el reporte de El Comercio.
El informe del rotativo que cita fuentes cercanas a Fuerza Popular, partido al que pertenece Fujimori, indica que, una vez sea liberado, el exmandatario sería trasladado a la vivienda de su hija y excandidata presidencial, Keiko, ubicada en San Borja, Lima, donde residirá permanente.
En marzo de 2022, ese foro había fallado a favor de la liberación de Fujimori.
Básicamente, la decisión del tribunal constitucional ratificó el indulto humanitario otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, entonces presidente. Sin embargo, la orden quedó sin efecto un año después, por lo que Fujimori regresó a prisión.
IDH había frenado la liberación
Una resolución posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frenó la puesta en libertad.
La más reciente decisión del tribunal constitucional negó la competencia de la IDH para establecer que la sentencia que liberaría a Fujimori no es ejecutable.
La decisión de la corte provocó polémica dado el historial criminal del presidente, quien estuvo en la posición entre 1990 y 2000. En 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El 1 de diciembre, la comisión ya había manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del Tribunal Constitucional de Perú llevara a la liberación del exmandatario.
A juicio del IDH, el Estado debía abstenerse de otorgar un indulto por razones humanitarias en cumplimiento con los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
A finales de noviembre, el presidente del TC, Francisco Morales, afirmó que las autoridades debían proceder con la excarcelación inmediata de Fujimori.
En enero de 2018, Fujimori salió de un hospital de Lima como resultado del indulto presidencial. El indulto se basó en los problemas de salud del político de origen japonés.
El indulto a Fujimori fue anulado después de que la IDH solicitó al Estado peruano garantizar la justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Por esos casos, Fujimori fue condenado a prisión. En el marco de la lucha contra el grupo Sendero Luminoso, Fujimori fue sentenciado por el el autor intelectual de los asesinatos de un escuadrón clandestino de militares.
En octubre pasado, el expresidente volvió a pedir que lo liberaran y apeló una decisión de febrero que le negó un hábeas corpus para salir de prisión.
“Me considero primero totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crimen por autoría inmediata. Considero que el indulto ha sido debidamente sustentado y que mi enfermedad se ha ido intensificando con el tiempo”, declaró Fujimori en ese momento.
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