Brock Pierce y Joseph Lipsey, con decretos contributivos bajo Ley 22 en Puerto Rico, enfrentados en demanda por hotel W en Vieques
Nueva controversia rodea a extranjeros beneficiarios de la Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (Ley 22), estatuto bajo la lupa del IRS y otras autoridades federales
Nueva York – Los abogados del inversionista relocalizado en Puerto Rico bajo la Ley 22 Joseph Lipsey III alegaron en un documento presentado ante un tribunal de primera instancia en la isla que el traspaso de los terrenos del antiguo hotel W de Vieques de Brock Pierce a una corporación de Lipsey III se realizó conforme a derecho.
El documento sometido el 16 de enero fue en respuesta a la demanda de Pierce, también residente en Puerto Rico en virtud de los decretos fiscales otorgados bajo la referida ley. En el texto que cita El Nuevo Día, Eduardo Corretjer y Raúl Castellanos rechazan que su cliente haya engañado a Pierce para quedarse con el lujosa hotel.
Lipsey III argumentó, a través de sus abogados, que fue Pierce quien puso el inmueble como garantía cuando le pidió un préstamo de $10 millones para, entre otras cosas, competir en la subasta de los activos del Grupo HIMA que quebró.
Según la versión de Lipsey III, Pierce, exactor de The Mighty Ducks, incumplió con los términos de la negociación y el acuerdo de financiamiento; y al ser confrontado, se negó a pagar la penalidad para evitar una ejecución de la propiedad.
“Por tanto, Lipsey no tuvo más remedio que ejercer sus derechos”, plantean los letrados que representan a este y a los codemandados Pedro Piquer, Scott Eisner, VRRRF LLC, Pulpo Consulting y Puente Financal Services LLC.
“La pretensión de Pierce de quedarse con los fondos prestados por Lipsey o de repagar los mismos no conforme a lo negociado y pactado, sino bajo su propia agenda, no puede ser avalado por este honorable tribunal”, piden los representantes legales.
En la demanda, Pierce alega que su exsocio fabricó documentos para “abiertamente robar” la propiedad.
En entrevista previa con el mismo medio, Pierce aseguró que nunca recibió el mencionado préstamo y que se enteró de la transferencia de sus propiedades una semana después de que se completó el proceso.
Pierce reclama $80 millones de dólares en daños como parte de la demanda por fraude, difamación y otras causales.
La defensa de Lipsey III objeta que el tribunal conceda un interdicto a la otra parte y las corporaciones que figuran como codemandantes. Los abogados de Lipsey y los codemandados proponen, por su parte, que el pleito continúe el proceso ordinario.
Ambos son beneficiarios de los decretos contributivos bajo la Ley 22
Tanto Lipsey III como Pierce son beneficiarios de los decretos contributivos que otorga el gobierno de Puerto Rico bajo la Ley 60 o Código de Incentivos Contributivos, y en específico la Ley 22 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico).
A los recipientes de estos decretos se les exime del pago de impuestos por ganancias de capital si se relocalizan en la isla bajo la promesa de invertir y crear empleos.
A varios de estos extranjeros residentes se les ha vinculado con casos criminales que van desde fraude a Medicare y a inversionistas, hasta irregularidades en la venta de pruebas de COVID-19.
En la lista de recipientes de la Ley 22 con imputaciones criminales, también figura Lipsey III.
Lipsey III se estableció en Puerto Rico en julio de 2021 bajo uno de los decretos que concede el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC).
Antes de eso, su empresa, Lipsey Mountain Spring Water, tuvo presencia en la isla tras el impacto del huracán María, en septiembre de 2017.
En ese entonces, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) le otorgó un contrato para traer por barco 800 contenedores con 15 millones de botellas de agua a la isla.
Lipsey III convicto en caso criminal en Colorado
El traslado oficial a Puerto Rico del multimillonario, su esposa Shira y su hijo ocurrió luego de que ambos enfrentaran un caso criminal de drogas en Colorado. Ambos fueron acusados de distribución de cocaína y alcohol a menores en su vivienda en Aspen.
La pareja se declaró culpable de cargos menores, y fueron sentenciados a un año de probatoria y servicio comunitario.
A Pierce también lo rodea las controversia, particularmente desde que llegó a Puerto Rico en el 2018.
Pierce arribó a la isla atraído por los incentivos contributivos luego de la devastación provocada por el huracán.
Pierce es un magnate de las criptomonedas a cargo de Bitcoin Foundation. Además es cofundador de EOS Alliance, Block.one y Blockchain Capital. Uno de los señalamientos contra Pierce estuvo relacionado con su lugar de residencia mientras era candidato al senador en Vermont.
La Ley 22 establece que cuando uno de estos extranjeros se traslada a Puerto Rico, debe permanecer en el territorio por 183 días. Reportes apuntaban a que Pierce no estaba cumpliendo con esta disposición de ley debido a gestiones de su campaña.
El DDEC plantea que, según la Constitución de Estados Unidos, Pierce era elegible para ser candidato al Senado de Estados Unidos aun residiendo en Puerto Rico, siempre y cuando fuera residente de Vermont el día de las elecciones.
Otra demanda en el 2022, señalaba a Pierce, quien prometió convertir a la isla en la “Puertopia” de las criptomonedas, por utilizar múltiples entidades jurídicas para defraudar a potenciales inversionistas, socios o gerentes.
Un reporte de Noticel en noviembre de ese año señala que el recurso presentada por Boutique Hotels, Inc. (BHI) y Areytos Development Group, LLC (Areytos) estaba relacionado con la adquisición del hotel W antes mencionado y la identificación de otras propiedades turísticas.
En mayo del año pasado, medios en la isla reseñaron que que el antiguo Museo del Niño, un patrimonio histórico que adquirió Pierce en el Viejo San Juan, estaba prácticamente abandonado.
El informe de El Nuevo Día, que cita datos del Catastro Digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), especifica que el edificio se vendió en 2021 por $2 millones a Caleta de San Juan, LLC, una empresa a nombre de varios de los socios de Pierce y de The Roundtable LLC, otra que el criptomillonario preside desde el 2020.
Sin embargo, ante la Junta de Planificación (JP) de la isla, no había para esa fecha un proceso de permisos pendiente para la propiedad.
Denuncias contra beneficiarios de la Ley 22 resuenan en EE.UU. y el Congreso
Por otro lado, los beneficios que otorga el DDEC han sido cuestionados por varios sectores dentro y fuera de la isla por agravar la crisis de vivienda al provocar una burbuja inmobiliaria que a su vez promueve el desplazamiento de locales que no pueden competir en igualdad de condiciones en el proceso de adquisición debido al incremento en costos.
El precio promedio de la vivienda en Puerto Rico durante el 2023 era $193,356, lo que representa un alza de 9.6% en comparación con el 2022, según el informe más reciente de la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF).
IRS investiga a inversionistas de la Ley 22
Adicional, el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) mantiene activa una investigación contra algunos beneficiarios de la ley por aparente evasión contributiva.
En el verano pasado, medios dentro y fuera de Puerto Rico reseñaron que el Departamento de Justicia federal y el IRS asignó a agentes encubiertos para investigar si algunos de estos inversionistas violaron la ley al mentir sobre el tiempo que pasan en la Isla y la fuente de sus ingresos.
En aproximadamente 10 años, el gobierno de Puerto Rico otorgó más de 4,000 decretos bajo la Ley 22. Los ingresos que dejó de recibir el Departamento de Haciendo por concepto de la Ley 22 este año fiscal se estiman en $342 millones.
“Losing Puerto Rico” y “PR No Se Vende/ Not Your Tax Haven”
La preocupación por el impacto de la llegada de estos multimillonarios a la isla ha provocado la creación de campañas en redes sociales como “Losing Puerto Rico” (Abolish Act 22) y “PR No Se Vende/ Not Your Tax Haven”.
Tan reciente como este viernes, este último grupo publicó en sus redes sociales que recibió respuesta del IRS sobre el pedido que hicieron de información sobre el estatus de la investigación a nivel federal.
Según la publicación, la oficina de impuestos solicitó más tiempo para completar y entregar la lista de los beneficiarios de la Ley 22 que no pagan impuestos en Puerto Rico ni en EE.UU.
Adicional, congresistas demócratas en la Cámara de Representantes han emplazada a la entidad a través de cartas para que atiendan este problema de abuso fiscal, y, aparentemente, criminal, por parte de algunos recipientes de los decretos. También solicitan que se agilice la divulgación de información sobre la que insisten varias organizaciones a través de Ley de Libertad de Información (FOIA).
