Jueza de NYC pospone audiencia tras pedido de Junta de Control Fiscal de eliminar convenios colectivos a empleados de la AEE en Puerto Rico
La controversia es parte del caso de Título 3 bajo el que se reestructura la deuda del Gobierno central y de otras instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico para salir de la quiebra, cumplir con el pago a los bonistas y reingresar a los mercados financieros
Una mujer sostiene una pancarta durante su participación en la "Marcha del Pueblo: No más aumentos" en Puerto Rico. Crédito: Enid Salgado | EFE
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, pospuso de manera indefinida la audiencia que estaba pautada para esta semana en la Gran Manzana para evaluar la controversia sobre los convenios colectivos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y de la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que la Junta de Control Fiscal ha pedido dejar sin efecto como parte del proceso de reestructuración de la deuda en el territorio.
La controversia es parte del caso de Título 3 bajo el que se reestructura la deuda del Gobierno central y de otras instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico para salir de la quiebra, cumplir con el pago a los bonistas y reingresar a los mercados financieros.
La moción presentada por la Junta (Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico / FOMB), organismo federal creado bajo la Ley PROMESA en el 2016 para administrar las finanzas del territorio, señala que la AEE no puede cumplir con lo estipulado en los contratos con los sindicatos debido a que no hay fondos disponibles.
“La AEE no puede asumir sus convenios colectivos porque es incapaz de subsanar la significativa multimillonaria infra-financiación de su plan de beneficios definidos, cumplir con las futuras obligaciones de financiación para mantener el sistema tal y como existe actualmente y como exigen los convenios, o pagar las reclamaciones de los sindicatos que superan los 1,000 millones de dólares”, especifica la moción de la Junta presentada a principios de este mes.
El ente federal argumentó que asumir los convenios sería incompatible con las medidas de reforma de las pensiones que consideran son esenciales para garantizar una financiación adecuada de las prestaciones de pensiones devengadas.
La Junta añadió que el bote del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE está insolvente, al punto que, en abril pasado, los pensionados recibieron un aviso de que no podrían pagarle sus pensiones a partir del siguiente mes.
En entrevista con El Diario de Nueva York, el representante legal de los sindicatos de la AEE, Rolando Emmanuelli Jiménez, explicó que las mociones que presentó en respuesta al planteamiento de la Junta se basan en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en que la Junta no actuó de buena fe en términos del Sistema de Retiro.
“En la objeción que radicó la UTIER hicimos una serie de planteamientos de mucho peso, a mi juicio, en términos de cuáles son los criterios que la jueza tiene que evaluar para determinar si procede rechazar el convenio colectivo. Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo federal que nosotros alegamos que aplica; la Junta dice que no aplica. Y si la jurisprudencia aplica, pues hace mucho más difícil a la Junta que pueda rechazar el convenio”, explicó el también experto en PROMESA.
“Por otro lado, alegamos que, en vista de que en todo trámite judicial hay que tener buena fe, la Junta no ha tenido nunca buena fe con el Sistema de Retiro, porque la Junta dejó de pagar las aportaciones del Sistema de Retiro. La Junta ha controlado el presupuesto de la Autoridad desde el año 2017 y nunca ha asignado el dinero necesario, y ahí se quedó pendiente una deuda de más de $1,300 millones de dólares”, continuó.
UTIER alega que la Junta llevó a la quiebra Sistema de Retiro de la AEE
Emmanuelli Jiménez además rechazó el supuesto alegato del ente fiscal en el sentido de que la UTIER llevó a la quiebra el Sistema de Retiro.
“La Junta fue responsable de todos los presupuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica…donde nunca le pagaron al Sistema de Retiro lo que tenían que pagarle. Entonces eso generó una deuda de más de $1,300 millones que si se hubiera pagado a tiempo, pues eso se invierte en el mercado de valores, genera unos créditos, y el Sistema de Retiro estuviera operando; o sea que ellos lo quebraron. Ellos dicen, ‘ok, el Sistema de Retiro ahora no se puede pagar a la luz de la reestructuración (de la deuda) de la Autoridad, pues hay que eliminarlo; y ellos quieren eliminar el Sistema de Retiro como está actualmente, y para eso quieren eliminar el convenio colectivo. O sea, le echan la culpa a la UTIER de que haya negociado eso y lo tenga en su convenio colectivo por un problema que ellos causaron….”, abundó el representante legal.
Jueza pospone audiencia en Nueva York
En vista de las objeciones presentadas y la necesidad de más estudio sobre estos asuntos, la jueza dejó la controversia sobre la mesa y pospuso la audiencia del 24 de enero sin establecer una fecha de seguimiento.
Se supone que el 4 de marzo comience un proceso de 10 días para la posible confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) en el que se vislumbran aumentos en la tarifa de electricidad para los puertorriqueños por décadas para pagar la deuda con los bonistas.
Múltiples objeciones en el caso de reestructuración de la AEE
Sin embargo, a juicio del abogado, hay muchas objeciones por parte de acreedores que forman parte del caso y podrían influir en el curso de los procesos.
“Número 1, la jueza tiene que decidir si el Plan de Ajuste de la Deuda como está redactado por la Junta es confirmable o no es confirmable conforme a la Ley PROMESA, y hay muchas objeciones. Los acreedores de bonos tienen unos planteamientos sólidos sobre la arbitrariedad de las clasificaciones, porque hay unos bonistas que cobran 4%, y hay otros que cobran 100%, y se supone que todos los acreedores similares estén ubicados en las mismas categorías, y eso viola el Código de Quiebras”, expuso.
El cuarto borrador del Plan de Ajuste propone el pago de más de $2,536 millones en bono reestructurados, monto superior a la cifra contenida en la versión previa de $2,283 millones.
Sobre la inevitabilidad de aumentos en la factura para los puertorriqueños, planteó que nuevos incrementos por el servicio de energía eléctrica provocarían un efecto económico en cadena muy “difícil” que no beneficiará al país.
“Hay planteamientos de que la Autoridad no sería viable con esa reestructuración porque aumentaría demasiado la tarifa, lo que generaría más deserciones hacia la energía renovable…La demanda está cayendo porque hay más personas que se mueven a la energía renovable; y también porque la economía sufre un ‘shock’ porque aumenta la tarifa, y eso generaría una situación económica más difícil, y esto podría afectar hasta los recaudos del gobierno central”, alertó.
En ese sentido, mencionó que también hay alegaciones de que el PAD no cumple con leyes ambientales ni ayuda a alcanzar la meta de las autoridades gubernamentales en EE.UU. y en el territorio para transicionar un 100% a energía renovable de aquí al 2050.
“Hay un grupo de organizaciones comunitarias y ambientales que están planteando que el Plan de Ajuste no cumple con la ley ambiental y que violas las políticas públicas de energía de Puerto Rico. Sabes que hay una política de que la tarifa no debe subir más de 20 centavos por kilovatio hora, y este plan podría poner la tarifa por encima de los 20 centavos”, reveló.
Tarifa eléctrica en Puerto Rico podría superar los 30 centavos por kilovatio hora
El abogado estimó que el aumento en la tarifa de energía eléctrica podría superar los 30 centavos por kilovatio hora.
“Sería la tarifa básica más los ajustes trimestrales, más el cargo híbrido, que es el fijo y el volumétrico, más lo que corresponde para el Sistema de Retiro, porque la Junta está proponiendo alrededor de 2.4 centavos por kilovatio hora para poder sufragar las pensiones. Cuando tú sumas todo eso…de seguro va a sobrepasar los 30 centavos”, añadió.
Por otra parte, Emmanuelli Jiménez catalogó como “funesto” el nombramiento de Juan A. Sabater como nuevo miembro del organismo federal.
“Pienso que ya la inmensa mayoría de las decisiones que tienen que ver con el Plan se han tomado. La política ya la fijó la Junta y los abogados la están ejecutando. Sin embargo, a mediano y a largo plazo, el nombramiento de Sabater a nuestro juicio es funesto porque es una persona que viene del sector financiero, que representa los intereses del sector financiero que está de adversario de Puerto Rico en la reestructuración”, consideró.
Para el abogado, la Junta se ha asociado de manera insensible con los bonistas en contra de los puertorriqueños.
“La Junta ha gastado más de $1.5 billones en asesores financieros ilegales. No tiene que haber en la Junta unas personas que tengan conocimiento especializado en todos los temas que hay que manejar en Puerto Rico, pero el problema ha sido una falta de sensibilidad que ha tenido la Junta donde en vez de usar los poderes de la quiebra para realmente rehabilitar a Puerto Rico, han hecho unas medidas y políticas de austeridad para sacarle el máximo dinero a los puertorriqueños para pagarle a un sector financiero que no necesita ningún subsidio ni ningún tipo de pago por encima de lo que corresponde en derecho”, sostuvo.
Vigencia de miembros de la Junta vence este mes
Aunque con el nombramiento del inversionista de origen boricua, queda solo una posición vacante en la Junta, la vigencia de todas las posiciones vence este mes.
La expectativa es que en algún momento cercano, la Casa Blanca active la Junta 3.0 o la tercera edición de la Junta con integrantes que podrían estar en funciones al menos durante el próximo cuatrienio.
Cabe señalar que, mientras no se nombren sustitutos, los miembros de la JSF pueden continuar en sus puestos. La única instancia en la que la Ley Promesa exige una mayoría de cinco votos es para radicar un caso nuevo bajo Título 3. Sin embargo, con la llegada de Sabater ya hay seis de la totalidad de siete miembros.
La Junta responde a planteamientos sobre convenios
En respuesta a los planteamientos de la UTIER y su representación legal, la Junta indicó mediante declaraciones escritas a este rotativo que han hecho todo lo posible para que los pensionados continúen recibiendo sus pagos.
“Los empleados pensionados de PREPA (AEE) están recibiendo su pensión. La Junta ha hecho todo lo posible para asegurarse que los retirados continúan recibiendo las pensiones que necesitan. Más recientemente, la Junta aprobó un préstamo del Gobierno de Puerto Rico a la AEE para continuar pagando las pensiones porque la AEE no podía hacerlo”, señalaron este viernes desde el organismo fiscal.
“La necesidad de reformar el Sistema de Pensiones es inevitable y urgente. La mala gestión de la AEE dejó insolvente su sistema de pensiones. Por casi un año y medio, la Junta negoció con las uniones para evitar el rechazo de un convenio colectivo. La pendencia de la audiencia de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda para la Autoridad dejó a la Junta sin alternativa”, argumentó la entidad.
Añadieron que, bajo el Plan de Ajuste de la AEE para reducir la deuda en 80% que actualmente espera por confirmación ante la Corte de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, la AEE le pagará a los jubilados todos los beneficios de pensión obtenidos hasta el momento.
“Al igual que los empleados retirados del Gobierno, los empleados activos de la AEE serán movidos a cuentas de contribución definida. El sistema de pensiones de beneficio definido de la AEE se congelará a partir de la fecha de vigencia del Plan de Ajuste, y los ajustes por costo de vida serán eliminados. Esto significa que los retirados de la AEE recibirán el mismo tratamiento que maestros, oficiales de la policía, y otros empleados del sector público”, añadieron.
Sobre el aumento en la tarifa eléctrica a los consumidores, la Junta alegó: “Los clientes de la AEE son la única fuente de pago para el sistema de pensiones de la Autoridad. La UTIER no estuvo de acuerdo con una resolución de consenso que protegería a los clientes de la AEE y proveería certeza para los pensionados”.
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