Fiscalía de Barcelona recurrirá la sentencia de Dani Alves para que se aumente la pena
Inés Guardiola, letrada encargada de la defensa del futbolista, pretende insistir en la inocencia de su cliente
Dani Alves se encuentra detenido en Barcelona. Crédito: Andre Penner | AP
El caso del futbolista brasileño Dani Alves no se detiene y a pesar de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por violación, este viernes se pudo conocer que la Fiscalía española recurrirá dicha condena.
El Ministerio Público buscará así elevar la pena recibida por Alves, a quien un tribunal de Barcelona consideró culpable de haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de esa ciudad española a finales de 2022.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a la aplicación de la citada atenuante durante el juicio. Se esgrimía entonces que la cantidad respondía a la fijación que la jueza instructora marcó como fianza a Alves cuando fue procesado y que, además, podía resultar discriminatorio si se tenía en cuenta la holgada capacidad económica del acusado.
La sentencia, conocida la semana pasada, le imponía también al deportista cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de unos $162,000 dólares.
Dani Alves también recurrirá
Este recurso se sumaría al que presentará, en sentido contrario, la abogada de Alves. Inés Guardiola, letrada encargada de la defensa del futbolista, pretende insistir en la inocencia de su cliente argumentando que las relaciones que dan pie a la acusación fueron consentidas.
Junto a esto, y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, está en su hoja de ruta solicitar la libertad provisional para Alves.
También pasa por los planes de la abogada de la víctima, Ester García, presentar un recurso que, tal y como se mostró en el tribunal, iría en la misma dirección que el que ha presentado la Fiscalía. Es decir, que buscaría una condena más alta. Más años en prisión.
De hecho, la letrada de la denunciante ya incidió en la ausencia de cualquier tipo de “esfuerzo económico ni moral” en el pago de los citados $162,000 dólares. García fue clara al respecto: “Da la sensación de que se aplica la atenuante a personas privilegiadas, que tienen recursos. Y esta no es la finalidad de la ley”.
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