20 organizaciones e individuos de Puerto Rico y la diáspora piden que investiguen a FEMA y EPA por generadores de electricidad temporeros
Los grupos e individuos plantean que las autoridades optaron por estas “unidades sucias y peligrosas” para impulsar la actual red eléctrica en lugar de privilegiar alternativas limpias como paneles solares en techos, esto en supuesta violación de leyes federales
La central eléctrica Palo Seco, en Puerto Rico. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – Veinte organizaciones medioambientales en Puerto Rico e individuos firmaron dos cartas en las que le piden a varias agencias del gobierno de Estados Unidos que investiguen a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y a la de Protección Ambiental (EPA) por supuestas violaciones de ley en los procesos para instalar y operar generadores eléctricos temporeros en la isla.
Las misivas en poder de El Diario y fechadas el 5 de marzo fueron dirigidas al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno federal (GAO) y a la del Inspector General de la EPA.
Los suscribientes plantean que las autoridades optaron por estas “unidades sucias y peligrosas” para impulsar “la actual red inasequible, poco confiable y poco resistente” en lugar de privilegiar alternativas limpias como energía solar en techos.
“New Fortress Energy (“NFE”) insiste en que son piedras angulares centrales, pero estas unidades alimentadas con gas van a fallar cuando más se necesiten, durante y después de tormentas severas, que son una plaga en el archipiélago y solo se volverán más frecuentes con el cambio climático”, plantearon las organizaciones.
New Fortress Energy (“NFE”) es la compañía matriz de Genera PR encargada de la conversión a gas natural de las unidades generatrices. Genera PR opera la generación de la electricidad en la isla desde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El contrato de Genera PR con la AEE mediante alianza público privada que entró en vigor en el verano pasado significará $118 millones de dólares anuales para la empresa.
Disposiciones de la Ley Stafford
Los opositores a estos sistemas en las centrales de Palo Seco, entre los municipios de Cataño y Toa Baja, y la de San Juan alegan que FEMA actúa en violación de la Sección 403 de la Ley Stafford. Esta ley es la que autoriza la asistencia federal cuando el presidente de EE.UU. declara zona de desastre en algún estado o jurisdicción.
“Estas unidades de generación temporal ya no sirven (y tal vez nunca sirvieron) como medidas de protección de emergencias, como está definido en la Sección 403 de la Ley Stafford, tras los huracanes María y Fiona. Estas unidades también afectan a las comunidades empobrecidas a sus alrededores y no están diseñados de forma resistente a estos peligros. Estos son factores que el Congreso ordenó que el presidente considerara para la ayuda posFiona. En resumen, nosotros creemos que los pagos para alimentar y operar estas unidades de gas violan la Sección 403 de la Ley Stafford”, lee otra parta de la misiva.
La primera carta hace referencia a los $508 millones en fondos para 150 megavatios de generación temporal en Palo Seco a través de la oficina en Omaha, Nebraska, del Cuerpo de Ingenerios de EE.UU. (USACE); millones de dólares en fondos para la operación de 200 megavatios de generación temporal en San Juan; y los $335 millones para financiar la compra de los generadores temporeros para uso hasta diciembre de 2025.
FEMA estaría en violación de la “Ley de Política Ambiental” (NEPA)
Los grupos también argumentan que, al no realizar una revisión del impacto ambiental de estas decisiones, las agencias incumplieron con la “Ley de Política Ambiental” (NEPA).
“La ley le requiere a las agencias hacer una mirada detenida sobre el impacto que estas unidades tendrían en la salud de las comunidades aledañas y en el ambiente, para evaluar alternativas con las que se alcanzarían las metas de los proyectos causando el menor daño ambiental posible e involucrar los comentarios públicos en el proceso”, exponen los activistas en el texto.
Supuestas violaciones a la Ley de Aire Limpio
En la segunda misiva, los líderes piden que se indague en el proceder de la EPA por alegadas violaciones a la “Ley de Aire Limpio”.
“La acción de EPA es contraria a la Ley de Aire Limpio porque el operador de estos generadores, Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy, LLC, ha admitido que estos generadores que queman metano son fuentes mayores de contaminación, requieren permisos de Prevención de un deterioro significativo (“PSD”) antes de la construcción”, esbozan los denunciantes.
Las organizaciones e individuos que firmaron las cartas fueron: Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica, CAMBIO PR, Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, Comité Diálogo Ambiental, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, El Puente de Williamsburg, Enlace Latino de Acción Climática , Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Rev. Carlos Negrón, Rev. Diana Ceballos, Rev. Carmen Julia Pagán, Organización Boricua de Agricultura Ecologica de Puerto Rico, Sierra Club, capítulo de Puerto Rico, Hermana Lissy Aviles, Rev. Carmen Julia Pagán, Toabajeños en Defensa del Ambiente, Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Vinculo Animal PR, Inc. y Wilfredo Bernazar.
La solución es energía solar en techos, asegura Earth Justice
Jenny Cassel, una de las abogadas de Earth Justice que trabajó en la elaboración de las cartas, dijo en entrevista con El Diario que las autoridades federales y estatales debieron priorizar alternativas de energía renovable antes que los generadores.
“Estamos conscientes de que la red eléctrica de Puerto Rico enfrenta muchos desafíos, muchas dificultades, pero tenemos la solución. la solución es algo que hemos estado compartiendo, estudiando, viendo desde hace años, y hasta los mismos laboratorios del Departamento de Energía (DOE) lo han apuntado, que la capacidad de energía solar distribuida en Puerto Rico, es abundante. Hay muchas posibilidades y es lo que está pasando. La capacidad solar en techos está creciendo mucho, desde junio de 2001 se ha triplicado y casi ha cuatruplicado el número de clientes que se están suscribiendo a ese tipo de energía solar”, destacó la experta legal.
Cassel argumentó que duda sobre la supuesta temporalidad de estas unidades o que sospecha que el interés de empresas como NFE es extender su permanencia en la isla.
“Parte del problema es que con todo este (argumento) que hay emergencias y hay que construir estas unidades dizque temporales de gas metano, no ha habido casi nada de transparencia, de participación pública. Para muchas cosas, tenemos que adivinar, especular qué está pasando a puertas cerradas. Lo que sí sabemos es que una compañía de gas metano (Genera PR) y una de sus subsidiarias (New Fortress) que administra la mayoría de las instalaciones eléctricas centrales en el archipiélago son de la misma compañía, entonces les conviene. Dicen que las unidades temporales son necesarias porque no pueden con las plantas eléctricas que tienen, pero quién es el dueño de las plantas; quién decide cuándo se hacen reparaciones; todo eso no está a la luz pública”, cuestionó.
En ese sentido, la abogada sostuvo que el fin del emplazamiento es que se ordene la remoción de estos sistemas cuanto antes.
“Se trata de leyes que esas agencias están encargadas de administrar. El Departamento de Justicia vigila el cumplimiento de las leyes; aunque no sea criminal, puede ser una violación civil. Cuando otra agencia hermana está fallando en su cumplimiento con las leyes, creemos que el Departamento de Justicia también debe notar eso”, señaló.
A juicio de la entrevistada, estas medidas además irían a tono con la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” (Ley 17-2019) que establece que la isla debe operar en un 100 % con energía limpia para el 2050.
Sobre los esfuerzos de otras agencias como el DOE para impulsar programas de paneles solares y baterías con fondos federales, como “Nueva Energía” y “Acceso Solar”, la licenciada los catalogó como pasos en la dirección correcta.
“Nos parece que son un primer paso, que hay mucha más necesidad. Están moviéndose por buen camino, pero la forma en que lo están desarrollando tiene varias faltas o fallas. Por ejemplo, están dirigiendo mucho dinero a compañías grandes que no son de Puerto Rico; con quejas de cómo manejan sus negocios en Puerto Rico. Entonces, nosotros pensamos que lo mejor que podrían hacer es dirigir el dinero hacia compañías y comunidades locales; primero, para generar trabajo local porque ellos son los que conocen sus comunidades, conocen quiénes son los más necesitados…Creemos que es un primer paso importante, pero lo tienen que hacer de la mejor manera que apoye a Puerto Rico”, consideró.
FEMA y Administración Pierluisi defienden uso de generadores
Tanto FEMA como la Administración Pierluisi han defendido la instalación de estos sistemas bajo el argumento de que son necesarias para responder a apagones y estabilizar la red eléctrica.
“Aunque la amenaza inmediata causada por el huracán Fiona ya no existe, el apoyo energético temporal sigue siendo una necesidad para que Puerto Rico complete las reparaciones y sustituciones necesarias a la infraestructura existente”, indicó FEMA a El Nuevo Día en unas declaraciones escritas.
En febrero pasado, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó la adquisición de los generadores temporeros.
El NEPR argumentó que, debido a la temporalidad de estos equipos, la compra “no es inconsistente” con el Plan Integrado de Recursos (PIR) vigente desde el 2020.
El PIR es un plan elaborado por la AEE con el que se busca garantizar el desarrollo del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico al menor costo, al tiempo que se mejora su confiabilidad, eficiencia y transparencia. Su impacto se extiende por los próximos 20 años.
Algunos legisladores en el Congreso como el representante Ritchie Torres y el senador Chuck E. Schumer, ambos demócratas de Nueva York, también han respaldado la iniciativa de los generadores.
“El senador Schumer está trabajando con el representante Ritchie Torres y el gobierno de Puerto Rico para que la EPA complete rápidamente la transferencia a la AEE de estos generadores vitales de FEMA, que proveen electricidad a decenas de miles de hogares puertorriqueños. Nosotros necesitamos mantener la luz encendida mientras nos movemos en la transición de Puerto Rico a una generación de energía y electricidad más limpia, resiliente, barata y eficiente”, dijo Nairka Treviño Muller, portavoz del líder de la mayoría en el Senado, en declaraciones escritas a este periódico.
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