Gobierno de Ecuador aseguró que la cifra de homicidios en Ecuador cayó 60% con estado de excepción
El presidente Daniel Noboa extendió recientemente el estado de excepción por 30 días más, bajo el cual Ecuador se encuentra desde el 8 de enero debido a una inusual oleada de violencia
Soldados detienen y registran a peatones en busca de armas mientras patrullan zonas residenciales en el norte de Quito, Ecuador Crédito: Dolores Ochoa | AP
La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo en una entrevista con la agencia de noticias EFE que su Gobierno, liderado por Daniel Noboa, logró reducir en un 60% por ciento la tasa de homicidios después de aplicar el estado de excepción en enero pasado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
“La situación actual es muy distinta a la de hace solo cien días”, afirmó Sommerfeld, quien destacó el éxito de las medidas implementadas.
El presidente Daniel Noboa extendió recientemente el estado de excepción por 30 días más, bajo el cual Ecuador se encuentra desde el 8 de enero debido a una inusual oleada de violencia.
“Ecuador ha visto una disminución significativa en las tasas de homicidios, atribuida a medidas integrales y a la colaboración con socios internacionales”, explicó la ministra en los márgenes de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se celebra esta semana en Viena.
El Estado ha aplicado una doble estrategia para abordar la inseguridad, fortaleciendo el control sobre las prisiones y el territorio, y creando oportunidades laborales para los jóvenes, destacó.
“60,000 plazas de empleo nuevo son 60,000 jóvenes que no serán captados por estos grupos criminales que estaban traficando y cometiendo delitos libremente dentro de Ecuador”, afirmó la ministra.
Negó una “bukelización” de Ecuador
Gabriela Sommerfeld subrayó el compromiso de su Gobierno con el estado de derecho y la democracia, rechazando las críticas sobre una supuesta “bukelización” de Ecuador. “Respetamos la democracia y respetamos la Constitución”, aseguró.
Las medidas implementadas cuentan con amplio respaldo popular, según destacó, citando un apoyo del 82% a las acciones y decisiones del presidente Daniel Noboa en encuestas recientes.
Señaló asimismo que el control del Estado de la situación ha mejorado la estabilidad económica y la confianza de los inversores en el país. Y resaltó la importancia de la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico.
“Es un problema transnacional que de forma organizada amenaza a los sistemas y a los países que viven en derecho”, explicó.
Elevado número de muertes violentas en las cárceles
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad de Ecuador reveló este miércoles un preocupante balance de muertes violentas en las cárceles del país durante el año 2023. Según el informe anual presentado por el director general del SNAI, Luis Zaldumbide, se registraron un total de 67, sumándose a las más de 450 ocurridas desde el año 2020, señaló la agencia de noticias.
Zaldumbide destacó que, si bien en los últimos años las cárceles ecuatorianas han experimentado un pico de más de 500 muertes violentas, desde el inicio de 2024 no se ha registrado ninguna.
Sin embargo, entre los episodios ocurridos el año pasado, resalta una matanza con 13 presos asesinados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador. Además, seis de los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron ahorcados en la misma prisión.
El director del SNAI atribuyó asimismo la ausencia de muertes violentas en lo que va del año al estado de excepción y “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado.
Esta medida ha llevado a la militarización de las cárceles, que anteriormente estaban en gran medida controladas por estas bandas, cuyas rivalidades causaron una serie de masacres carcelarias desde 2021.
El funcionario defendió la legalidad de las intervenciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas en las cárceles ante las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por organizaciones que velan por el cumplimiento y respeto de estos derechos.
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