Entrevista: Presidente de Puerto Rico Statehood Council (PRSC) defiende gestiones y dinero en Washington para cabildeo por la estadidad

Nueva York – El presidente ejecutivo de Puerto Rico Statehood Council (PRSC), George Laws García, defendió las gestiones del movimiento estadista y la inversión de dinero para adelantar la discusión de ese tema y el de la descolonización de Puerto Rico en general en el Congreso de Estados Unidos, a pesar de que no se anticipa que los proyectos ante la consideración de la Cámara de Representantes y el Senado federal bajen a votación este año.

A juicio de Laws García, los resultados en el avance de la discusión del tema del estatus de Puerto Rico en la capital federal no deben medirse a corto plazo.

“Esa es la misma retórica que utilizaron en 2021, y siguieron diciendo, ‘no va a pasar (el proyecto)’; ‘los proyectos se van a cancelar’; ‘no va a ocurrir nada’; ‘nunca se va a llevar una negociación por un proyecto de consenso’; una vez se hizo eso, ‘no va a pasar a comité’ o ‘no se va a llevar a votación’; una vez se llevó a votación, ‘no va a pasar’. La realidad del caso es que este es un tema que para entender cómo se crea el cambio, uno tiene que pensar en un plazo más mediano y largo. Uno implementa las tácticas y las estrategias que están disponibles en el momento; y en el momento, normalmente son los dos años de una sesión del Congreso, porque esa es la ronda que nos toca jugar. Pero uno también tiene que pensar que después de esta viene otra ronda; así que el juego que estamos jugando el movimiento estadista es uno que está mirando a mediano y largo plazo. Nosotros no estamos tratando exclusivamente de ver que se tiene que aprobar el proyecto como está en esta sesión del Congreso…”, planteó el director ejecutivo de PRSC en entrevista con El Diario.

Aunque reconoció que las medidas en la Legislatura en Washington D.C. ni siquiera han bajado a evaluación ante los comités legislativos correspondientes, requisito previo a una votación en el pleno de ambos cuerpos, el cabildero de The Mirsonia Group argumentó que la situación no afecta únicamente al tema del estatus de Puerto Rico.

Resistencia de republicanos en la Cámara para discutir tema del estatus de Puerto Rico

“Sí, ha habido resistencia en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. El gobernador y la comisionada residente se reunieron con el presidente del comité (de Recursos Naturales, Bruce Westerman, republicano de Arkansas) para pedirle vistas sobre eso y no las ha habido todavía, pero la realidad del caso es que eso no exclusivo al tema de estatus. Ahora mismo el Congreso no está bregando con ningún tema. Lo único que están pudiendo hacer son las resoluciones de continuidad para poder tener el presupuesto abierto. También tenemos que asegurar que no creemos la impresión de que el tema de nosotros está exclusivamente está siendo empujado y limitado. Eso le está ocurriendo a todos los diferentes temas”, consideró.

En noviembre pasado, Martin Heinrich, senador demócrata de Nuevo México, presentó el S. 3231, proyecto hermano del H.R. 2757. Este último es a su vez la segunda versión del H.R. 8393 o “Puerto Rico Status Act” (Ley de Estatus de Puerto Rico), que fue aprobado en diciembre de 2022 por los demócratas en la Cámara a poco para el cierre de la sesión legislativa.

En esencia, la medida propone la realización de un plebiscito en la isla con aval federal o con carácter vinculante entre las opciones no territoriales de estadidad, libre asociación o independencia. El ELA no es una opción descolonizadora, por lo que no se encuentra entre las alternativas contenidas en los proyectos.

Al momento, el 2757 tiene 90 coauspiciadores; 12 de estos son republicanos, incluyendo la comisionada residente Jenniffer González.

En el caso del 3231 en el Senado, 23 legisladores lo han auspiciado; ninguno es republicano.

Es en el Senado donde precisamente líderes, la mayoría estadistas y del gobierno oficialista de Puerto Rico, han enfocado esfuerzos para adelantar la discusión, confirmó Laws García.

“Nosotros hemos hecho una investigación de los proyectos relacionados al tema de estatus que se han presentado en el Senado de EE.UU., y la realidad del caso es que nunca, en los 125 años de historia de la relación política entre Puerto Rico y el gobierno federal, había habido un proyecto con el nivel de apoyo que tiene ahora mismo el Puerto Rico Status Act; y desde entonces, desde noviembre el enfoque principal ha sido incrementar ese apoyo. Hemos ya subido a 23 coauspiciadores; hemos estado en comunicación con oficinas del Senado que están considerando coauspiciar la legislación, así que eso es histórico. Ya tenemos casi un cuarto del Senado, y casi la mitad de la mayoría demócrata uniéndose a esta legislación”, abundó el estadista.

Pero la falta de coauspicios republicanos no es el único desafío que enfrentan los favorecedores de estas medidas; algunas organizaciones de boricuas en el exterior han puesto en duda la seriedad de las legislaciones y la falta de espacio para recibir el insumo de los puertorriqueños en general sobre su contenido.

Por ejemplo, Power4PuertoRico, otra coalición de organizaciones de puertorriqueños en la diáspora, ha insistido en que cualquier proyecto que busque resolver el tema del estatus de Puerto Rico debe incluir un proceso de audiencias públicas en español y en inglés en el que los boricuas dentro y fuera de la isla puedan expresarse al respecto.

Además han planteado que los impulsores del 8393 y sus posteriores versiones han fallado, entre otras cosas, en explicar públicamente el alcance de la estadidad en términos de idioma, impuestos y representación internacional.

Sobre lo anterior, el también subdirector de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA) bajo la Administración de Luis Fortuño, y luego, interino, bajo la del renunciante gobernador Ricardo Rosselló, sostuvo que no ha habido intención particular de excluir a sectores del proceso.

“Esto está ocurriendo dentro un calendario congresional que los congresistas tienen que atender, y ese calendario es uno sumamente cargado que cambia a menudo. A veces, tú simplemente tienes que avanzar las cosas dentro de las ventanas de oportunidad que tienen. Y eso fue lo que ocurrió. No es que había un deseo particular de excluir; al revés, hubo deseo de incluir. Quizás no fue en la forma en que esos grupos y esas personas deseaban o pensaran que hubiese sido ideal, pero hay que bregar dentro del marco de los tiempos que están disponibles y las ventanas de oportunidad para tomar acción”, aseguró.

El tema del estatus y la Junta de Control Fiscal

Ante el cuestionamiento sobre la postura de líderes republicanos como Westerman en el sentido de que el Congreso no estaría dispuesto a avanzar en un proceso de descolonización en un territorio quebrado y aún con la presencia de la Junta de Control Fiscal (FOMB), Laws García señaló que no hay impedimento jurídico o legal que sostenga ese argumento.

“La realidad del caso es que jurídicamente y legalmente no hay ninguna limitación para atender ambos temas a la misma vez, y de hecho, cuando se desarrolló la legislación de PROMESA hubo una provisión específica que se insertó dentro de esa ley que literalmente lo que dice es que nada dentro de esta ley limitará la capacidad del pueblo de Puerto Rico a su proceso de autodeterminación, incluyendo la utilización de unos fondos federales y una asignación de $2.5 millones de dólares que el Congreso ha aprobado para plebiscitos en la isla. Así que el Congreso reconoció desde el inicio de PROMESA que eso no era algo que por su existencia, automáticamente, excluía la capacidad de poder atender el tema del estatus; y de hecho, limitó la capacidad de que la Junta utilizara su poder para no adelantar el tema de estatus”, esbozó.

“Eso son opiniones personales de cada uno de los oficiales y no es que esas opiniones personales no tengan importancia; claramente la tienen si es el presidente del comité que es la persona que está encargada de la agenda de ese comité, y qué vistas se llevan a cabo y qué proyectos se llevan a votación., etc. Eso es importante y tiene significado, pero es una opinión personal en términos de qué prioridad hay. Cuando cambia el presidente de la comisión, cambia la opinión personal”, añadió.

Cabe señalar que líderes demócratas como el expresidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Raúl M. Grijalva (Arizona) han anticipado que habrá que esperar a un Congreso liderado por miembros de esa colectividad para adelantar el tema del estatus en la isla.

Los miembros del PPD y sus reservas a las medidas de estatus en el Congreso

La postura del Partido Popular Democrático (PPD) como institución es otro impedimento con el que tienen que lidiar integrantes de grupos como PRSC. El alto liderato de la colectividad, que aún sigue siendo el segundo de mayoría en la isla, defiende el ELA actual como parte de cualquier consulta de estatus a nivel federal, a pesar de ser territorial.

De hecho, en octubre pasado, el senador republicano de Mississippi, Roger Wicker, vinculado a líderes del PPD en Puerto Rico, reintrodujo un proyecto de ley para atender el tema que propone una consulta que incluye el ELA, más las otras tres opciones. El proyecto viene a competir con el H.R. 2757.

Como parte de su defensa de la legislación, Wicker expuso que las demás piezas legislativas no reconocen el hecho de que muchos puertorriqueños supuestamente prefieren mantener su sistema de gobierno actual.

En ese momento, el entonces presidente del PPD, José Luis Dalmau, celebró la acción senatorial al catalogarla como una iniciativa “justa y equitativa”.

“El proyecto articula un proceso balanceado de consideración de alternativas que no solo pasan el crisol constitucional, sino que definen claramente las futuras relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos”, defendió el estadolibrista.

Medida que incluye el ELA es un “insulto”

Laws García difirió de ambos líderes, y catalogó la movida como un insulto al pueblo de Puerto Rico.

“No es un proyecto serio; no es una pieza de legislación que se ha hecho con la intención de ganar apoyo, y el ejemplo perfecto de eso es que no tiene coauspiciadores. Segundo, la forma en que fue redactada fue como a machetazo limpio. No es que tomaron el proyecto y desarrollaron unas definiciones claras. Cogieron el proyecto (2757), insertaron al estatus territorial actual (ELA), lo volvieron a llamar ‘commonwealth’ en todo momento, como si fuera algo fuera de la cláusula territorial, para tratar de continuar generando la impresión falsa, que el PPD sabe que no es realidad después de Sánchez Valle, que el Estado Libre Asociado no es una cosa no territorial. Si no lo quieren admitir, ese es el problema de ellos. Pero también yo creo que por ese mismo problema es que hemos visto el decrecimiento de apoyo público y de votantes para ese partido en las últimas décadas. Hacer creer y decir que este tema no es un tema importante; que no se tiene que atender; y pretender que no ha pasado todo lo que pasó desde Sánchez Valle para adelante y de PROMESA, y que P.R. es un ELA fuera de la cláusula territorial, es hasta insultante al público que lo escucha a menos que sea una persona que es un seguidor ciego de ese partido”, abundó.

El activista añadió que, bajo el ordenamiento jurídico vigente en EE.UU., las únicas opciones válidas son la estadidad, independencia y libre asociación.

“Puerto Rico Status Act no es perfecto, pero trata de respetar que las únicas opciones bajo la Constitución de Estados Unidos no territoriales son estadidad, independencia; y la independencia viene con dos sabores: independencia regular o libre asociación. Esa es la realidad jurídica, no hay nada más”, enumeró.

¿Prevalecería el ELA en una consulta?

“Independientemente de lo que usted me está planteando a nivel jurídico, ¿coincide con líderes del PPD que, de incluirse el ELA en una papeleta, prevalecería esa opción?”, cuestionó este periódico.

“Yo creo que si se le hace claro al votante de qué es la naturaleza territorial de esa opción, yo creo que es inevitable que la mayor parte de la gente le vote en contra”, respondió.

“De lo contrario, si no se hace una exposición a fondo, la opción podría ganar…”, planteó El Diario.

“Precisamente por eso es que presentaron el proyecto de Wicker que es un chiste, porque no quieren exponer lo que es; quieren presentar la ilusión de lo que pudiera posiblemente ser en el imaginario de ellos. Y es una técnica de mercadeo política magnífica que le funcionó a Luis Muñoz Marín en el 1953. Pero esa burbujita explotó hace tiempo…”, puntualizó el entrevistado.

Los delegados por la estadidad en Washington

Otro debate que ha rodeado al movimiento estadista en EE.UU. en los últimos años es la gestión de los delegados por la estadidad en la capital federal. Seis delegados fueron electos en una consulta especial en mayo del 2021 en virtud de la Ley 167 de 2020.

El estatuto dispuso para la realización de una consulta electoral para escoger a dos delegados al Senado federal y cuatro a la Cámara de Representantes, con el fin de pedir que se apliquen los resultados a favor de la estadidad del plebiscito realizado en el 2020 en la isla en el que prevaleció el “sí” a esa fórmula por un 53 %.

Al momento, cuatro permanecen en la posición: la exsecretaria del Departamento de Corrección, Zoraida Buxó; el exlegislador municipal Roberto Lefranc Fortuño, la exlegisladora estatal Melinda Romero, y el exgobernador Rosselló.

La exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, renunció por alegados problemas de salud, y la abogada Elizabeth Torres fue destituida por los tribunales en la isla por no presentar los informes sobre su gestión como delegada.

La participación de menos de un 4 % del electorado en el proceso, así como los altos sueldos y pagos por gastos permitidos que reciben han provocado el cuestionamiento de diversos sectores sobre las labores del grupo.

Sin embargo, a juicio de Laws García, los delegados han ayudado a crear mayor coordinación entre los distintos actores que defienden esa ideología en P.R. y en los estados.

“Yo creo que cada uno de los delegados de la Delegación Congresional de Puerto Rico ha hecho su propia labor; cada uno de ellos tiene sus propios reportes que han emitido que son documentos públicos que se pueden evaluar. Yo definitivamente he visto en algunos momentos algunas de estas figuras estar más activas y en otros momentos menos activas. Pero eso también es parte de la naturaleza en que fluye la atención a este tema dentro del Congreso. Creo que el trabajo que se ha hecho con la labor de la delegación extendida ha sido excelente en términos de incrementar ese apoyo de base y de traer a distintas personas a Washington a llevar su voz. La realidad del caso es que como oficiales electos si vuelven a correr, pues tienen la oportunidad de volver a ser reelectos y el pueblo va a ser el que decida…”, expuso.

“¿Cómo un independentista, por ejemplo, puede sentirse representado por un delegado por la estadidad?”, indagó El Diario.

“La ley que autorizó la creación de la delegación congresional fue una que se aprobó inmediatamente después de que se llevara a cabo el último plebiscito que fue uno de tres, 2012, 2017, 2020; donde en todas las ocasiones que a los votantes se les preguntó, rechazaron continuar bajo el estatus territorial actual. Cuando se le presentaron opciones no territoriales, la estadidad ganó mayoría en cada una de esas veces. Así que esa ley está específicamente diseñada para hacer valer la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresado en las urnas en 3 ocasiones”, contestó.

“Lo que es fascinante para mí es que, en el proceso para hacer eso, el movimiento estadista ha tenido la sabiduría de evolucionar en su perspectiva de cómo se debe legislar sobre eso y se ha abierto a la posibilidad de que no sea exclusivamente un proceso de admisión directa como lo fue con Alaska y Hawái…”, continuó.

“¿La estadidad ha sonado más en el Congreso por la gran cantidad de dinero en cabildeo?”, preguntó El Diario.

“El movimiento estadista dentro de todos los movimientos no territoriales que apoya un estatus no territorial y no colonial para Puerto Rico, es el movimiento que mejor organizado está, que más activado está, y no solamente en términos de los esfuerzos para hacer cabildeo”, sostuvo.

Laws García no quiso entrar en detalles sobre lo que cobra por su trabajo, pero reportes de medios como El Nuevo Día del año pasado apuntan a que el PRSC y Puerto Rico Legal & Educational Foundation han destinado al menos $15.5 millones a gestiones de cabildeo en el Congreso desde el plebiscito criollo de 2012.

En el caso de los delegados por la estadidad, datos provistos por PRFAA a este periódico, que comprenden el periodo desde el 1 de julio de 2021 hasta febrero pasado, revelan que la delegación había cobrado hasta esa fecha más de $1 millón por su trabajo.

“La realidad es que esto no es algo que solamente es una agenda del Partido Nuevo Progresista; no es algo que es agenda solo de los oficiales electos; no es algo que solo los cabilderos profesionales están avanzando; esto es un movimiento de derechos civiles que se está desarrollando, se ha ido desarrollando y continúa creciendo”, puntualizó.

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