Departamento de Justicia de EE.UU. investiga a McKinsey & Co., principal firma asesora de la Junta en Puerto Rico, por agravar crisis de opioides
Un reportaje exclusivo de The Wall Street Journal este miércoles señala que los fiscales federales examinan el rol de la entidad para asesorar a las compañías más grandes de opioides sobre cómo aumentar las ventas
McKinsey & Co. ha tenido que pagar cientos de millones de dólares como resultado de casos por asesorar a compañías farmacéuticas de opioides. Crédito: Toby Talbot, | AP
Nueva York – Un gran jurado en Virginia estaría evaluando la prueba del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso criminal contra la firma consultora McKinsey & Co., principal empresa asesora de la Junta de Control Fiscal (FOMB) en Puerto Rico, por sus servicios a productores de opioides.
Un reportaje exclusivo de The Wall Street Journal este miércoles que cita fuentes ligadas a la pesquisa señala que los fiscales federales examinan el rol de la entidad para asesorar a las compañías más grandes de opioides sobre cómo aumentar sus ventas.
Las autoridades federales además buscan determinar si McKinsey o alguno de sus empleados obstruyeron la justicia en relación con los archivos de servicios de consultoría para estos productores.
Las fuentes además revelaron que Justicia investiga si la firma conspiró para cometer fraude en el cuidado médico dado que, presuntamente, la asesoría brindada resultó en reclamos fraudulentos a programas gubernamentales como Medicare.
No es la primera vez que la empresa enfrenta problemas judiciales por sus manejos.
En 2021, McKinsey acordó pagar casi $642 millones a los 50 estados, Washington D.C., y territorios, incluyendo Puerto Rico, por contribuir a acelerar la venta de opioides a través de sus servicios de asesoría. Dos años después, aceptó pagar $347 millones a tribus nativas, distritos escolares, empresas de seguros y gobiernos municipales por la misma razón.
Sin embargo, en ninguna de las instancias, la firma admitió haber cometido acto irregular. La empresa dijo en el 2019 que dejó de asesorar a estas farmacéuticas. Sobre las nuevas alegaciones federales, McKinsey rechazó reaccionar a The Wall Street Journal. El Departamento de Justicia tampoco ha respondido a la filtración de la información.
Purdue Pharma, Endo International y Mallinckrodt fueron algunas de las compañías farmacéuticas a las que ayudó la consultora.
Las tres entidades se acogieron a la Ley de Quiebras como resultado de demandas judiciales por prácticas engañosas para vender estas sustancias que agravaron la crisis de adicción a los opioides en EE.UU.
Los opioides son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso o en receptores específicos del cerebro para reducir la intensidad de dolor.
En el 2021, más del 75 % de las muertes por sobredosis de drogas involucraron el uso de opioides, equivalente a más de 80,000 personas. El número de muertes para ese año fue 10 veces más alto que en el 1999.
Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), más de 1 millón de personas han muerto en EE.UU. por sobredosis de opioides desde el 1999.
Los conflictos de interés de McKinsey & Co. y la Junta de Control Fiscal
Aparte de las investigaciones por su asesoría a las farmacéuticas de opioides, McKinsey & Co. ha enfrentado múltiples cuestionamientos desde que empezó a asesorar a la Junta de Control Fiscal, organismo creado en el Congreso a través de la Ley PROMESA, para administrar las finanzas de Puerto Rico, reestructurar la deuda pública y reingresar a los mercados.
Lo anterior responde a que, mientras McKinsey asesoraba a la Junta, también ayudaba al organismo federal a revisar y evaluar contratos con compañías que eran sus clientes.
En enero de 2022, el presidente Joe Biden firmó la ley PRRADA o la Ley de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico, presentada por la representante demócratas Nydia Velázquez (Nueva York).
La legislación fue convertida en ley pocos días después de que la jueza Laura Taylor Swain certificó el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central de Puerto Rico, que redujo a unos $33,000 millones la obligación.
La ley bipartidista incluyó disposiciones para obligar a los acreedores, abogados y otras partes vinculadas al proceso de la deuda de P.R. a divulgar posibles conflictos de intereses previo a cobrar por servicios relacionados con el proceso de reestructuración.
La medida sin embargo no ha resuelto del todo el problema, a juzgar por declaraciones emitidas por Velázquez en febrero de 2023.
En un comunicado de prensa, la representante se refirió directamente a los vínculos de McKinsey con Quanta Services, matriz de Luma Energy, compañía que bajo un contrato de alianza público privada está encargada desde el 2021 de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico.
La congresista y su colega de Arizona, Raúl Grijalva, enviaron una carta a la Oficina Ejecutiva de los Fideicomisarios de Estados Unidos en el Departamento de Justicia para que investigara los alegados conflictos de interés por parte de empleados de McKinsey.
“Desde la aprobación de PRRADA, informes han revelado que varios asesores de la Junta poseen conflictos de intereses preocupantes.The Wall Street Journal reportó que la firma consultora McKinsey & Co., que se estima ha ganado al menos $120 millones en honorarios de asesoramientos a la Junta, también tiene a Quanta Services entre sus clientes. Quanta Services es propietaria de la mitad de LUMA Energy, la compañía privada que ganó en el 2020 el lucrativo contraro para para el sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico”, lee parte del comunicado con fecha de febrero 23 del referido año.
El texto además menciona a la firma O’Neill & Borges que también enfrenta escrutinio luego de que un ciudadano privado presentó una moción en la corte de distrito federal en Puerto Rico en la que alega que la entidad representa a la Junta al tiempo que ofrece los mismos servicios a cuatro compañías financieras que adquirieron $384 millones en cartera de préstamos por parte del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDEPR). Las transacciones de BDEPR son supervisadas por la Junta.
