Documentan más de 1,600 casos de tortura en una década en Venezuela bajo el gobierno de Maduro
En el año 2023, Provea registró 53 víctimas de tortura, de las cuales tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado. Denunció la "irregular" administración de justicia en Venezuela y el control ejercido por el Ejecutivo, lo que garantiza impunidad
Provea pidió al Estado venezolano permitir el ingreso de representantes de la ONU a los recintos carcelarios Crédito: Miguel Gutiérrez | EFE
El informe anual presentado este martes por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos revela cifras alarmantes de violaciones a la integridad personal en Venezuela entre 2013 y 2023, bajo el régimen de Nicolás Maduro. Según los datos, se registraron un total de 43,003 víctimas de violaciones a la integridad personal, incluyendo 1,652 casos de tortura.
Lissette González, coordinadora de investigación de Provea, destacó que el número de víctimas de tortura ha ido en aumento, con un total de 7,309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en el mismo período, publicó Efe.
González atribuyó este incremento principalmente a las condiciones deplorables en las cárceles venezolanas, donde la población reclusa enfrenta hacinamiento, falta de agua y alimentos.
En el año 2023, la organización registró 53 víctimas de tortura, de las cuales tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.
Por primera vez en los registros de Provea, la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres y privadas de libertad, presuntamente a manos de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios.
El informe también denuncia el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia en Venezuela y el control ejercido por el Ejecutivo, lo que garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos.
Esta impunidad, afirmó la organización, crea un ambiente propicio para abusos que no son sancionados.
Provea hizo un llamado al Estado venezolano para permitir el ingreso de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, con el fin de verificar las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad, especialmente los detenidos por razones políticas.
Las violaciones de derechos humanos “se han intensificado” en Venezuela
El Foro Penal de Venezuela, por su parte, alertó sobre un aumento en la represión y las violaciones a los derechos humanos en el país, especialmente dirigidas a personas perseguidas por motivos políticos.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, destacó durante una rueda de prensa la intensificación significativa en la persecución de activistas y militantes políticos no afines al gobierno de Nicolás Maduro, señaló la agencia de noticias Efe.
Según los datos proporcionados, actualmente hay 273 presos por motivos políticos en Venezuela, tres más que la semana pasada. De este total, 147 son militares y 126 civiles, de los cuales 253 son hombres y 20 mujeres.
El abogado expresó su preocupación por el prolongado período de detención preventiva que enfrentan muchos de estos detenidos, superando el plazo máximo permitido por la legislación venezolana.
Denunció además graves violaciones al debido proceso, incluyendo la negación del acceso de los familiares a los detenidos y la imposición de defensores públicos en lugar de permitir que los detenidos elijan abogados de confianza. Esta situación, según Himiob, puede ser considerada como desaparición forzada, ya que se niega información sobre la ubicación de los detenidos y se les impide cualquier contacto con el exterior.
Además, criticó la falta de identificación de los funcionarios encargados de las detenciones, lo que genera confusión y temor en las personas arrestadas. Estas prácticas, que van en contra de la ley venezolana y los tratados internacionales, han sido sistematizadas en los últimos meses, según denunció el director del Foro Penal.
Ante esta situación, instó al gobierno venezolano a respetar los derechos humanos y garantizar el debido proceso para todas las personas detenidas, independientemente de sus creencias políticas.
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