México: intervención del narco pone en riesgo elección del 2 de junio
¿Pueden existir elecciones libres y legales en México cuando participan los carteles de la droga para influir en la elección? ¿Lo que está en juego es la existencia de una ‘narcocracia’?
El domingo 2 de junio se celebran elecciones en México, un país que está rodeado de violencia extrema y muerte de candidatos. Crédito: Gabriela Alegría | Wikimedia Commons
El 27 de mayo a plena luz del día cinco integrantes del equipo de Dante Martínez Paulín, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a regidor del municipio de Jiménez, en Tamaulipas, sufrieron dos atentados en menos de diez minutos cuando circulaban por la carretera de Ciudad Victoria a Matamoros. Fueron balaceados por un grupo de civiles armados, sin que el ejército, Guardia Nacional, ni la Policía del estado gobernado por el morenista Américo Villarreal hicieran algo por evitarlo.
Esto ocurre a tan solo cinco días de que culmine el proceso electoral en México, que se llevará a cabo el próximo domingo en medio de un ambiente violento y bajo el control territorial del crimen organizado en diversas partes del país.
Muerte de candidatos en distintos estados
Apenas el 16 de mayo fueron encontrados desmembrados en la vía pública los cuerpos de Aníbal Zúñiga Cortés, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a regidor por el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, y el de su esposa Rubí Bravo.
Ese mismo día la candidata a la alcaldía de La Concordia, en Chiapas, Lucero López Maza del Partido Popular Chiapaneco, fue asesinada en un ataque armado, al igual que Santos Moreno Cabada, candidato a regidor del PRI en el municipio de Choix, Sinaloa.
El 18 de mayo fueron asesinados tres colaboradores de campaña del candidato de Morena a la presidencia municipal de Villa Corzo, Chiapas, Robertony Orozco, quien resultó herido de bala.
Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos por la coalición opositora de PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas (RSP), fue asesinado a balazos el 28 de mayo, cuando se encontraba trabajando en su negocio ubicado en la Central de Abastos de esa localidad.
Al menos 36 aspirantes a ocupar cargos de elección popular, y 14 familiares de candidatos han sido ejecutados durante el proceso electoral que concluye el 2 de junio, de acuerdo al reportaje “¿Por qué se asesina a tantos candidatos en las elecciones de México?”, publicado por el periódico The New York Times el 25 de mayo.
98,3 millones de electores convocados a votar en México
El próximo domingo, en México están convocados a participar 98,3 millones de electores registrados en el Listado Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) para emitir su sufragio y elegir al presidente/presidenta de la república, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y sus 16 alcaldías, 128 senadurías, 500 diputaciones, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, y 24 juntas municipales.
Violencia extrema en estas elecciones de 2024
Irónicamente, el día después del atentado contra el equipo de campaña del candidato de MC en Tamaulipas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que “las elecciones del 2 de junio serán las más limpias y libres de la historia”.
Una frase de propaganda vacía, porque, en realidad, eso ya no ocurrió. La violencia extrema y amenazas que han sufrido decenas de candidatos en todas las regiones del país demuestran que las elecciones no fueron ni libres ni limpias. Incluyendo el ilegal intervencionismo de López Obrador, quien desde la precampaña ha hecho propaganda a favor de la candidata oficial Claudia Sheinbaum, con la inexplicable tibieza del INE.
Las interrogantes que se imponen son: ¿pueden existir elecciones libres y legales cuando participan los carteles de la droga para influir en la elección? ¿Lo que está en juego en México es la existencia de una ‘narcocracia’?
Narco-elecciones en México
En procesos electorales donde el crimen organizado ejerce su influencia a través de la violencia explícita, dinero u apoyo logístico, no se puede hablar de una democracia ni de voto libre, por lo menos no en muchas zonas del país.
Sobre la llegada al poder del propio López Obrador hay declaraciones de miembros del Cartel de Sinaloa dadas al gobierno de Estados Unidos que señalan que sus tres campañas presidenciales: 2006, 2012 y 2018 fueron financiadas y apoyadas logísticamente por dicha organización criminal.
Son por los menos cuatro exmiembros de ese cartel los que lo han declarado así a autoridades de Estados Unidos en calidad de testigos colaboradores: Jesús Zambada García alias “El Rey”, Sergio Villarreal Barragán alias “El Grande”, Dámaso López Serrano alias “Mini Lic” y Guillermo Michel Hernández alias “Lagartijo”.
Tal vez sea esa la razón por la cual AMLO, tras establecer como política pública “abrazos y no balazos” hacia la delincuencia organizada, ahora minimiza la violencia extrema que ésta ejerce en las elecciones.
El ejemplo más inmediato y palpable de las consecuencias de dejar actuar impunemente a la delincuencia organizada en los comicios es lo ocurrido en las elecciones federales del 6 de junio de 2021, en donde, de forma probada y documentada, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo influyeron antes sino durante el día de la elección.
El Cartel de Sinaloa secuestró e intimidó a candidatos y funcionarios de casilla
En columnas publicadas en 2021, antes de las elecciones describí los diversos acuerdos entre integrantes del partido oficial Morena con miembros del Cartel de Sinaloa, como Ismael Zambada García, y el cartel “Los Chapitos” conformado por Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán.
El pacto fue apoyar las candidaturas del candidato de Morena-Partido Sinaloense por la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de José Paz López Elenes, candidato por la presidencia municipal de Badiraguato -cuna de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo-, entre otras.
Aquel pacto se concretó en operaciones específicas el 6 de junio de 2021 cuando Rocha Moya resultó el ‘ganador’ de los comicios.
Un informe elaborado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI titulado “El crimen organizado en el proceso electoral 2021” entregado por dichos partidos a la Organización de Estados Americanos (OEA) ese año, describe puntualmente cómo aquellos compromisos se convirtieron en acciones específicas que llevaron a una elección determinada por grupos criminales en algunas zonas del país.
De acuerdo al documento de 57 páginas, del cual tengo copia, “la noche del sábado 5 de junio de 2021, varias camionetas del crimen organizado circularon por calles de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Entre las 3 y las 5 de la mañana, algunas de esas camionetas irrumpieron en el fraccionamiento Colinas del Rey y extrajeron de su domicilio al secretario de organización del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, el licenciado José Alberto Salas Beltrán”.
“Salas intentó defenderse”, indica el reporte, “pero fue sometido, golpeado y subido a rastras a un vehículo. A partir de ese momento permanecería por cerca de 50 horas privado de la libertad. Como secretario de organización del PRI, Salas era una pieza clave en el desarrollo de la jornada electoral del día siguiente”.
Hubo al menos cien secuestros entre la noche del 5 y el 6 de junio de 2021 relacionados con la elección en Sinaloa, de acuerdo al documento.
“Te cerraban el paso varias camionetas, te apuntaban a la cara cinco, seis hombres armados, te subían a golpes e improperios a la parte trasera de uno de sus vehículos y te cubrían la cara con cinta adhesiva de la que se conoce como ‘cinta canela’, relató una de las víctimas en una entrevista realizada para la elaboración de este informe, y quien pidió que su nombre se mantuviera bajo reserva. “Una candidata a diputada local por un distrito de Culiacán formó parte del grupo levantado”, se afirma.
En otro párrafo se describe: “Culiacán es un bastión histórico del Cártel de Sinaloa, la organización criminal que hoy dirigen Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo.
“El 6 de junio, a través de la violencia y el terrorismo electoral, Los Chapitos, como se conoce a estos líderes, operaron en Culiacán el triunfo de un partido político y de un candidato: Jesús Estrada Ferreiro, postulado por la alianza Morena-Partido Sinaloense”.
“Otro municipio de Sinaloa, Ahome, se convirtió el domingo 6 de junio, día de la elección, en teatro escalofriante de la guerra electoral llevada a cabo por grupos criminales: sicarios encapuchados y con armas largas recorrieron la zona urbana y las comunidades rurales, perpetrando levantones, amenazando a funcionarios y votantes, robándose las urnas, cometiendo incluso asesinatos. Los reportes de aquel día hablan de una jornada sin precedente histórico”.
En Ahome, el candidato de Morena a la Presidencia Municipal en 2021 era Gerardo Vargas Landeros, quien ganó en esa elección. Este 2 de junio próximo busca reelegirse por el mismo partido.
La misma dinámica ocurrió en Badiraguato. “En Badiraguato, la candidata a la alcaldía por parte de la alianza PRI-PAN-PRD, Guadalupe Iribe Gascón, había estado recibiendo amenazas en contra de sus familia, así como de los miembros de su equipo de trabajo”. El día de la elección en la madrugada, miembros del Cártel de Sinaloa irrumpieron en los domicilios de cinco de sus colaboradores, los golpearon e intimidaron.
“El día de la elección, un comando secuestró al hermano de Guadalupe Iribe”. “Un grupo de hombres armados llegó a una palapa en tres vehículos y se lo llevaron”. Ante esto la candidata se retiró de la contienda electoral. Quien ganó la elección en esas circunstancias fue Paz Elenes, que este 2 de junio busca ser reelegido siendo de nuevo candidato de Morena.
“Desde que se definieron las candidaturas, los grupos criminales se inmiscuyeron en el proceso electoral, en Badiraguato, Guasave, Concordia, Esquinapa, Cosalá, Guamuchil, El Fuerte y Elota, entre otros municipios de Sinaloa”, indica el reporte.
Cabe señalar que en Elota la candidata era Ana Karen Val Medina, por el partido PT, ganó la elección en ese contexto. Es pareja sentimental del narcotraficante René Bastidas alias “El 00”, integrante del Cartel de Sinaloa. Val Medina fue invitada especial en al menos un evento en Palacio Nacional con AMLO, y en reuniones con la hoy candidata presidencial Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México.
La operación descrita anteriormente por parte del Cartel de Sinaloa revela planificación y organización.
El CJNG hizo lo mismo en Michoacán
Ese 6 de junio de 2021 en algunos municipios del estado de Michoacán donde se disputaba la gubernatura ocurrió un fenómeno similar. Al final de la jornada resultó electo el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
“¿Quiénes hijos de la chingada son los representantes del PRD? Se me van a chingar a su madre de aquí, no queremos a ningún miembro del PRD […] Si valoran su vida, se largan, dijo uno de los tres hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, que el 6 de junio de 2021 tomaron control de las casillas 01 y básica, correspondientes a la sección 1297, en el municipio de Múgica, Michoacán.”, señala la denuncia penal presentada por el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales el 15 de julio de 2021 y que forma parte del documento entregado por el bloque opositor a la OEA.
Según el documento “aquella mañana había comenzado un operativo del crimen organizado que se extendió a lo largo de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana, Salvador Escalante, Régules, Lombardía y Zitácuaro, para asegurar el triunfo de un partido: Morena”.
El informe señala que información aportada por funcionarios y representantes a los coordinadores distritales del PRD revela que ese día “a las nueve de la mañana, tres hombres con gorra y cubrebocas irrumpieron en las casillas de la sección 1299, instaladas en la avenida Lázaro Cárdenas de Múgica: apuntaron con un arma al presidente de casilla, se apoderaron de las boletas de la elección para Gobernador y comenzaron a marcarlas a favor de Morena y su candidato: Alfredo Ramírez Bedolla. Los hombres introdujeron más de 400 boletas en las urnas”.
En el jardín de niños Vicente Riva Palacio, en el municipio de Múgica, donde se hallaba la casilla correspondiente a la sección 1302, dos sujetos con playera blanca y gorra negra sacaron a los ciudadanos que hacían fila para votar. “Todas las personas que no estén a cargo de las casillas les pedimos que se larguen de aquí si es que valoran su vida. Se acabaron las votaciones, ya ganó Morena …”. Se afirma que también llenaron la urna para elegir gobernador, según el testimonio de los representantes, añade el reporte post electoral.
“En el municipio de La Huacana, seis hombres armados y con el rostro cubierto se apostaron a las puertas de la casilla correspondiente a la sección 557 e impidieron el paso de los votantes”. Lo mismo ocurrió en la de la sección 558: ocho civiles con rifles de alto poder ordenaron a la gente que abandonara el lugar Les dijeron: “Aquí se hacen las cosas a huevo y a huevo va a ganar Morena”. “Nos señalaron que teníamos que votar por el candidato a gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, diciendo: ‘Son órdenes del jefe de zona’”, son otros de los testimonios recogidos por los coordinadores del PRD en La Huacana.
Pese a las irregularidades al día siguiente, el 7 de junio AMLO dijo que la delincuencia organizada “se portaron bien”.
Pacto con el diablo
A principios de este mes de mayo la DEA publicó su reporte anual “Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024”. Ahí define al Cártel de Sinaloa y el CJNG como “las principales organizaciones criminales de México, y las más peligrosas”.
“Se les llama organizaciones criminales transnacionales porque no son sólo fabricantes y traficantes de drogas; son grupos del crimen organizado, involucrados en el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, tráfico sexual, soborno, extorsión y muchos otros crímenes”.
El director adjunto de la DEA George Papadopoulos compareció en julio de 2023 ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos para explicar las estrategias en el combate al mortal opioide sintético fentanilo. Ahí afirmó que el Cartel de Sinaloa, cuya base de operaciones es el estado de Sinaloa, tiene presencia en 19 de los 32 estados que componen México, y cuenta con más de 26,000 miembros en México y 100 países en el mundo. “Los Chapitos ahora dirigen la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo”, dijo.
También señaló que el CJNG, con base de operaciones en Jalisco, tiene presencia en 21 entidades, y cuenta con 18,800 asociados. Y es el segundo mayor productor y traficante del fentanilo que llega a Estados Unidos.
Cabe señalar que el CJNG tiene rivalidad con el Cartel de Sinaloa. “Los Chapitos” no perdonan a Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del CJNG, la participación de su cartel en el secuestro de Iván y Alfredo Guzmán Salazar, ocurrido en Puerto Vallarta en 2016, cuyo propósito era asesinarlos. Aun así ambos operaron a favor del partido oficial en sus respectivas regiones.
La última palabra la tienen los ciudadanos
Ante el escenario de violencia actual y con los documentados antecedentes del 2021 ¿Qué es lo que se puede esperar este 2 de junio?
En mi opinión, solo una participación masiva de votantes, de todas las edades, en todas las regiones, puede dar ejemplo histórico a los violentos y a los autoritarios. No es un “trámite” como quieren plantear algunos, es una batalla democrática de los ciudadanos en beneficio de los ciudadanos.
En los últimos 15 días he recibido información sensible sobre la presunta planeación de acciones del crimen organizado el día de la elección que encajan en el esquema del 2021.
Me reservo dicha información en el espíritu del beneficio de la duda, pero sobre todo en la esperanza de que la masiva participación de los electores pueda frenar cualquier intento de manipular las elecciones. Los ojos del mundo observarán atentos todo lo que acontecerá, y si no se protege al elector, las casillas y el derecho a un voto libre y secreto, las autoridades responsables y órganos políticos serán llamados a cuentas.
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