Hunter Biden se enfrenta a una sentencia de 25 años de cárcel tras resultar convicto por posesión de armas, pero hay factores mitigantes
El hijo del presidente Joe Biden no usó un arma de fuego en la comisión de un crimen violento, no tiene récord criminal y ha cumplido con los términos de su libertad provisional que incluyen pruebas de drogas mensuales, lo que podría incluso librarlo de pasar tiempo en prisión
Aunque Hunter Biden se expone a una sentencia de 25 años de prisión tras resultar convicto este martes en Delaware de los cargos de compra y posesión ilegal de un arma, la condena para la ofensa más seria es de 15 a 21 meses de cárcel.
Según un reporte de Reuters, la mayoría de los convictos por el delito de posesión ilegal de un arma reciben una condena menor que esa.
A lo anterior se suma que Hunter no usó un arma de fuego en la comisión de un crimen violento, no tiene récord criminal y ha cumplido con los términos de su libertad provisional que incluyen pruebas de drogas mensuales.
Algunos expertos consideran que estos serían factores mitigantes que podrían incluso librar a Hunter de pasar tiempo en prisión.
La jueza de distrito Maryellen Noreika no ha establecido una fecha para emitir la sentencia contra Hunter, hijo del presidente Joe Biden y su primera esposa, Neilia Hunter Biden.
Los acusados que son hallados culpables en la corte federal de Delaware como es el caso de Hunter son sentenciados en un periodo de 120 días. Esto significa que la condena se establecería no más tarde de un mes antes de las elecciones generales del 5 de noviembre.
Este martes, el abogado y cabildero fue declarado culpable de los tres cargos que afrontaba por compra y posesión ilegal de un arma.
El jurado llegó a un veredicto luego de tres horas de deliberación. El acusado no declaró en el juicio.
Hunter Biden fue procesado por mentir en octubre de 2018 cuando no indicó que consumía drogas en un formulario para comprar un revólver Colt Cobra de calibre 38, que guardó por 11 días.
En específico, Hunter fue hallado culpable de declaración falsa al comprar un arma de fuego, declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego.
La investigación contra el hijo de Biden inició en en 2018 bajo la administración de Donald Trump. El precandidato republicano a la presidencia de EE.UU. precisamente ha usado el caso para atacar a su contrincante.
Tras el veredicto de ayer, Hunter será primero entrevistado por oficiales de probatoria que prepararán un informe confidencial con una serie de sanciones con base en las guías federales de sentencia.
Tanto los abogados de Hunter como los fiscales responderán al reporte con sus propias recomendaciones. Luego de esto, la jueza convocará a una audiencia antes de tomar la decisión final.
El equipo legal del hijo del presidente planteó tres argumentos para pedir la desestimación del caso antes de que iniciara el juicio. Es probable que esas mismas alegaciones sean traídas como parte de un proceso de apelación.
Los tres argumentos de la defensa de Hunter Biden de cara a una apelación
Uno de los alegatos fue que la ley de armas era inconstitucional a raíz de un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. en el 2022 que expandió los derechos en esa dirección. La defensa planteó además que el caso fue políticamente motivado y que el acuerdo con las autoridades al que llegó Hunter el año pasado permanece en efecto aún cuando los fiscales rescindieron del mismo.
Cabe señalar que el hijo de Biden enfrenta un segundo juicio en septiembre por cargos de violar leyes de impuestos. En ese caso, Hunter enfrenta hasta 17 años de prisión de ser hallado culpable.
Hunter enfrenta nueve cargos federales entre los que se encuentran incumplimiento de declarar y pagar impuestos, evasión de evaluación y declaración de impuestos falsa o fraudulenta.
El fiscal especial David Weiss alega que Hunter Biden participó en un plan de cuatro años para no pagar al menos $1.4 millones de dólares en impuestos adeudados entre el 2016 y el 2019. Aunque el hijo de Biden pagó su deuda a partir de 2018, los fiscales argumentan que incluyó falsas deducciones comerciales con el fin de evadir la evaluación de impuestos para reducir obligaciones tributarias.
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