Junta de Control Fiscal tomará medidas contra asesor borracho que protagonizó incidente en restaurante de San Juan, Puerto Rico
Imágenes filtradas en redes que reseñan medios en Puerto Rico muestran a Filex Rosado Rodríguez increpando descontroladamente a un grupo de personas en la terraza de Tinto y Blanco, y, posteriomente, a un oficial de seguridad privado
Una calle del Viejo San Juan en Puerto Rico. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – La Junta de Control Fiscal (FOMBPR) en Puerto Rico dijo que tomará las “medidas apropiadas” en respuesta al incidente en el que uno de sus asesores acosó e incomodó a clientes en un restaurante mientras se encontraba en estado de embriaguez.
El abogado Filex Rosado Rodríguez fue captado en video la noche del miércoles en el restaurante Tinto y Blanco, en San Juan, capital de la isla, en encontronazos con otros clientes. Su conducta alborotosa llevó a que personal del establecimiento le pidiera que se fuera del lugar.
Las imágenes del incidente divulgadas en principio por InDiario muestran a Rosado Rodríguez increpando descontroladamente a un grupo de personas en la terraza del restaurante, y, posteriormente, a un oficial de seguridad privado cuando salía del baño.
“Estaba meando, me lavé las manos y me voy“, se le escucha decir a Rosado Rodríguez al guardia luego de que este le pidiera que saliera del negocio.
La Junta tomará las medidas apropiadas
Por medio de una declaración escrita, la oficina de prensa de la Junta dijo que está al tanto de lo que ocurrió en el restaurante y que toman asuntos como este con seriedad.
“La Junta de Supervisión está al tanto del reciente incidente ocurrido fuera de horas laborales que involucra a uno de nuestros empleados. Nos tomamos estos asuntos con seriedad. La Junta de Supervisión no aprueba comportamientos que sean inconsistentes con nuestros valores y estándares, y tomaremos las medidas apropiadas”, indicó el personal de comunicaciones a InDiario.
Por su parte, Rosado Rodríguez pidió disculpas por su conducta.
“Mi falta de juicio y comportamiento fueron inexcusables. Me expresé de maneras que no reflejan mis valores ni los de la organización de la cual tengo el honor de ser parte. A todos los que ofendí, mis más sinceras disculpas”, expresó por su parte Rosado Rodríguez al mismo medio.
¿Qué es la Junta de Control Fiscal?
La Junta es el organismo no electo por los puertorriqueños creado como resultado de la Ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el Congreso de Estados Unidos y firmada por el expresidente Barack Obama en el 2016.
Los miembros de la entidad básicamente establecen los planes fiscales y presupuestos del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, además de liderar los procesos de reestructuración de deuda.
La Junta es el ente que representa a las entidades del gobierno de Puerto Rico que tienen deudas en el proceso de reestructuración.
Actualmente, la Junta trabaja en un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que, de ser confirmado por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, implicaría aumentos en la tarifa eléctrica para los puertorriqueños por unas tres décadas para pagarle a los bonistas.
El propósito general de la Junta, según PROMESA, es proveer un método para que un territorio cubierto pueda lograr la responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital.
Desde hace años, la Junta ha sido objeto de críticas, no solo por un ser un ente externo que controla todas las decisiones financieras en el territorio, sino por las constantes medidas de austeridad que impone que afectan principalmente a las clases trabajadoras y menos privilegiadas.
Precisamente, esta semana, trascendió que Robert F. Mujica, director ejecutivo de la Junta, envió una carta a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), con el aviso de que podrían frenar el aumento de sueldo a empleados de comedores escolares. De acuerdo con Mujica, la Ley 41 de 2024 no identifica una fuente de financiamiento para el alza prometida por el gobernador Pedro Pierluisi.
El abogado nacido en Nueva York planteó que cumplir con la Ley 41 le costaría al Gobierno unos $21 millones por año fiscal, lo que no es consistente con el Plan Fiscal y PROMESA.
Mujica les dio a las autoridades en la isla hasta el 16 de julio para responder a su planteamiento.
Aunque la Junta la conforman siete miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos y un miembro exoficio nombrado por el gobernador de Puerto Rico, con dinero público, se les paga a varios de sus asesores y consultores.
Lo que ganan estas personas contrasta con el discurso de austeridad y reducción del gasto público que esbozan los líderes de la Junta.
Más de $1,500 millones en servicios de asesoría y consultoría a la Junta
Un informe de la organización Espacios Abiertos (EA) divulgado en agosto pasado reveló que, durante los últimos siete años, la Junta ha gastado más de $1,500 millones en servicios de asesoría y consultoría asociados a los procesos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Esta cantidad está muy por encima de los $370 millones que el Congreso de Estados Unidos estimó, en el 2016, que se gastarían en una década.
En el informe titulado “Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico”, fue realizado por Wilmarí de Jesús Álvarez, analista de Política Pública de Espacios Abiertos.
Como parte de la investigación, se incluyeron datos de los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador.
El proceso de evaluación se dividió en tres fases.
“En el proceso de investigación necesario para llevar a cabo un análisis exhaustivo, EA comenzó por identificar la información que sirve de fundamento para las propuestas de reestructuración. Esto incluyó referencias directas o menciones de la Junta en informes, planes fiscales, planes de ajuste y otros documentos de naturaleza legal o financiera. En segunda instancia, se identificó qué información ha sido publicada o divulgada y qué información no lo ha sido. En tercer lugar, EA realizó una búsqueda contrato por contrato y factura por factura de los servicios contratados y pagados, para identificar las partes con la responsabilidad de producir o custodiar esa información, datos y tablas”, lee parte del informe.
El 7 de junio de 2023, la organización solicitó por escrito a la Junta la publicación y el acceso a dicha información. Sin embargo, en una respuesta el 30 de junio, el organismo denegó la solicitud bajo el argumento de que el derecho constitucional de acceso a información pública no aplica a los ciudadanos de Puerto Rico en el caso de la Junta.
“En momentos en los que la Junta se rehúsa a publicar los datos crudos que dieron base a los planes fiscales certificados por ésta, así como a los diversos acuerdos de ajustes de deuda aprobados, EA hace acopio del gasto incurrido con cargo al bolsillo de los puertorriqueños. Unos 54 documentos y cientos de páginas de referencia a reportes, facturas de servicios prestados, contratos, facturas del Oficial Examinador y otros documentos develan lo que ha pagado el pueblo de Puerto Rico a los consultores y asesores de la Junta”, argumentó en ese momento Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos en un comunicado.
