¿Qué debe ocurrir antes para que el gobierno de Puerto Rico cancele el contrato con LUMA?
El excomisionado asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Ángel Rivera de la Cruz, detalla en entrevista con El Diario el complejo proceso para cancelar el convenio con la compañía privada en caso de que las autoridades en la isla decidan iniciar un proceso de este tipo
Desde el 2020, el sistema eléctrico en Puerto Rico lo controlan empresas privadas. Crédito: Dennis M. Rivera | AP
Nueva York – Para que el gobierno de Puerto Rico cancele el contrato con LUMA Energy como compañía operadora de la transmisión y distribución de la energía eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) tiene que presentar un aviso de incumplimiento para iniciar un proceso que se podría extender mínimo dos años, explicó el excomisionado asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Ángel Rivera de la Cruz.
AAPP debe presentar aviso de incumplimiento para rescindir de contrato con LUMA
El hecho de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentra inmersa en el caso por la quiebra bajo Título III de la Ley PROMESA no impide que la AAPP diligencie un aviso de este tipo.
“Cuando yo hablo de un aviso de incumplimiento, tanto el Negociado como la Autoridad para las Alianzas están encargadas de supervisar y monitorear el desempeño de LUMA. Si hay algún incumplimiento con las disposiciones, es deber específicamente del administrador de emitir esa carta de incumplimiento. Entonces LUMA, una vez se emita esa carta de incumplimiento, tiene unos 60 días para corregir lo que se le había señalado, que podría extenderse por 30 días adicionales. De no poder corregir ese incumplimiento, pues entonces se podrían activar otras disposiciones del contrato. Ese tipo de señalamiento no ha sucedido”, expuso el experto.
“¿La recurrencia de los apagones sería un argumento válido para alegar que LUMA está incumpliendo con el contrato?”, preguntó El Diario.
“Hay disposiciones en el contrato de no cumplir con alguna obligación material; ya es evaluación de las agencias pertinentes…y eso no se ha dado”, respondió.
“Esas obligaciones materiales que usted menciona, ¿cuáles serían?, ¿qué aspectos se considerarían para la que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas diga que van a emitir un aviso para cancelar el contrato?”, indagó este periódico.
“Ahí habría que mirar todas las cláusulas del contrato….pero, fuera de las métricas de desempeño, básicamente, proveer el servicio de la forma en que dijeron que iban a hacerlo en el contrato”, respondió el entrevistado.
“Lo que yo quiero estar clara es que, aunque se esté operando bajo un contrato suplementario, sí hay herramientas para cancelar el mismo…”, insistió este rotativo.
“En términos generales, eso es lo que establece el contrato…Pero, como le dije, no es que sea un incumplimiento; es que sea un incumplimiento no remediado. Una vez se emite el aviso de incumplimiento, LUMA tiene, por contrato, un término de 60 días para corregir cualquier incumplimiento o demostrar que está moviéndose para corregir el incumplimiento”, remarcó Rivera.
La declaraciones de Rivera se dieron en una entrevista con El Diario sobre las posibilidades de que, en efecto, el contrato pueda ser cancelado en medio del llamado de varias organizaciones del tercer sector y líderes opositores al oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) para que la Autoridad vuelva a manos públicas.
El argumento base de estos grupos y políticos es que LUMA ha incumplido con su labor contractual al no proveer un servicio confiable y eficiente a la ciudadanía tres años después de haber asumido las riendas de los activos de transmisión y distribución de la AEE. El resurgir del llamado se dio el mes pasado a raíz de apagones masivos que impactaron a cientos de miles de boricuas en varias zonas de la isla. Una de las interrupciones afectó particularmente a residentes en la zona sur y dejó a unos 350,000 sin luz.
La situación obligó a LUMA a transportar por mar y tierra a la subestación de Santa Isabel un trasformador, proceso que tomó varios días.
LUMA opera bajo un contrato suplementario
La Administración Pierluisi extendió, en noviembre de 2022, el acuerdo suplementario bajo el que la empresa LUMA funge como operadora del sistema.
La extensión indefinida del contrato suplementario le permite a LUMA continuar administrando el sistema hasta que la AEE complete el proceso de reestructuración de deuda. En ese periodo, los términos del contrato con LUMA permanecerían iguales.
Se supone que una vez la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, confirme un plan y la Autoridad salga de la quiebra, entre en vigor el contrato oficial a 15 años.
Bajo ese escenario, LUMA estará sujeta a unas métricas de desempeño que, al momento de cualquier aviso de incumplimiento, deberán usarse como guías en el proceso.
“El contrato principal tiene lo que se conoce como unas métricas de desempeño; me refiero al contrato a 15 años. Todavía no estamos operando bajo ese contrato. Bajo ese contrato LUMA está sujeta a las métricas. Dentro de esas métricas, en el Anejo 9, hay unas métricas que se conocen como las claves.Para poder cancelar el contrato con relación a esas métricas de desempeño, LUMA no debe cumplir con el estándar mínimo en tres o más de esas métricas por un espacio de tres años consecutivos. Dentro de esas métricas, están las de confiabilidad del sistema; está el SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) y el SAIDI (System Average Interruption Duration Index).Esas dos métricas, el Negociado le adjudicó, cuando aprobó las métricas finales para LUMA, la cantidad mayor de porciento con respecto a cumplimiento, y son parte de esas métricas que se monitorean. Si LUMA incumple con estas métricas de desempeño en tres o más años una vez entre en operación el contrato oficial, ya se puede entonces hablar de un incumplimiento material”, abundo el también CEO de Nu Energy Consulting Group LLC.
En ese sentido, Rivera señaló que es incorrecto pensar que cancelar el contrato a LUMA es un trámite expedito.
Salida de LUMA podría extenderse por al menos dos años
El excomisionado estimó que el proceso para cancelar el acuerdo podría extenderse por al menos dos años.
“En el hipotético de que hubo un aviso de incumplimiento, no se pudo curar y se tomó la decisión de que se va a cancelar el contrato; el contrato establece que, bajo esos términos de una terminación temprana, se tiene que enviar una notificación de al menos 120 días. Digamos que se dio el aviso de incumplimiento; pasaron los 60 días; LUMA pidió 30 días adicionales; no se dieron las condiciones para remediar el aviso de incumplimiento, y entonces se emite una notificación. Cuando se emita esa notificación, es una de 120 días. A los 120 días, LUMA entraría a lo que se conoce como la transición de recogido o movilización. No es que a los 120 días LUMA se fue y aquí les dejo esto, porque tiene que haber un proceso de transición para quien sea la nueva entidad que venga a operar. Ese proceso de transición no va a durar más de 1 año, según el contrato”, calculó Rivera quien cuenta con una maestría en Matemáticas de la Universidad de Massachusetts, Amherst.
Habría que pagarle a LUMA millones de dólares en penalidades
Otro punto a considerar en la discusión es que la salida de LUMA implicaría el pago de millones de dólares a la empresa como parte de las diligencias de la transición, más penalidades. Ese dinero procedería de la tarifa eléctrica que pagan los abonados de la Autoridad.
“En ese proceso de transición de salida a LUMA se le tiene que pagar todos los costos que incurra para operar el sistema, adicional a los costos que se incurra con su personal que esté todavía trabajando. Adicional a cubrir todos estos costos, se le tiene que pagar lo que se conoce como el ‘termination fee’ (tarifa de terminación) o la penalidad por terminar el contrato que corresponde a un año completo de operaciones; se le tiene que pagar unos $120 millones de dólares y hacer el ajuste por inflación. Eso sería lo que se le tendría que pagar a LUMA simplemente para terminar el contrato”, especificó el también graduado de la Escuela de Energía Nuclear Naval en South Carolina.
Rivera indicó que es especulativo hablar de las probabilidades de que el gobierno de la isla cancele el convenio con LUMA, ya que todo dependerá de la política pública que asuma la nueva administración gubernamental que sea electa en los comicios generales del 5 de noviembre.
“Todo depende de lo que se establezca como política pública. En términos generales, se tienen que alinear ciertas cosas para que eso suceda. El proceso que yo le describí aplicaría a cualquiera de estas instancias que usted que me está mencionando. No puedo hablar de probabilidad porque sería completamente especulativo”, manifestó.
Pierluisi, quien abandonará oficialmente el cargo de gobernador este año, ha indicado que no realizará cambios en el organigrama energético en la isla.
Proponen un comité de expertos para retornar a modelo público
La propuesta que respaldan activistas que se oponen a la privatización de los servicios públicos y líderes de partidos como el Independentista Puertorriqueño (PIP) es que el sistema eléctrico regrese al modelo público.
Por ejemplo, la senadora María de Lourdes Santiago y el representate Denis Márquez, ambos del PIP, presentaron recientemente una resolución concurrente para crear el “Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético del Pueblo de Puerto Rico”. Este grupo estaría compuesto por 10 personas o expertos en áreas claves como administración pública, economía y derecho, además de líderes comunitarios y obreros.
El fin del comité sería diseñar un plan para llevar a cabo una transición en un año que se traduzca en una nueva corporación pública encargada de la generación, transmisión y distribución de energía.
Sobre este tipo de iniciativas, Rivera dijo que, siempre y cuando no haya un menoscabo en la relación contractual, un ente público podría administrar la AEE. En ese caso, el campo de acción de la Legislatura en Puerto Rico es amplio, destacó.
“Eso sería una reformulación de lo que fue la Ley 120 en su momento; quiero para todos los fines regresar a las manos públicas y lo vamos a hacer de esta manera. Si esa es la política pública a implementarse, pues se implementa de acuerdo con las cláusulas actuales del contrato. El contrato no se puede modificar por ley. Si en ese momento se decide que la política pública es regresamos a manos públicas, pues los términos y penalidades del contrato siguen vigentes, y es simplemente hacer esa transición al modelo público basado en las disposiciones del contrato”, insistió.
La Ley 120 de 2018 fue la que facilitó la privatización de la AEE a través de los contratos con LUMA así como con Genera PR, encargada de la generación de electricidad desde el verano del año pasado.
La ley autorizó a la Autoridad a vender los activos relacionados con la generación y transferir o delegar cualquiera de sus operaciones, funciones o servicios. El estauto autorizó a la AEE junto a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas a llevar a cabo los procesos.
El desempeño de LUMA
Rivera no quiso profundizar sobre el desempeño de LUMA en estos tres años.
Sin embargo, dijo que el panorama con el que se encontró el consorcio canadiense no se resuelve en par de años.
“Con respecto al desempeño, los años iniciales que yo monitoree, LUMA vino con toda la intención de proveer un servicio de calidad y excelencia, que fue lo que habían presentado. Lamentablemente, se han encontrado con un sistema, y no los estoy excusando, simplemente estoy diciendo los hechos, que estaba sumamente frágil; un sistema que no estaba estable; y es un sistema que por los pasados 15 a 20 años no se le ha dado la atención en términos de mantenimiento, reparación y reemplazo de los componentes que se supone se le diera. Entonces eso es un cúmulo y estamos básicamente experimentando las consecuencias de esa falta de mantenimiento”, consideró.
“Nuestro sistema se compone de unas 6,000 millas de transmisión; unas 33,000 millas de sistema de transmisión y unas 600 subestaciones. O sea, que estamos hablando de un sistema sumamente amplio, complejo, que requiere atención prácticamente en todas las áreas; y, pues, 20 años de mal mantenimiento no se resuelven en tres años”, añadió.
Según Rivera, los primeros tres años de LUMA al mando se supone que fueran para llevar el sistema a los estándares básicos de la industria.
“Pero LUMA sabía en lo que se estaba metiendo porque cuando se hace un acuerdo de este tipo tienen que saber lo que está pasando…”, planteó El Diario.
“No los estoy excusando. Estoy diciendo que creo que las expectativas que se crearon cuando llegó LUMA no eran reales con relación al estado real del sistema. Sí, ellos tuvieron un año de evaluación e hicieron la diligencia antes de entrar en el contrato; estuvieron en ese año de transición y evaluación entre el 2020 y el 2021…y ellos desarrollaron ciertos planes, incluyendo lo que se conoce como el Plan de Remediación del Sistema que era un plan de tres a cinco años, que no era para poner el sistema como uno moderno, sino para traer el sistema a los estándares básicos de la industria. Tenemos que tener en consideración que ese fue uno de los primeros planes”, argumentó.
A juicio de Rivera, no importa la entidad que asuma la operación del sistema eléctrico, enfrentará los mismos retos.
“Esto no es un asunto de LUMA; esto es un asunto de quien sea que vaya a estar operando el sistema. Quien sea que venga a operar el sistema va a tener exactamente los mismos retos; va a tener el mismo sistema. Básicamente, no es un asunto de LUMA…”, sostuvo.
“Ya son tres años, precisamente; no estamos hablando de par de meses. Y ya LUMA tuvo un periodo previo de inspección, como dice usted, para ver cómo estaba el panorama; o sea, ¿bajo qué punto se puede justificar, por ejemplo, que en un mes, hayan dos, tres apagones masivos, que ponen en riesgo a muchos puertorriqueños? O sea, no es simplemente una percepción, es que la gente está sufriendo los apagones”, cuestionó El Diario.
“Yo vivo en la isla, y yo estoy sujeto a la inestabilidad del sistema, y sí es una realidad. Si miramos, específicamente, los (apagones) del pasado mes, se debieron mayormente a componentes que fallaron en el sistema de transmisión y distribución; específicamente, la subestación. Pero, para ponerlo en perspectiva, el transformador de junio 12 de Santa Isabel que tuvieron que traer uno nuevo, el transformador su vida útil se había doblado. O sea, que no solamente había pasado su vida útil, sino el doble para lo que había sido diseñado”, expuso.
El experto no vislumbra que los boricuas dejen de experimentar apagones, a pesar de la presión para que LUMA agilice labores como las de despeje.
“Cuando yo le hablo de ajustar las expectativas, es que lamentablemente vamos a continuar en esta línea, independientemente de quien venga a operar el sistema; vamos a continuar de esta manera por los próximos tres o cinco años hasta que se le provea cierta estabilidad al sistema basado en inversiones que se tienen que hacer. No estoy minimizando el dolor de la gente ni lo que estamos pasando. Lo que estoy diciendo es que, independientemente, quién venga a trabajar con el sistema…se va a encontrar con la misma situación”, insistió.
En declaraciones escritas enviadas hoy a medios, LUMA defendió las gestiones realizadas al momento para reparar y fortalecer la red eléctrica.
“Los empleados de LUMA están comprometidos con la transparencia y la responsabilidad en nuestras operaciones mientras construimos un mejor futuro energético para Puerto Rico. Todos en LUMA reconocemos la frustración profunda y real que se siente cuando ocurren interrupciones de servicio, y seguimos completamente enfocados en superar los retos históricos del sistema eléctrico y en continuar trabajando en la transformación energética de Puerto Rico”, lee el mensaje de la compañía.
De paso, la empresa se adjudicó haber restablecido el servicio en el caso del apagón del 12 de junio en un tiempo justo.
“Durante la interrupción de servicio reciente que impactó a 340,000 clientes el 12 de junio, restablecimos el servicio de la mayoría de los clientes afectados en seis horas. Estamos llevando a cabo una investigación completa del evento del 12 de junio y, como parte de este proceso formal, el 20 de junio sometimos un informe preliminar del incidente al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Este informe indica que la causa inmediata de la interrupción está relacionada con la vegetación. En respuesta al evento del 12 de junio, ya hemos tomado medidas clave, como reparaciones y otras acciones, para mejorar las condiciones de la red eléctrica. En LUMA, estamos comprometidos a investigar la causa principal de la interrupción para entender mejor por qué ocurren y reducir el riesgo de que sucedan eventos similares en el futuro”, agregaron desde el consorcio.
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