¿A quiénes se les “limpiará” el historial criminal con la nueva ley vigente en Nueva York?

Desde esta semana, la ley ‘Borrón y Cuenta Nueva’ (Clean Slate Act)  ya está plenamente en vigencia en Nueva York, lo cual abre el paso, para que después de cierto tiempo, los delitos ​​no aparezcan en las verificaciones de antecedentes, cuando las personas soliciten empleo o vivienda. 

Esto significa que los delitos menores, se sellarán tres años después de la sentencia o la liberación y los delitos graves transcurridos ocho años, como precisa el nuevo texto legal.

Como dispone esta legislación, firmada por la gobernadora Kathy Hochul hace un año, para poder optar a el sellado automático, las personas deben haber completado la libertad condicional, la libertad bajo palabra o la supervisión posterior a la liberación. Y no pueden haber incurrido, en ninguna nueva condena, durante el período de espera de tres u ocho años. 

Se especifica además que los delitos sexuales y los delitos graves como asesinatos no relacionados con drogas, no son elegibles para el sellado. También hay que subrayar, que esta norma no se aplicará a los delitos federales o las condenas en otros estados.

El cálculo es que 2,5 millones de neoyorquinos se beneficiarían de esta nueva norma penal.

La ley también permite que los empleadores que deben realizar verificaciones de antecedentes penales “basadas en huellas dactilares”, incluidos los de los espacios de cuidado infantil, cuidado de ancianos y cuidado de discapacitados, sigan teniendo el mismo acceso a los registros penales, incluso a los sellados.

Sin solicitud a tribunales

“Es un principio de justicia y equidad, que si alguien ha pagado sus deudas a la sociedad después de ser condenado, tenga la oportunidad de reintegrarse y contribuir a nuestra economía local”, razona el senador estatal Zellnor Myrie, patrocinador del proyecto de ley, en una entrevista compartida por la publicación City & State.

Antes el proceso para sellar los registros existía, pero por un proceso judicial, no de forma automática como de ahora en adelante.

Es decir, los criminales que no habían cometido delitos durante al menos diez años, y menos de dos condenas, debían presentar una solicitud a los tribunales. Una vez aprobado el sellado de las condenas, solo las verían las agencias calificadas y las fuerzas del orden federales, estatales y locales. 

El senador Myrie aclara además que la aplicación exitosa de esta legislación, requiere de un proceso logístico, porque encontrar los antecedentes y sellarlos inmediatamente, son un “desafío administrativo”.

“Tenemos dos grandes agencias, la Oficina de Administración de Tribunales y el Departamento de Servicios de Justicia Penal, que actualmente tienen jurisdicción sobre muchos de estos registros. Por eso les estamos pidiendo que trabajen juntas, pero también que miren hacia atrás en muchos casos. Le hemos dado un par de años, para asegurarse de que eliminen la acumulación de casos pendientes. Pero hay personas que serán elegibles de inmediato y que lo han sido durante bastante tiempo”, destacó el legislador.

¿Hoja en blanco?

Los críticos de ‘Borrón y Cuenta Nueva’ la califican como una medida peligrosa, primero porque elimina la revisión judicial de la ecuación y, a su vez, proporciona “cero supervisiones”, sobre si un exconvicto quiere cambiar y convertirse en un contribuyente honorable a la sociedad.

La minoría republicana en la Legislatura Estatal siguen resistiendo esta modificación legal, en medio de los controvertidos efectos que ha tenido la reforma a la Ley de Fianzas y el aumento de la edad para enfrentar a la justicia penal en Nueva York.

“¿Debería ser automático el sellado de antecedentes? ¿Debería ser carta blanca? ¿O debería estar sujeta a la discreción judicial y permitir que los jueces determinen quién debe tener antecedentes penales borrados? Creo que debería ser decisión de los jueces”, cuestionaron en líneas generales los líderes republicanos, quienes siguen señalando que los demócratas persisten en una agenda legislativa “pro criminal”.

Cuestión racial y económica:

• 2,1 millones de neoyorquinos adultos tienen algún tipo de condena penal. En comparación, la fuerza laboral del estado, está compuesta por alrededor de 9,7 millones de personas de acuerdo con un balance del Centro Brennan.

• 30% de las personas con antecedentes penales en el estado de Nueva York son negras, pero solo alrededor del 15% de la población general del estado es negra.

• 43% de las personas que han estado en prisión en el estado con afroamericanas.

• $12.6 mil millones en salarios perdidos cada año debido a la reducción de los ingresos relacionados con un historial de condenas.

• $500,000 en ingresos a lo largo de toda su vida, pierden las personas que tienen antecedentes criminales.