Reguetonero CDobleta podría enfrentar la pena de muerte tras ser acusado de asesinar a policía en Puerto Rico
El pliego acusatorio federal detalla que CDobleta confabuló junto a otros cuatro acusados para asesinar a tiros al agente Eliezer Ramos Vélez
Foto de archivo que muestra a un agente de la DEA con un arma incautada en un operativo en un residencial público de Mayagüez, Puerto Rico. Crédito: Andrés Leighton | AP
San Juan – El artista urbano puertorriqueño CDobleta ha sido acusado, junto a otras cuatro personas, del asesinato de un policía el 29 de marzo pasado en Puerto Rico, por lo que podrían enfrentar la pena de muerte, anunciaron este miércoles las autoridades federales en la isla.
En rueda de prensa, el jefe de la Fiscalía federal en San Juan, William Stephen Muldrow, explicó que el pliego acusatorio detalla que CDobleta, cuyo nombre de pila es Luis Nomar Isaac Sánchez, confabuló junto a los otras acusados, para asesinar a tiros al agente Eliezer Ramos Vélez.
Los demás acusados fueron identificados como Olvin O’Neill Concepción Tapia, Andyel González Sáez, Víctor Pérez Fernández y Daniel J. López Vega.
“Estos cinco acusados se enfrentan a una posible cadena perpetua y si el fiscal federal de Estados Unidos lo autoriza, podrían enfrentar la pena de muerte”, sostuvo Muldrow.
Puerto Rico abolió la pena de muerte por ley en 1929 y la prohibió en su Constitución en 1952, por lo que pese a ser un territorio de EE.UU., la pena capital no puede aplicarse en su suelo.
El caso más reciente en el que un puertorriqueño se vio cerca de la pena capital fue el de Alexis Candelario Santana, declarado culpable en marzo de 2013 en un juicio federal por la muerte de ocho personas, aunque la falta de unanimidad del jurado impidió su ejecución, que hubiera tenido que celebrarse en EE.UU.
Según las autoridades, Ramos Vélez, tras terminar su jornada de trabajo, avistó a varias personas transitando y disparando por la Avenida Román Baldorioty de Castro, en Carolina, por lo que decidió perseguirlos y notificarlo a sus compañeros.
A espera de que llegaran los refuerzos, los sicarios ejecutaron a Ramos Vélez, de 35 años, frente al residencial público Sabana Abajo, también en Carolina.
La acusación contra CDobleta y los imputados por la muerte de Ramos Vélez fue una de tantas que las autoridades anunciaron en la rueda de prensa, horas después de que las fuerzas de seguridad, tanto a nivel federal como local, llevaran a cabo un operativo de 56 órdenes de arresto, de los cuales ya habían detenido a 40.
La mayoría de los detenidos forman parte de organizaciones criminales en los residenciales públicos Sabana Abajo, Luis Lloréns Torres, Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, El Coral, Monte Hatillo, entre otros, y que se dedican a la venta y distribución de drogas como heroína, fentanilo, cocaína, marihuana, entre otras.
Las autoridades indicaron que estas organizaciones obtuvieron $31 millones de dólares en ganancias.
Muldrow explicó que los líderes de estas bandas acordaron aliarse para no tener rencillas y protegerse mutuamente para vender sus drogas y armas de fuego.
Incluso, Muldrow dijo que los miembros de la alianza llevaban a cabo reuniones en los residenciales, y hasta participaron en videos musicales, donde mostraban armas de fuego reales “para proyectar el poder de la alianza”.
“El objetivo era controlar las actividades de narcotráfico en San Juan, Carolina y áreas cercanas utilizando la fuerza, amenazas e intimidación. También llegaron a enviar kilos de cocaína a los Estados Unidos”, detalló Muldrow.
Además, los miembros de las gangas mostraban joyas alusivas a sus residenciales, organizaciones y sellos discográficos musicales, entre ellos, Loyalty Music Group.
Muldrow informó además sobre el arresto de un policía de la División de Patrulla de Carreteras de la Ruta 66, identificado como Fernando Torres Galarza, por brindarle información privilegiada de la Policía a estas gangas.
Los acusados por tráfico de drogas enfrentan una pena mínima de 10 años hasta cadena perpetua, mientras que los imputados por armas de fuego podrían ser encarcelados a 15 años mínimos hasta cadena perpetua y otros acusados por posesión de una ametralladora podrían cumplir una pena mínima de 30 años.
