Comisión ciudadana para la auditoría de la deuda de Puerto Rico sostiene que la Junta no abandonará la isla al menos hasta el 2030
La presidenta de la entidad, Eva Prados, analiza la reciente auditoría de la Oficina del Contralor que no detectó ilegalidades en la emisión de la deuda pública
Una protesta en Puerto Rico contra los planes de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Crédito: Danica Coto | AP
Nueva York – La presidenta de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Eva Prados, sostuvo que la Junta de Control Fiscal (FOMBR), organismo federal que administra las finanzas de Puerto Rico desde el 2016, no abandonará el territorio al menos hasta el 2030.
Las conclusiones de la Comisión que dirige Prados se basan en que los requisitos para la salida apenas se están discutiendo, sumado a que, en la conversación, pesan otros criterios más allá de los cuatro presupuestos balanceados en los que los gastos no sobrepasen los ingresos, según lo establecido en la ley PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico), bajo la que se creó la Junta.
Uno de los más determinantes es que Puerto Rico pueda reingresar al mercado de bonos, dijo Prados en entrevista con El Diario.
“El primer requisito tiene que ver con la capacidad para pedir prestado, de poder salir a volver a emitir bonos en el mercado municipal de los Estados Unidos. Eso es un tema que, si bien el exgobernador Pedro Pierluisi creó un grupo para trabajar sobre eso, la realidad es que más allá de eso no tenemos información sobre lo que está pasando ahí. Ahí también entra todo lo que tiene que ver con los estados financieros, porque el mercado exige que tengas tus estados financieros, por lo menos, lo más actualizados posibles. El último que tiene el Gobierno es del 2022 publicado…El del 2023 está súper tarde, y todavía eso no se ha publicado”, destacó.
Prados argumentó que el organismo está añadiendo requisitos para su salida como que los presupuestos certificados balanceados deben ser creados por el gobierno de Puerto Rico y no por la Junta.
“Si vas al del 2023, ahí fue la Junta que terminó certificando el presupuesto, porque no estuvo de acuerdo con lo que la Legislatura aprobó. Ese presupuesto ya no va a caer dentro de los presupuestos balanceados porque la Junta fue la que presentó el presupuesto, no así el Gobierno. Estamos haciendo ese conteo, y vamos a tener que ver cómo la Junta evalúa el del 2024 que entendemos que también hubo influencia de la Junta en el proceso”, expuso la también abogada.
La entrevistada hizo referencia a una audiencia encabezada por el organismo federal, en diciembre pasado, para señalar que, en el caso del presupuesto del 2022, el mismo no está siendo considerado como uno balanceado.
En marzo del 2022, el gobierno de Puerto Rico transfirió unos $10,000 millones al administrador de los casos de Título III, Prime Clerk, para que desembolsara los pagos establecidos por el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central.
Lo anterior formó parte de las gestiones gubernamentales en la isla como resultado de la confirmación del plan por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain en enero de ese año.
“La Junta está utilizando 20,000 excusas para no reconocer que ya se ha adelantado en ese departamento. En el 2022, que es el último estado financiero que se ha publicado, ahí ya ves un presupuesto balanceado, pero que la Junta no los valida como tal porque se hizo un pago a los bonistas de casi $10,000 millones de dólares que fue propuesto por la Junta. La Junta obliga al Gobierno a sacar de sus arcas, y, de repente dice, ‘no, pues mira, como eso no es dinero que entró ese mismo año, sino que es dinero de años anteriores, pues ya los gastos superan los ingresos”, planteó.
A lo anterior, se añaden otros requisitos como que el gobierno de Puerto Rico debe elaborar planes fiscales de cinco años y que la Asamblea Legislativa no debe aprobar leyes sin fuente de financiamiento identificada.
Por otro lado, Prados explicó que, completar el proceso de transición a un sistema de contabilidad en el que se reconozcan los gastos por servicios tan pronto se haga un acuerdo en esa dirección, también podría implicar la extensión de la presencia de la Junta en la isla.
“Ese sistema de contabilidad, según la Junta, todavía no se ha adoptado, y nosotros estamos ahora presentando solicitudes de información (a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda) para ver qué el Gobierno nos dice; porque la Junta dice que no cumple, pero es que nunca dice que cumple. Así que tenemos que empezar nosotros a hacer nuestro análisis independiente”, añadió.
Sin embargo, lo más preocupante para la activista de derechos humanos es el establecimiento del marco legal federal que continuará afectando el territorio más allá de la salida de la Junta.
“Ha sido un balón político de populares y penepés decir que la Junta se tiene que ir…Sin embargo, el proceso judicial de quiebra ha permitido la adopción de tantos acuerdos y de tantos planes de ajuste que terminan siendo un nuevo marco legal que hasta limita la Constitución de Puerto Rico, porque, para empezar, que haya sido aprobado en el Tribunal Federal ya le da peso de ley federal y eso ya va por encima de lo que son las leyes locales”, alertó.
“Ese andamiaje que se aprobó en el tribunal federal, para nosotros, es más importante que la salida de la Junta”, recalcó.
En este contexto, Prados cuestionó el argumento de que los ingresos por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) pueda ser dirigido a otros fines que no sean el pago de la deuda.
“Cuando te empiezan a decir que a través del IVU se van a lograr distintas cosas. El IVU está comprometido para el pago de la deuda. No le digas a la gente que vas a poder reducir el IVU o eximirlos del pago o que vas a poder pagar las pensiones, porque nada de eso se puede ahora mismo porque el plan de ajuste de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) compromete gran parte del IVU”, afirmó.
Fue en el Congreso que se aprobó PROMESA con el respaldo tanto de demócratas como de republicanos, y el entonces presidente Barack Obama firmó la ley, por lo que cualquier movida para acelerar su salida de Puerto Rico debería provenir de ese organismo federal. Pero, aunque algunas legislaciones se han presentado a esos fines, no han progresado o completado el trámite para convertirse en ley.
“Estamos conscientes de que el Congreso se mueva en este tema es bien difícil y más ahora por los cambios en el panorama político en EE.UU. Parte del trabajo que nos toca hacer en los próximos años…si bien el proceso de quiebra esta terminando, tenemos que estar más activos y continuar la razón de por qué tenemos que seguir con una Junta de Control Fiscal encima de nosotros”, adelantó la portavoz.
El análisis de la Comisión, cuyo enfoque ha sido desde el principio impulsar una auditori?a integral de la deuda pu?blica de Puerto Rico, surgió tras la divulgación de los hallazgos de una auditoría de cumplimiento por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) que buscaba determinar si se cometieron ilegalidades en la emisión de bonos del gobierno.
Auditoría tarde e incompleta
Para la entidad, aparte de que la evaluación se hizo tarde o 7 años después de la aprobación de PROMESA, la misma está incompleta.
Uno de los principales problemas contenidos en el informe que hizo la Comisión de los hallazgos es que la contralora Yesmín M. Valdivieso no identifica ilegalidades en los procesos, aún cuando la propia Junta ha reconocido que se emitió deuda ilegal o sobre los topes constitucionales permitidos.
“Genera un montón de problemas porque ni siquiera hace el análisis que se esperaba de una entidad como esa; valida la legalidad de esta deuda cuando uno de los grandes problemas era que, si tienes que reconocer que se pidió prestado, porque la contralora lo reconoce, ella dice que se cometieron errores como pedir prestado sin tener capacidad de pago. Óyeme, eso es una violación a los topes constitucionales”, cuestionó.
“Si bien el informe de la contralora es parte del deber que ella tenía desde hace muchos años, llegó tarde…El que ella termine concluyendo que se cometieron errores, pero que la deuda es legal es un análisis muy superficial, porque ni siquiera hace el recuento de que la Junta de Control Fiscal ya había advertido que habían ilegalidades y lo había planteado en los tribunales. Ella no contesta eso ni lo menciona”, continuó.
Por otro lado, Prados entiende que es necesaria una auditoría forense para establecer la comisión de delitos por parte de funcionarios gubernamentales y otros actores que intervinieron en el proceso de emisión de la deuda.
“Tiene que evaluar la legalidad en términos de esos trabajos que hicieron esos profesionales de las distintas áreas hasta códigos de ética que se tienen que aplicar aquí; deberes fiduciarios que tenían muchas de estas juntas de gobierno. Nada de eso la contralora lo hace. Además tampoco hay una auditoría forense y la contralora no tiene el expertis para hacer una evaluación de este tipo. Ella lo ha reconocido en el pasado. Ahí tendríamos que hablar de la comisión de delitos económicos. Eso es algo que, en temas de deuda, ella reconoció que necesitaría un equipo adicional para eso”, resaltó.
A preguntas de cuál podría haber sido el panorama para Puerto Rico si se hubieran considerado los factores anteriores al momento de hacer la auditoría, Prados indicó se pudo haber reducido sustancialmente la deuda.
“Lo primero es que hubiéramos estado en mejor posición de llegar al tribunal y solicitar la cancelación de la deuda emitida ilegalmente. La misma Junta planteó que bonos de, por ejemplo, Edificios Públicos, habían violado el tope constitucional, ellos mismos dicen que la deuda era nula. Por lo tanto, una deuda nula es una deuda que no tiene que ser pagada porque fue en violación de la ley y los reglamentos”, señaló Prados al tiempo que recordó que todo el tiempo se está cancelando deuda a deudores privados.
Adicional, si se hubiera hecho una auditoría más completa antes, la Junta estaría en la posición de adjudicar responsabilidades y que los responsables de las quiebras respondieran con sus propios activos.
“Esto incluso les hubiera permitido a los deudores más pequeños recibir una compensación mayor que a otros actores que sí estaban en condiciones de pagar”, analizó.
Desde figuras políticas hasta miembros de firmas de contabilidad, bufetes de abogados y casas acreditadoras habrían tenido que responder si se hubiera completado una auditoría abarcadora sobre la emisión de la deuda como la que pide la organización.
“Si uno pudiera hacer el conteo del dinero que se les pagó a bufetes de abogados, firmas de contabilidad, los asesores que ayudan (underwriters / aseguradores), estamos hablando de millones y millones y millones de dólares que estas entidades no están teniendo que asumir para que al final lo pague el pueblo de Puerto Rico”, abundó.
En el informe de la contralora, disponible en el sitio web de la oficina, se indica que se emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Este tipo de opinión se realiza cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El texto incluye 10 resultados del examen de ocho emisiones de bonos de ocho entidades gubernamentales entre el 2007 al 2014 por $13,806 millones. “La auditoría concluyó que la aprobación de las emisiones de bonos, se realizaron en todos los aspectos significativos de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, especificó el informe divulgado el pasado 25 de noviembre.
“Sin embargo, de las pruebas efectuadas se identificaron situaciones relacionadas con los ingresos necesarios para el pago de la deuda, según las fuentes de repago establecidas en las emisiones de bonos. Estas fuentes de repago resultan de las asignaciones legislativas, de los impuestos, o los ingresos propios. El uso de los fondos recibidos de las emisiones de bonos, se evaluará en una segunda auditoría”, añadieron desde la OCPR.
En resumen, a pesar de que el gobierno y las corporaciones públicas emitieron bonos sin tener ingresos suficientes para cubrir tales obligaciones y se aprobaron leyes para tomar prestado, las acciones se ejecutaron bajo la ley y Constitución local.
La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público se creó para dar continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, una entidad gubernamental eliminada, en abril de 2017, por el entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien derogó la Ley 97 de 2015.
A juicio de la entrevistada, uno de los mayores logros del frente es que amplió la discusión dentro y fuera de la isla más allá del ángulo fiscal de la deuda.
“Hemos logrado que la gente habla desde otros entendidos y miradas. Nosotros no nos estamos inventando esta respuesta. Es la respuesta que se ha ido trabajando desde otros contextos, en otros países que han enfrentado situaciones similares. El mejor ejemplo de la propuesta de una auditoría de la deuda empieza en Ecuador, luego en Brasil, que fueron dos países soberanos que tuvieron problemas bien fuertes de deuda y de quiebra; en Argentina también. Entonces todos esos ejemplos nos sirvieron de base para entender que, antes de poder tomar acción sobre los problemas de endeudamiento, se tenía que analizar la legalidad de esa deuda; quiénes llevaron a que esto llegara al nivel que llegó. Que alguien vaya a quiebra no es lo mismo que un gobierno entero vaya a quiebra. Si la quiebra en sí termina siendo un recurso legal para ayudar a un deudor que no puede pagar, la realidad es que sigue siendo un error en el manejo de las finanzas”, formuló.
