Proceso de quiebra de la AEE en Puerto Rico continúa pospuesto; jueza Taylor Swain extiende mediación hasta el 30 de abril
Los procesos en el territorio se han visto impactados por una decisión del Primer Circuito de Boston que beneficia a los bonistas
El distrito financiero en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – La moratoria judicial en el caso por el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Puerto Rico fue extendida por la jueza de distrito de Nueva York, Laura Taylor Swain, hasta el 24 de marzo con el fin de lograr un convenio con los bonistas inconformes con lo presentado por la Junta de Control Fiscal (FOMBR).
Se suponía que la moratoria durara hasta el 31 de enero. Lo que se esperaba hasta el mes pasado era que la jueza decidiera sobre la moción presentada por los bonistas disidentes o inconformes con el PAD para que se suspendiera la paralización automática de los litigios que radicaron.
Además, la expectativa era que la jueza atendiera el pedido de los bonistas para designar un síndico que opere la AEE y maneje los activos de la corporación. Lo anterior podría implicar aumentos en la tarifa eléctrica de los abonados para el pago de la deuda.
Sin embargo, a finales de enero, junto con la extensión a la moratoria, Taylor Swain autorizó la contratación de PJT Partners como nuevo asesor del Equipo de Mediación. La apuesta de la jueza es que las partes lleguen a un acuerdo como parte del proceso de quiebra en Puerto Rico.
Al mismo tiempo, la jueza amplió los trabajos del grupo hasta el próximo 30 de abril.
La decisión fue en respuesta a una moción presentada por los mediadores, y, en particular, a las observaciones de la jueza Shelley C. Chapman, y del juez de quiebras Bredann L. Shannon, de acuerdo con el reporte de El Nuevo Día.
“El Equipo de Mediación y PJT ya se ha reunido por varias horas con los principales y profesionales de los bonistas objetores y esas discusiones continúan”, indica el informe de los jueces al que hace referencia el periódico.
Para el Equipo de Mediación los siguientes meses serán un “período de tremendo compromiso” que podría servir, no solo para llegar a consensos sobre el plan en sí, sino para establecer una agenda que facilite la resolución de otras controversias de derecho que se encuentran pendientes.
“El Equipo de Mediación indica que radicar y llevar a juicio un plan no consensuado en este momento sería, con toda probabilidad, una pérdida del valioso tiempo del tribunal y de los recursos de las partes, y definitivamente, no sería en el mejor de los intereses del pueblo de Puerto Rico”, argumentaron los jueces.
Esta es la tercera vez que los mediadores reclutan a asesores financieros para intentar agilizar los procesos.
La Junta no ha certificado plan fiscal de la AEE del 2024
Otro inconveniente para avanzar con un acuerdo es que la Junta no ha certificado el plan fiscal de la AEE del 2024, lo que es requerido como parte de la restructuración.
Adicional, los más recientes procesos judiciales bajo el Título III de la ley PROMESA han estado marcados por la decisión del Tribunal del Primer Circuito de Boston de junio pasado.
El foro en Massachussets determinó que los tenedores de bonos de Puerto Rico tienen derecho a cobrar la totalidad de los mismos o unos $8,500 millones dólares, pero de los ingresos netos de la AEE.
Taylor Swain había determinado que los bonistas podrían recuperar unos $2,400 millones.
El pasado 24 de noviembre, el tribunal de apelaciones ratificó el fallo a favor de los bonistas. La Junta solicitó una reconsideración que todavía no ha sido atentida, según el informe de El Vocero.
Para líderes como Eva Prados, presidenta de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, tener a disposición el plan fiscal de 2024 es clave en los procesos.
“Estamos esperando que se presente un plan fiscal en el que podríamos ver el análisis de la Junta sobre lo que Puerto Rico podría pagar de la deuda”, dijo a El Diario.
En ese sentido, Prados argumentó que el Primer Circuito no está considerando la falta de capacidad de pago del territorio, mientras la Junta no es contundente al respecto.
“En un análisis más legal que económico, el Primer Circuito le reconoce un derecho a los bonistas que, hasta cierto punto, se sabe que existe un derecho a cobro, pero ignora, en ese proceso judicial, la capacidad de pago…La Junta de Control Fiscal parece insistir y mantenerse en que, aunque ellos tienen un derecho a cobrar, nosotros no tenemos capacidad para pagarle”, expuso la entrevistada.
Añadió: “Sí nos preocupa que la Junta se ha mantenido firme diciendo que las pretensiones de estos bonistas no son reales, pero, aún así, esté buscando la manera de lograr pagarles más para poder llegar a un acuerdo con ellos”.
Para Prados, el PAD de la Autoridad es el más importante porque sus disposiciones afectarían directamente el bolsillo de los puertorriqueños.
“Es el plan de ajuste más importante, probablemente, de todos los planes de ajuste que se han aprobado…Si el plan de ajuste del gobierno central era importante porque era el que tenía que ver con el funcionamiento del gobierno, el Plan de Ajuste de la Deuda de Energía Eléctrica (AEE) afecta a todo el mundo. Por eso es que nosotros estamos bien preocupados, porque este sí que va a ir al bolsillo de todo el mundo, comerciantes, familias trabajadoras, pobres; todos se van a ver afectados”, anticipó.
Prados entiende que el impacto detrimental que tendrían los aumentos en la tarifa a largo plazo se traducirían en un efecto contrario o en la imposibilidad de pagar la deuda.
“Si bien ellos pueden decir que quieren que les pague el 100%…eso, en tres, cuatro, cinco años, se les va a poder pagar cero. Lo que pasa es que cuando tú aumentas la luz, la gente empieza a ahorrar en el uso de la energía…, así que la gente empieza a bajar su consumo. Puede pasar que el aumento en la luz tenga el efecto contrario a lo que se espera, que no pueda el gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica recaudar lo que se necesita para pagarle a esos bonistas”, analizó.
La Comisión que dirige Prados tramitó más de 800 objeciones al PAD en marzo pasado durante las vistas de confirmación en el Tribunal Federal en la isla.
“Ayudamos a sobre 800 personas para que presentaran objeción a los aumentos a la luz propuestos en el plan, que, aunque eran menos de lo que se había propuesto antes, estos ciudadanos mostraron que seguiría teniendo un impacto, sobre todo a los comerciantes, trabajadores y pensionados”, recordó.
Algunas de estas personas depusieron ante la jueza, quien reconoció el impacto que el plan podía tener en sus vidas.
“Pero los bonistas no han cedido; han seguido peleando. Hay dos grupos de bonistas, uno que ha aceptado la oferta de la Junta y otros que se niegan a ceder ni un ápice e insisten en que se les pague el 100% de la deuda…”, cuestionó Prados.
