Representantes demócratas en el Congreso federal piden a Trump declarar emergencia energética en Puerto Rico por apagones
El comisionado residente Pablo José Hernández; el representante de Florida, Darren Soto; y el de Nueva York, Ritchie Torres, enviaron una carta al republicano
Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Puerto Rico. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – Por entender que las condiciones de la red eléctrica en Puerto Rico continúan poniendo en riesgo la salud, la seguridad y la estabilidad económica de los residentes en el territorio, tres representantes boricuas en la Cámara federal le enviaron una carta al presidente Donald Trump para solicitarle que declare una emergencia energética.
En la misiva de dos páginas se destaca el impacto del apagón del pasado 31 de diciembre a poco para la despedida de año que dejó a todo el país a oscuras.
“Los recientes eventos nuevamente traen a la luz la necesidad de una acción urgente y pasos inmediatos a corto plazo para mitigar la crisis en la red eléctrica en Puerto Rico. El 31 de diciembre de 2024 un apagón masivo dejó a Puerto Rico sin electricidad creando una reacción en cadena que afectó todos los activos de generación y subrayó la continua vulnerabilidad de nuestra red eléctrica”, expone la misiva con fecha del 6 de febrero.
“Este apagón afectó a más de 1.2 millones de residentes. La isla sufrió apagones similares en junio en los que 340,000 residentes resultaron afectados. De acuerdo con el sitio web de LUMA Energy, 14,000 residentes o más todavía están experimentando interrupciones en el servicio”, indican los suscribientes en referencia a la compañía privada que opera la distribución y transmisión de electricidad en la isla desde el 2021.
La carta fue firmada por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández; el representante de Florida, Darren Soto; y el de Nueva York, Ritchie Torres.
Piden un acercamiento más práctico y expedito
En la carta, los representantes argumentan que estos repetidos fracasos son resultado del lento proceso de reconstrucción, y que la isla necesita un acercamiento práctico y expedito.
“El acercamiento actual bajo los planes y programas de recuperación federal existentes- particularmente esos enfocados en la infraestructura a largo plazo- no han sido suficientes para atender los retos inmediatos que enfrentamos. Puerto Rico necesita un acercamiento expedito y práctico para estabilizar la red a corto plazo y construir la resiliencia necesaria para resistir futuros desastres naturales e interrupciones inesperadas”, señalaron.
En ese contexto mencionaron el pedido que hizo, a principios de enero, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, a los mismos fines.
A juicio de los legisladores, “una declaración federal como esa le permitiría al gobierno federal proveer la flexibilidad regulatoria necesaria y aceleraría el despliegue de proyectos críticos de energía resiliente”.
En la carta que González envió al entonces presidente Joe Biden, la funcionaria destacó la necesidad de proveer mayor capacidad de generación.
“Si se concede, esta declaración de emergencia federal le debería permitir a la Casa Blanca instruir a las agencias apropiadas, incluyendo el Departamento de Energía (DOE) y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), a moverse inmediatamente para apoyar los esfuerzos de recuperación, incluyendo el despliegue e instalación de capacidad de generación adicional”, lee parte de la carta.
Añade: “Esto ayudaría a estabilizar el sistema para restablecer el servicio confiable hasta que los proyectos más grandes sean construidos usando los recursos y las tecnologías más fácilmente disponibles”.
Hernández inició labores este año como comisionado residente en Washington D.C., puesto que ocupó González desde el 2017. Aunque puede someter legislación, un comisionado o comisionada solo puede votar en los comités a los que pertenece, no en el pleno de la Cámara. Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD), ha insistido en que uno de los temas a los que le dará particular atención es al de modernización de la red y la reconstrucción en general. Otros de los tópicos ante su consideración es la paridad en fondos federales para programas de salud y asistencia nutricional que aplican en Puerto Rico.
El PPD es opositor al oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) al que pertenece González.
A pesar de las evidentes diferencias entre ambos líderes en temas como el estatus, ambos han expresado disposición para colaborar en otros asuntos en beneficio de Puerto Rico.
Torres, por su parte, se ha expresado en múltiples ocasiones sobre el tema de fondos federales para el sistema eléctrico y la gestión de agencias como FEMA y Luma Energy en los procesos.
En septiembre pasado, por ejemplo, Torres introdujó el Acta de Estabilización de Emergencia de la Red Eléctrica (Emergency Electric Grid Stabilization Act) para ampliar la facultad que tiene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para intervenir en Puerto Rico, y, de esta forma, establecer un sistema permanente de generadores de emergencia para hacer frente a los apagones.
“El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha construido 16 generadores en Palo Seco y San Juan. Y esos generadores colectivamente producen 350 megavatios de energía en la isla, proveyendo electricidad a 100,000 hogares. Es imperativo que establezcamos un sistema permanente de generadores de emergencia para estados y territorios cuyas redes eléctricas están en crisis. La intención de esta legislación es darle al Cuerpo de Ingenieros la autoridad que no tiene. FEMA originalmente prometió entre 600 a 700 megavatios de generación, pero solo ha provisto la mitad”, planteó el representante en ese momento.
Torres también ha cuestionado la resistencia de FEMA en ajustar los costos por inflación para poder adelantar proyectos de obra pública en Puerto Rico que permanecen estancados.
FEMA se mantiene en la postura de que no es viable alterar la fórmula o metodología bajo la que se calculan los costos, ya que lo anterior iría en contra de la propia esencia o fin de la Sección 428 de la Ley Stafford que establece los factores de inflación en los estimados de costo fijo.
Bajo la referida sección, los proyectos de reconstrucción de más $1 millón están sujetos a un estimado de costo fijo, por lo que si el mismo excede el estimado original, las obras están en riesgo de completación.
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