Poco antes de audiencia de confirmación de nominada a Educación, Linda McMahon, empleados del Departamento son despedidos
Muchas de las terminaciones en el Departamento de Educación afectaron a empleados probatorios, aunque otros también fueron retirados de sus puestos
Linda McMahon, nominada como secretaria del Departamento de Educación, en una gala de America First Policy Institute en Mar-a-Lago, en noviembre pasado. Crédito: Alex Brandon | AP
Nueva York – Aunque todavía el Senado no confirma como secretaria del Departamento de Educación a Linda McMahon, quien facilitaría el desmantelamiento de la agencia a tono con los planes del presidente Donald Trump de reducir el gasto gubernamental, ya se empiezan a reportar cambios en la estructura de esa oficina federal con supuestos despidos de empleados.
Informes de medios como Político apuntan a que este miércoles empleados recibieron cartas de cesantías.
El número exacto se desconoce.
Fuentes familiarizadas con el tema revelaron al medio, bajo condición de anonimato, que muchas de las terminaciones afectaron a empleados probatorios, aunque otros también fueron retirados de sus puestos.
De acuerdo con la información, notificaciones de despidos fueron distribuidas a trabajadores en departamentos relacionados con derechos civiles, asuntos legales, ayuda federal estudiantil y comunicaciones.
Los avisos especifican que las personas tienen el derecho a apelar el procedimiento si creen que la acción fue tomada por motivos político partidistas o por estado civil.
En unas declaraciones a la publicación, un portavoz de la agencia dijo que el Departamento no comenta sobre asuntos de personal.
La información de los despidos trascendió el mismo día en que el juez federal George O’Tool permitió a la Administración Trump continuar con su plan de indemnizaciones a los empleados federales que acepten renunciar, como medio para reducir el tamaño del gobierno federal.
Según la Casa Blanca, de unos 2,3 millones de empleados que pueden acogerse a la alternativa, al momento, unos 65,000 habían aceptado el acuerdo.
La audiencia de confirmación de McMahon en el Senado este jueves se supone que empiece a las 10 a.m.
Se espera que McMahon, cuyas capacidades para la posición han sido cuestionadas por varios sectores, conteste preguntas sobre las intenciones del presidente de cerrar varios programas no protegidos por ley y pasar el poder administrativo a los estados a tono con un proceso más amplio para desmantelar el Departamento. Trump necesita acción del Congreso para abolir completamente la agencia.
Más que por sus aportes educativos, McMahon es conocida por ser la cofundadora de World Wrestling Entertainment junto a su esposo Vince. La nominada fue miembro del Concejo de Educación de Connecticut por, aproximadamente, un año, y sirvió como administradora de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) durante el primer mandato de Trump.
Miembros del comité senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, donde se llevará a cabo la audiencia, podrían indagar, por ejemplo, sobre la visión de educación privada que favorece McMahon y cómo impactaría su gerencia en el Departamento.
Por unos cuatro años, McMahon estuvo a cargo de America First Policy Institute (AFPI), entidad que respalda la redirección de fondos federales para escuelas privadas y entrenamiento en carreras técnicas.
AFPI fue fundado en el 2021 por antiguos asesores de Trump.
Fondos federales para estudiantes discapacitados
El rumbo de fondos federales para programas dirigidos a estudiantes discapacitados es uno de los temas que más preocupa no solo a organizaciones educativas sino a legisladores, particularmente, demócratas.
Durante la primera administración de Trump, el Congreso rechazó múltiples intentos para eliminar el financiamiento para las Olimpiadas Especiales y otros programas que promueven la participación e integración de estudiantes de dicha población. En esa dirección, el rol del gobierno federal es clave para garantizar el desarrollo de programas a la luz de leyes como IDEA (Ley de Educación para Individuos con Discapacidades).
Entre otras cosas, la ley establece los requisitos mínimos que deben cumplir los estados para recibir fondos federales de educación especial.
Por otro lado, activistas han alertado sobre el impacto que pudiera tener cualquier impulso de las políticas educativas contenidas en el conservador Proyecto 2025, del que Trump ha intentado desvincularse sin éxito desde antes de las elecciones. El documento establece que los fondos bajo IDEA vayan, a través de Administration for Community Living (ACL), directamente a los distritos que deberán determinar su uso.
Lo anterior, según K-12 Dive, abriría la puerta para que los estados establezcan diferentes prioridades para financiamiento de programas de educación especial mediante subvenciones, lo que podría afectar “drásticamente” los derechos de los estudiantes.
Los fondos federales para programas educativos no solo impactan a estados, sino a territorios como Puerto Rico.
En el 2024, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) recibió $2,869,674,000 en fondos federales. Para el año fiscal 2024-2025, según el DEPR, se solicitaron $3,041 millones, un aumento de $423 millones en comparación con el año anterior. La Administración Pierluisi junto a la de Biden- Harris inició un proceso para descentralizar la agencia en la isla, eliminar la burocracia y otorgar más control a las regiones para el manejo de fondos. El rumbo del proyecto con la llegada de Jenniffer González como gobernadora se desconoce, al tiempo que el impacto de cualquier cambio en el organigrama a nivel federal continúa preocupando a boricuas dentro y fuera de la isla.
Entre los programas educativos que operan con fondos federales en Puerto Rico se encuentran: Título IV-A, Título IV-B y Título II-A.
En la Cámara, hay al menos dos proyectos presentados por republicanos para eliminar el Departamento de Educación federal.
Hace, aproximadamente, una semana, luego de que trascendiera información sobre la preparación de una orden ejecutiva a los mismos fines, varios demócratas en Cámara y Senado y el independiente Bernie Sanders enviaron una carta a la secretaria en funciones, Denise Carter, para que explicara cómo el Gobierno se aseguraría de darle continuidad a los fondos y a la administración de programas como los mencionados.
Aparte de Sanders, miembro de alto rango del referido comité senatorial, la carta fue firmada por otros legisladores clave en la discusión del tema como la demócrata de Washington, Patty Murray, vicepresidenta del Comité de Apropiaciones del Senado; el demócrata de Virginia y miembro de alto rango del Comité de Educación y Fuerza laboral de la Cámara, Bobby Scott; y la demócrata de Connecticut, Rosa DeLauo, miembro de alto rango del Comité de Apropiaciones de la Cámara.
