ICE y las deportaciones aceleradas enfrentan desafío legal (podcast)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autorizó a su agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procesar a inmigrantes para deportaciones aceleradas, rápidas o exprés, a fin de cumplir con los objetivos de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump.

Este tipo de deportaciones aplica regularmente para aquellos inmigrantes indocumentados detenidos a máximo 100 millas de la frontera o que no pueden demostrar que llevan más de dos años viviendo en los Estados Unidos.

En su primera administración, el gobierno de Trump implementó tal política, pero una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) logró bloquearla, en medio de preocupaciones porque los inmigrantes no tendrían derecho a su audiencia en una corte.

Ahora, la Administración Trump enfrenta un nuevo desafío en tribunales, en medio del plan de deportaciones masivas.

La nueva demanda es liderada por ACLU, la ACLU del Distrito de Columbia y la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York, a nombre de Make the Road New York, que atiende a las comunidades inmigrantes que podrían enfrentar la deportación acelerada.

“Ampliar la deportación acelerada le daría a Trump un código de trampa para eludir el debido proceso y la Constitución”, advirtió Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este caso.

La abogada Paige Austin, de Make the Road New York, explica en el podcast ‘El Diario Sin Límites’, los detalles de la regla de deportaciones aceleradas y sobre la demanda.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Una de las principales preocupaciones es exigir a los inmigrantes demostrar su estancia en el país, algo que no podrían hacer en forma inmediata, una vez detenidos por ICE.

“La política se dirige a los inmigrantes de todo el país que no puedan demostrar que han estado en el país de forma continua durante dos años o más”, dicen los demandantes. “Según esta norma, los inmigrantes que se han integrado a nuestras comunidades y contribuyen a ellas obtendrían menos debido proceso al impugnar su deportación que al impugnar una multa de tráfico”.

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