Jueza federal ordena a la administración Trump reanudar apoyo legal a menores migrantes
La jueza Araceli Martínez dijo que mantener la financiación de asistencia legal a menores migrantes no acompañados promueve la equidad en el sistema migratorio

En esta foto de archivo del 18 de junio de 2014, se ven niños durmiendo en una celda donde cientos de niños inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, son procesados y retenidos en el Centro de Colocación de Nogales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB) en Nogales, Arizona. Crédito: Ross D. Franklin, Pool | AP
Un tribunal federal de California ordenó al gobierno de Donald Trump restablecer temporalmente la asistencia legal para miles de menores migrantes no acompañados en Estados Unidos. La medida, dictada el martes por la jueza Araceli Martínez-Olguín, responde a una demanda presentada por grupos de asistencia legal que denunciaron la cancelación de un contrato clave.
La decisión llega después de que, el 21 de marzo, la administración republicana rescindiera un acuerdo con el Centro Acacia para la Justicia, entidad que facilitaba servicios legales a niños migrantes a través de organizaciones subcontratadas.
Sin esta ayuda, más de 26.000 menores corrían el riesgo de enfrentar procesos migratorios sin representación.
La jueza determinó que los demandantes plantearon dudas legítimas sobre si la medida violaba la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008. En su fallo, subrayó que mantener la financiación de la asistencia legal promueve la equidad en el sistema migratorio, según Associated Press.
La orden entrará en vigor este miércoles y se mantendrá hasta el 16 de abril.
El gobierno, por su parte, argumentó que no tiene la obligación de financiar la asistencia legal de menores migrantes, especialmente en un contexto de recortes presupuestarios.
Los demandantes, sin embargo, no buscan la restitución del contrato con Acacia, sino garantizar el uso de los fondos aprobados por el Congreso para la representación de los menores.
Karen Tumlin, del Centro de Acción por la Justicia, advirtió que la administración no puede retirar estos recursos sin establecer un plan claro para proteger a los niños en procesos migratorios, según AP.
La jueza Martínez-Olguín, designada por Joe Biden, deberá evaluar en las próximas semanas los argumentos de ambas partes antes de una decisión definitiva.
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