Trump cancela el Seguro Social de miles de inmigrantes calificándolos como muertos para forzarlos a irse

La administración Trump busca cancelar el Seguro Social a inmigrantes indocumentados para provocar su "autodeportación" al hacerles inviable la vida en EE.UU.

Edificio de oficinas de la Administración del Seguro Social, el jueves 6 de marzo de 2025, en Nashville, Tennessee.

Edificio de oficinas de la Administración del Seguro Social, el jueves 6 de marzo de 2025, en Nashville, Tennessee.  Crédito: George Walker IV | AP

La administración de Donald Trump comenzó a cancelar los números de Seguro Social de más de 6,000 inmigrantes vivos, clasificándolos como fallecidos para cortarles el acceso a servicios básicos y forzarlos a abandonar Estados Unidos

La medida, avalada por la Administración del Seguro Social, supone la cancelación de los números de Seguro Social de los afectados, lo que impide su acceso al sistema bancario, arrendamientos, empleo formal y otros servicios esenciales.

El objetivo, según dijeron funcionarios de la administración Trump a Associated Press, es provocar su “autodeportación” al hacerles inviable la vida en el país.

“Al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston.

Huston añadió que esta política refleja la promesa del presidente Trump de impulsar deportaciones masivas y restringir cualquier beneficio a los inmigrantes en situación temporal.

La estrategia se apoya en una herramienta poco usual: el “archivo maestro de defunciones”, una base de datos utilizada tradicionalmente para registrar a personas fallecidas en EE.UU. Es allí donde el Gobierno ha comenzado a transferir los nombres y números de Seguro Social de inmigrantes que llegaron legalmente bajo programas habilitados durante la presidencia de Joe Biden.

CBP One

Aunque no se ha detallado el criterio exacto de selección, se sabe que el foco está puesto en aquellos que ingresaron con permisos temporales mediante la aplicación CBP One, lanzada en la anterior administración.

El lunes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional ya había revocado el estatus legal de quienes accedieron por esa vía.

En total, más de 900.000 inmigrantes fueron beneficiarios de ese programa, que permitía la estancia por hasta dos años con autorización de trabajo. Ahora, ese grupo ha quedado sin respaldo legal, y se les ha indicado que deben abandonar el país voluntariamente.

Fuentes del gobierno aseguraron al Washington Post bajo condición de anonimato, que la siguiente etapa incluirá a cerca de 92.000 indocumentados con condenas penales. Posteriormente, se aplicaría a otros inmigrantes sin historial delictivo, ampliando así el alcance de esta política de presión económica.

“Serán tratados como muertos por bancos, agencias federales, empleadores y caseros”, comentó un funcionario al Washington Post, uno de los primeros medios en informar sobre la iniciativa. El mensaje es claro: sin medios para sostenerse, no quedará más opción que marcharse.

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