Pareja latina con TPS acusada en Miami por fraude con fondos de ayuda por covid-19

Freddy Urribarri y Mairilin Muñoz, dos hispanos con TPS, enfrentan cargos por conspirar para cometer fraude electrónico y lavado de activos en Miami

Los dos venezolanos fueron acusados en Miami. Foro referencial.

Los dos venezolanos fueron acusados en Miami. Foro referencial. Crédito: Lynne Sladky | AP

Una pareja de ciudadanos venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) fue acusada este martes en Miami por haber participado presuntamente en un esquema de fraude y lavado de dinero relacionado con fondos federales para asistencia económica durante la pandemia.

Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, enfrentan cargos por conspirar para cometer fraude electrónico y lavado de activos, según anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Las autoridades los acusan de haber presentado solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés), una iniciativa creada por el gobierno de EE.UU. para apoyar a pequeños negocios impactados por la crisis del covid-19.

De acuerdo con la acusación formal y las declaraciones realizadas en audiencia pública, Urribarri y Muñoz habrían manipulado documentación tributaria para justificar los préstamos, tanto en solicitudes individuales como en nombre de una empresa bajo su control.

La firma en cuestión, FU&MM General Services, fue utilizada para una tercera solicitud. En ese trámite, los imputados supuestamente inflaron las cifras de ingresos y el número de empleados, lo que les permitió obtener un préstamo de aproximadamente $438,000 dólares.

Ambos figuraban como presidente y vicepresidenta de la compañía.

Además del fraude, el caso también involucra cargos por blanqueo de capitales. La Fiscalía sostiene que el dinero obtenido de forma fraudulenta fue canalizado a través de transacciones financieras con la intención de ocultar su origen ilícito.

La acusación se produce en el marco de una ofensiva del Departamento de Justicia para detectar el uso indebido de fondos de ayuda por la pandemia, un tipo de fraude que ha dejado pérdidas millonarias al Estado.

Con información de EFE.

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