Trump pidió al Supremo permitir que el equipo de Musk acceda a datos de Seguridad Social
La información en los registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental, información del permiso de conducir y otros datos
Elon Musk dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental Crédito: Alex Brandon | AP
El gobierno estadounidense solicitó este viernes al Tribunal Supremo que permita a los miembros del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental, que dirige el magnate Elon Musk, acceder a registros personales de la Seguridad Social, después de que una jueza bloqueara temporalmente el acceso a dichos datos.
El escrito del procurador general de Estados Unidos, John Sauer, acusa a la jueza de abusar de su autoridad, un argumento que la administración del presidente Trump está enarbolando en varios procesos para cancelar los bloqueos con los que se han topado en los tribunales sus medidas más polémicas.
Según Sauer, la orden emitida el pasado 20 de marzo por la magistrada federal Ellen Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, “inflige un daño continuo e irreparable a las urgentes prioridades federales y obstaculiza las funciones del poder Ejecutivo”.
En línea con los cuestionamientos de las resoluciones judiciales del actual gobierno estadounidense, Sauer considera que la orden temporal de Hollander es “una historia ya conocida” y que implica a un tribunal emitiendo “una medida cautelar de amplio alcance sin la autoridad legal para hacerlo”.
La orden de Hollander está relacionada con la concesión a 10 personas afiliadas al DOGE de acceso sin restricciones a registros de millones de estadounidenses en la Seguridad Social.
La información contenida en esos registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental personal, información fiscal y del permiso de conducir, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios particulares y laborales, registros de nacimiento y matrimonio y de inmigración y/o naturalización, entre otros.
Los demandantes fueron la Federación Estadounidense de Profesores, la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales y la Alianza para Jubilados Estadounidenses que consideraron que se concedió acceso a toda esa información sensible a personal sin preparación para la gestión de dichos datos privados.
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