Familias de venezolanos detenidos en El Salvador piden a la CIDH medida contra Nayib Bukele
Desde mediados de marzo, más de 230 migrantes han sido enviados al Cecot bajo la acusación de que tienen vínculos con el Tren de Aragua
Crédito: Ariana Cubillos | AP
Más de una docena de familias venezolanas presentaron este viernes una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiendo la liberación de sus seres queridos, encarcelados en El Salvador tras ser expulsados desde Estados Unidos.
La petición la presentó una coalición de organizaciones con sede en Estados Unidos y busca que la CIDH emita una medida de emergencia contra el gobierno de Nayib Bukele por lo que califican como la detención ilegal de cientos de migrantes, principalmente venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión conocida por sus denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Desde mediados de marzo, más de 230 migrantes han sido enviados al Cecot bajo la acusación de que, según la administración de Donald Trump, tienen vínculos con el Tren de Aragua, organización que Washington incluyó en su lista de grupos terroristas.
Sin embargo, medios como Bloomberg señalan que cerca del 90% de los detenidos no tienen antecedentes penales.
Incomunicados y sin acceso a sus abogados ni familias
“Esto es un fracaso moral y legal de dos gobiernos y una emergencia de derechos humanos que exige atención global”, afirmó Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico, una de las entidades firmantes de la demanda, citada por la agencia de noticias EFE.
Según la denuncia, los migrantes llevan más de dos meses incomunicados, sin acceso a abogados ni a sus familias. Las organizaciones acusan tanto a El Salvador como a Estados Unidos de actuar en complicidad para despojar a estas personas de sus derechos.
“Estas son desapariciones forzadas aprobadas por el Estado y deben terminar ahora”, agregó Mosselmans, quien alertó que muchos de los detenidos tenían solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos al momento de su deportación.
El traslado de migrantes al Cecot forma parte de un acuerdo entre Washington y el gobierno de Nayib Bukele, en el que Estados Unidos se comprometió a pagar $6 millones de dólares anuales para el mantenimiento del sistema penitenciario salvadoreño. Los términos exactos del pacto no han sido revelados públicamente.
Actualmente, esta política se encuentra suspendida por orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos, mientras avanzan varias demandas en contra de las expulsiones. El gobierno de Trump justificó las deportaciones amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, lo que ha desatado un fuerte rechazo entre quienes consideran esta práctica como un grave retroceso legal y constitucional.
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