Jueza respalda uso de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump

Una jueza federal en Pensilvania respaldó al Gobierno de Donald Trump en su estrategia para expulsar a migrantes venezolanos utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, convirtiéndose en el primer fallo a favor de esta política cuestionada en otras cortes del país.

La decisión de la jueza Stephanie Haines permite al Ejecutivo continuar con las deportaciones bajo esa ley de tiempos de guerra, siempre que notifique con 21 días de antelación y garantice el debido proceso.

En su fallo, Haines consideró que la amenaza del Tren de Aragua, banda criminal a la que el Gobierno vincula con los expulsados, justifica el uso de una herramienta legal tan excepcional.

Más de 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron enviados en marzo a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, tras ser acusados por el Ejecutivo de pertenecer a esa organización. Washington ya había clasificado al Tren de Aragua como una agrupación terrorista.

A pesar de ello, informes como el del medio Bloomberg indican que cerca del 90 % de los deportados no tenía antecedentes penales, lo que ha generado múltiples demandas en cortes federales y la intervención de organizaciones como la ACLU, que pide a la Corte Suprema frenar la medida por considerarla inconstitucional.

Batalla legal

Otros tribunales, como los de Texas y Nueva York, han fallado en contra del uso de esta ley por parte del Gobierno, lo que genera una batalla legal que probablemente se definirá en el Supremo.

Mientras tanto, no hay más vuelos programados hacia El Salvador, debido a una orden judicial que mantiene suspendidas las deportaciones hasta nuevo aviso.

Como parte del acuerdo con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el Gobierno de Trump se comprometió a pagar $6 millones de dólares anuales para mantener a los migrantes detenidos en el penal salvadoreño.

Sin embargo, no se han revelado públicamente los términos completos del convenio.

La megacárcel CECOT ha sido blanco de críticas internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos. Aun así, Trump ha defendido su estrategia como una medida necesaria para “proteger la seguridad pública” de Estados Unidos frente a amenazas extranjeras.

Con información de EFE.

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