Activistas de NY ante el fin del TPS para hondureños y nicaragüenses: “Enfrentamos una doble tragedia”
Esos países se enfrentan a escenarios políticos complejos, con una profunda "violencia" y gobiernos de corte autocrático, exponen varios consultados

La activista nicaragüense Damarys Rostrán (en el centro) describe que muchos de sus connacionales están condenados a ser unos apátridas, si deben dejar Estados Unidos. Crédito: Damarys Rostrán | Cortesía
Como es predecible, el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que pone fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) a hondureños y nicaragüenses, puso más combustible al miedo y a la incertidumbre que ya enfrentan estas comunidades inmigrantes centroamericanas de Nueva York. Para muchos, la opción de regresar a sus países de origen, es un “viaje” que los empujaría a varios abismos. Casi todos infernales.
En el caso específico del área tri estatal, algunos registros no actualizados, apuntan a que esta medida afectaría a por lo menos 3,000 hondureños y alrededor de 500 nicaragüenses, beneficiarios de este alivio migratorio.
Las designaciones del TPS para estas dos naciones centroamericanas, se basaron en la destrucción causada por el huracán Mitch, que azotó a Centroamérica en 1998. Ahora esos países enfrentan escenarios políticos complicados, en donde como coinciden activistas desde Nueva York, predomina una profunda “violencia de Estado”, perpetrada por gobiernos calificados como autocráticos.
“Es absurdo que uno de los argumentos para quitar este alivio, que nos protegía de la deportación y nos permitía trabajar legalmente, sea que nuestro país ya se ha recuperado del huracán, cuando está claramente documentado que en Honduras, existe un narcoestado, en donde se han venido eliminado, poco a poco las garantías constitucionales”, indicó el activista catracho, José Sarabia, residente de Queens.
José asegura que aunque muchos de sus connacionales, ya han buscado otras vías para legalizarse en el país, porque “se sabía” que tarde o temprano este beneficio llegaría a su fin, en los hechos a miles el “sistema migratorio” por décadas, no le dio opciones.
“Entendemos que era un estatus temporal, pero cómo le puedes decir ahora a personas, que tienen hasta 18 años aquí, con hijos estadounidenses, que se auto deporten en unos meses, con un bono de $1,000. Mas aún, cuando no tienen récord criminal y solo han aportado a la economía. Es muy irracional”, aseguró.
“Un drama indescriptible”
Asimismo, como esboza Damarys Rostrán, integrante de la mesa de trabajo de Nueva York – Nueva Jersey de la diáspora nicaragüense, esta situación es indescriptible para sus compatriotas, quienes no solo quedan en un limbo migratorio, sino que, según sus propias palabras, se exponen al riesgo de retornar a un país, donde operan “un par de maniáticos dictadores”, que no respetan los derechos civiles, ni los derechos humanos más básicos.
La activista centroamericana, asegura que ahora hay situaciones políticas muy complejas, que ponen en peligro la estabilidad de miles de inmigrantes, que podrían estar forzados a la auto deportación.
“La narrativa que ha impuesto el gobierno autocrático de Nicaragua es que los inmigrantes que vivimos aquí en Estados Unidos, somos unos traidores a la patria. La táctica que han usado en los últimos años, ha sido no dejar entrar a mis connacionales, si vienen de Estados Unidos. Lo cual le quita el derecho fundamental a tener una nacionalidad. Los convierte en apátridas de facto”, aseveró.
Desde 2023, el gobierno de ese país, ha retirado la nacionalidad a más de 300 opositores y los ha declarado “traidores a la patria”. Estas personas ya no tienen derecho a entrar al país como ciudadanos nicaragüenses.
Se calcula que en el área tri estatal de Nueva York hay 50,000 nicaragüenses de acuerdo con los reportes censales de 2020.
Doble abismo
Los nicaragüenses además del TPS, han sido beneficiarios del parole humanitario, lo cual le permitía desde 2023, venir a Estados Unidos con el apoyo de un patrocinador. Un programa también eliminado por la Administración Trump que incluía a los ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela.
En los últimos siete años, se ha documentado un incremento significativo en el número de inmigrantes procedentes de esta nación. Esta nueva ola migratoria, es consecuencia directa de la profunda crisis política y el consecuente estallido social que se originaron en 2018, tras las protestas masivas dirigidas contra la administración del presidente Daniel Ortega, lo que ha desembocado en graves denuncias y reportes de violaciones de derechos humanos.
Ahora, ante la decisión del DHS, Rostrán estima que se despiertan grandes angustias para todos, especialmente para miles de familias mixtas. Es decir, padres inmigrantes con hijos estadounidenses, que quedan al borde de un gran abismo legal.
“Muchos están esperando respuestas a las solicitudes de asilo político, un proceso que el gobierno federal también está revisando. Es un momento muy doloroso, para nuestra comunidad, porque en muchos casos, no tienen un país al que regresar. Y muchos podrían estar expuestos a una represión criminal de la dictadura”, acotó.
Coaliciones reaccionan
Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC) reaccionaron de inmediato a lo que describieron como una “terminación abrupta”, que dejará a miles de inmigrantes neoyorquinos en un limbo legal y en peligro.
“Ahora, sin un camino claro hacia adelante, se está obligando a las familias inmigrantes a vivir en la sombra, a desarraigar sus vidas tras décadas en Estados Unidos o a ser deportadas a países que siguen siendo inseguros. Exigimos al gobierno de Trump que rescinda esta medida y exigimos que el Congreso cree vías legales permanentes para proteger a nuestras familias inmigrantes”, aseveró Murad Awawdeh, Presidente de NYIC.