SOS en Rikers Island: apuran a NYC para que atienda abismal crisis de salud mental en población bajo custodia
Más del 50% de los reclusos están diagnosticados con una afección psiquiátrica. Hay $50 millones adicionales este año para atender esta emergencia

Líderes del Concejo y activistas reclaman además acciones claras para el cierre del complejo que se hunde en una crisis de salud mental. Crédito: John McCarten | NYC Council
Más de la mitad de las personas recluidas en Rikers Island, la cárcel más grande de Nueva York, han sido diagnosticadas con una enfermedad mental, y una de cada cinco padece una afección psiquiátrica muy grave. Ante estos datos demoledores, que se unen a un registro de 42 decesos de internos en los últimos tres años, ya en el presupuesto del año fiscal 2026, están dispuestos $50 millones adicionales para avanzar en programas de atención a la población privada de libertad.
Sin embargo, este lunes líderes del Concejo Municipal y de organizaciones de Derechos Humanos exigieron al alcalde Eric Adams que ponga el acelerador a las inversiones, ante una situación que describen en este verano como caótica: el número de internos crece y la fecha en la cual legalmente el complejo carcelario debe cerrar sus puertas se acerca.
A principios de 2022, la población penitenciaria era de aproximadamente 5,700 personas. Hasta julio de 2025 se contaban 7,600. El plan original establece cerrar este complejo ubicado en una isla de Queens en 2027, pero todo indica que cumplir con ese lapso será muy complicado.
Además de instar a la implementación de estas nuevas inversiones, los defensores también exigen a la administración municipal priorizar de inmediato la apertura, largamente postergada, de cientos de camas de hospital en las cárceles y a aumentar el uso del Programa de Libertad Laboral 6-A, para reducir la población carcelaria en medio de un hacinamiento continuo.
“Durante demasiado tiempo, la Ciudad ha sido incapaz de abordar la crisis de salud mental. Hoy Rikers Island es un centro de salud mental de facto. Es una injusticia peligrosa que debemos afrontar. Están los recursos disponibles, solo queda la acción”, reclamó Adrienne Adams, presidenta del Concejo Municipal.
Por su parte, la Administración Adams esgrime que están en marcha no solo acciones claras para atender los problemas de salud mental de la población penitenciaria, sino que se han dirigido millones de dólares para evitar que las comunidades más vulnerables, especialmente los jóvenes, entren en problemas con la justicia y pongan un pie en alguna cárcel.
Vivienda y más
Los fondos que se espera empiecen a ser distribuidos, entre varias organizaciones, incluye un paquete de programas que apoyan a la inserción social a las personas que han salido del sistema penitenciario.
Entre las inversiones planteadas se esperan una inyección de $4.8 millones al programa de Viviendas de Apoyo para Personas con Problemas de Justicia (JISH) y cumplir con el compromiso de la Ciudad de crear 380 unidades adicionales de unidades habitacionales para personas con problemas de justicia.
Cuando se llegó al acuerdo para cerrar Rikers, la Ciudad se comprometió a crear 500 unidades de vivienda de apoyo. Hasta la fecha solo se han desarrollado 120.
Este año, el Concejo logró obtener los fondos para asegurar que las 380 unidades restantes finalmente se puedan crear, liberando así viviendas muy necesarias para personas con problemas de acceso al sistema judicial, excluidas de otros programas de vivienda con apoyo.
En esta dirección, la Reverenda Wendy Calderón-Payne, directora ejecutiva de Urban Youth Alliance, ponderó que las personas que han formado parte de programas de apoyo, tienen menos del 10% de probabilidad de reincidencia.
“Esto se debe a que atendemos las necesidades que se convierten en obstáculos en sus vidas. Existe una estructura estadísticamente exitosa a través de los programas comunitarios. Solo se necesitan inversiones continuas suficientes para mantener y ampliar los esfuerzos“, aseguró.

“Hay que evitar que entren”
Ante la presión de legisladores y defensores, portavoces de la Oficina de Adams, reiteraron a El Diario que la visión del alcalde es que la “mejor manera de evitar que las personas vayan a la cárcel, es mediante soluciones que eduquen a las personas, antes de que entren en contacto con el sistema judicial”.
La fuente municipal coincidió en que se acaba de aprobar por unanimidad un presupuesto, en el cual se invierten miles de millones de dólares, en ampliar la atención psiquiátrica, el tratamiento del consumo de sustancias, el apoyo a los jóvenes sin hogar y más.
Solo este año fiscal, se están invirtiendo más de $1,7 mil millones en programas que contribuyen a reducir la población carcelaria de la ciudad.
“Solo este verano, estamos invirtiendo millones de dólares en programas como Saturday Night Lights, Summer Rising y otros que apoyan específicamente a jóvenes en riesgo, neoyorquinos con problemas con la justicia y comunidades con altos índices de violencia. Esa es la clave para reducir estructuralmente la población penitenciaria”, indicó el portavoz municipal.
Asimismo, en un comunicado la Alcaldía pondera que desde que NYC Health + Hospitals/Correctional Health Services (CHS) se convirtió en el proveedor directo de atención médica en las cárceles de la ciudad en 2016, ha mejorado la gama de servicios de salud mental que se ofrece al sistema penitenciario de la ciudad.
“También se ha establecido un conjunto de unidades de alojamiento terapéutico en las cárceles que imitan los modelos residenciales de atención de salud mental comunitaria para pacientes con necesidades más significativas“, apuntan.
CHS también ha fortalecido la coordinación con NYC Health + Hospitals/Bellevue y NYC Health + Hospitals/Elmhurst, para brindar atención para pacientes bajo custodia de la ciudad.
Volver a las calles…con apoyo:
- $9.1 millones dispone el presupuesto del año fiscal 2026 para brindar una gestión intensiva de casos antes del juicio a más personas con enfermedades mentales graves y problemas de adicción, lo que reduce la reincidencia y conduce a resultados exitosos.
- $8.9 millones se aprobaron para restablecer completamente los programas que ayudan a reducir el encarcelamiento innecesario y la reincidencia.
- $8 millones para restablecer completamente los programas que apoyan el regreso a las calles de los internos y reducen la reincidencia.