Chavismo dice que recompensa por Maduro pretende alentar la violencia en Venezuela
El gobierno de Estados Unidos ofrece $50 millones de dólares por información que permita la captura de Nicolás Maduro por liderar cárteles de la droga
Nicolás Maduro se juramentó como presidente de Venezuela sin mostrar pruebas Crédito: Cristian Hernández | AP
La Asamblea Nacional de Venezuela dijo este sábado que la recompensa de $50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos para obtener información que permita capturar a Nicolás Maduro es un intento de “alentar a los grupos extremistas” a reactivar la violencia en el país.
En un comunicado leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el órgano legislativo calificó la medida como una “operación” destinada a generar inestabilidad.
“Estas operaciones no buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia, que ha sido derrotada en toda la línea por nuestro gobierno y pueblo”, señaló.
La Asamblea también rechazó las “absurdas y desesperadas acciones” de la fiscal general estadounidense Pam Bondi, quien anunció la recompensa y acusó a Maduro de usar presuntamente organizaciones criminales extranjeras, como el Cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles, para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense.
El Legislativo consideró estas declaraciones como “ilegales” y parte de un “nuevo intento del imperialismo estadounidense” de repetir “viejas fórmulas de injerencia y amenazas inútiles” para alterar la estabilidad y la paz en Venezuela.
Además, expresó su respaldo a Maduro, a quien describió como “garante de la paz” y “protector de la democracia” en el país.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó el viernes que Bondi “está secuestrada por el Partido Republicano” y actúa bajo órdenes del gobierno de Donald Trump.
Cuestionó la duplicación del monto de la recompensa respecto a la cifra ofrecida en enero.
El fiscal general, Tarek William Saab, también condenó la medida, a la que calificó como una “maniobra” que viola el derecho internacional y supone una “grosera intromisión” en los asuntos internos de Venezuela.
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