EE.UU., el país más rico del mundo donde se multiplica el número de personas sin hogar
Las medidas implementadas por Trump permiten el arresto de las personas que vivan en las calles
El número de personas sin hogar se ha disparado a raíz de la pandemia. Crédito: AP
Este domingo, el presidente Donald Trump lanzó una nueva ofensiva contra un grupo vulnerable en la capital del país: “Las personas sin hogar tienen que marcharse de inmediato“, escribió en un mensaje en su red social, TruthSocial.
Y agregó: “Les daremos un lugar en el que quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que mudarse. Los vamos a meter a la cárcel, que es donde deberían estar”. Horas después, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y puso a la policía local bajo su mando directo.
También implementaron el refuerzo de patrullajes nocturnos con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), para “liberar” una ciudad que califica como “sin ley”.
De inmediato, la alcaldesa del Distrito de Columbia, la demócrata Muriel Bowser, han calificado de “desconcertante e improcedente” estas acciones, pues señala que la criminalidad está en descenso.
Las medidas implementadas por Trump permiten el arresto de las personas que vivan en las calles, una decisión que muchas organizaciones califican como “simplista y distorsionada” del fenómeno.
Mientras tanto en 2024, en Los Ángeles la cifra de personas sin hogar se disparó por encima de los 770,000, la más alta desde que empezó el registro del gobierno federal. Esto representa que 23 de cada 10,000 angelinos no tiene un techo para vivir.
¿Por qué crece el número de indigentes en el país más rico del mundo?
Esto ocurre en un país en el que el Producto Interior Bruto (PIB) es de casi $30,000 billones, según el Banco Mundial, el más rico del mundo.
Desde 2007 el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), reportó que en enero de 2024, había en el país 771,480 personas sin acceso a vivienda, un incremento del 18% con respecto a 2023, que también de reportó un repunte del 12% en comparación al 2022. El aumento se dio en todas las categorías poblacionales y de una manera especialmente pronunciada entre las familias con hijos, con un 40%.
Mientras que casi 150,000 menores fueron considerados en el conteo. El único sector que reportó una disminución fue el de los veteranos de las Fuerzas Armadas, con un 8% en 2024, para un total de 32,882, en 2024. También se redujo en 11% el número de exmilitares que no permanecían en albergues o no tenían acceso a otro tipo de residencia temporal, para un total de 13,851.
El informe señalaba que estos números se debían a una crisis nacional de la vivienda y al fin de las ayudas federales de la pandemia –como las moratorias al desalojo o el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia—.
Pero también se debe a la presión demográfica adicional que supuso la llegada de decenas de miles de migrantes en busca de asilo. De hecho, el HUD reportó que la cantidad de familias sin hogar aumentó más del doble en las 13 ciudades donde hubo una mayor cantidad de inmigración. En las 373 restantes la diferencia fue del 8%.
Un ejemplo es Skid Row, un área del centro de Los Ángeles que concentra la mayor cantidad de personas indigentes donde se refugian decenas de familias procedentes de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos que emigraron a Estados Unidos y que están siendo deportados de manera masiva desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a finales de enero.
Las razones de fondo de las personas sin techo
Por su parte, las organizaciones civiles relacionadas con este tema, indican que este problema es complejo, añejo, estructural y multifactorial: La National Alliance to End Homelessness señala que los motivos van desde la escasez de vivienda asequible, ante una brecha cada vez más grande entre los ingresos y el costo del alquiler, el acceso limitado a la atención médica y otros servicios sociales, pero también el racismo y la marginación sistémica.
La organización advierte que el porcentaje de familias que destinan más de la mitad de sus ganancias a pagar el alquiler se ha disparado en la última década, aumentando en más del 12.5% entre 2015 y 2022. De acuerdo con la ONU, una vivienda es asequible cuando dedica menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda.
Por su parte, la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), indica que el trabajador promedio que gana el salario mínimo en EE.UU. debe trabajar aproximadamente 104 horas semanales (equivalente a tener 2.4 empleos a tiempo completo) para poder rentar un apartamento de un dormitorio a un precio “justo” en el mercado.
Además, afirma que hay una escasez de 7.1 millones de viviendas en alquiler asequibles y disponibles para inquilinos considerados de extremadamente bajos ingresos, equivalente a 35 viviendas de ese tipo para cada 100 hogares con ese perfil.
“Cuando los ciudadanos no pueden costear o acceder a servicios sociales y de asistencia sanitaria, esto repercute no solo en su salud sino también en su situación financiera”, señaló Margot Kushel, directora del Benioff Homlessness and Housing Initiative de la Universidad de California San Francisco (UCSF) a la cadena BBC.
La implicación de la orden ejecutiva firmada por Trump
La orden presidencial de Trump afirma que “la vagancia endémica, el comportamiento desordenado, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos” han vuelto las ciudades estadounidenses “más inseguras” y asegura que “la abrumadora mayoría de estos individuos son adictos a las drogas o tienen una afección de salud mental, o ambos (…)”.
Pero que los gobiernos que le precedieron “han gastado decenas de miles de millones de dólares en programas fallidos que abordan la falta pero no sus causas raíces, dejando a otros ciudadanos vulnerables a las amenazas a la seguridad pública”.
Por ello, la orden pide a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los llamados “decretos de consentimiento”, que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles y campamentos a centros de tratamiento.
También instruye brindar asistencia a los gobiernos estatales y locales para el internamiento civil y el tratamiento adecuados de las personas con enfermedades mentales que representan un peligro en las calles.
La decisión presidencial exige además a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar el envío de recursos a estados y ciudades que “hagan cumplir las prohibiciones sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas y el merodeo“.
Asimismo, ordena una amplia recopilación federal de datos sobre personas sin hogar y con discapacidades mentales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la vigilancia, la privacidad y el uso de datos personales, advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Sigue leyendo:
– Toma federal de la policía de Washington D.C enciende la campaña por la alcaldía de NYC
– HRW advierte sobre manipulación en informe de derechos humanos del Gobierno de Trump
– EE.UU. dice que no intervendrá en Venezuela e insta a los ciudadanos a alzarse por la libertad
