Concejo Municipal de St. Louis, Missouri, pide al Congreso que fije fecha para la salida de “La Junta” de Puerto Rico
El organismo adoptó una resolución a esos fines que fue presentada por la concejala de origen boricua Daniela Velázquez
Robert Mujica (centro) continúa fungiendo como el director de la Junta de Control Fiscal luego los seis despidos anunciados por la Administración Trump. Crédito: Mike Groll | AP
NUEVA YORK – Por entender que la estancia en Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) sin una fecha definida de salida retrasa la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la democrática rendición de cuentas, el Concejo Municipal de St. Louis, en Missouri, adoptó una resolución que busca que se fije una fecha para que el organismo deje de operar en la isla.
El esfuerzo legislativo, liderado por la concejala de origen boricua Daniela Velázquez, llama a que el Congreso de Estados Unidos, que creó mediante la Ley PROMESA (“Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) a “La Junta”, establezca una fecha específica para su salida.
El documento de la resolución, divulgado por la funcionaria y por la organización de boricuas en la diáspora “Power4PuertoRico”, tiene fecha de este viernes 19 de septiembre.
El texto indica que los ciudadanos puertorriqueños en la isla merecen los mismos derechos de autogobierno y representación democrática que los que residen en Estados Unidos.
Los concejales argumentan que “las medidas de austeridad impuestas bajo la supervisión de la Junta han minado severamente los servicios públicos, particularmente en educación, cuidado de salud e infraestructura municipal, con devastadoras consecuencias para los más vulnerables”.
En el caso de la Universidad de Puerto Rico (UPR), principal centro docente del país, los suscribientes plantean que ha sufrido recortes presupuestarios de más del 50 %, “poniendo en peligro su misión y accesibilidad”.
En la resolución también se mencionan las reducciones en el “Fondo de Equiparación” que aplica a municipios en la isla.
Lo anterior ha desestabilizado a los gobiernos locales y perjudicado el suministro de servicios esenciales y el mantenimiento de la infraestructura pública, alertan.
El documento también menciona que unos 600,000 puertorriqueños han migrado a territorio continental desde que la Junta empezó a operar en la isla, “un éxodo masivo incentivado por los altos costos de vida, el deterioro de los servicios públicos y las limitadas oportunidades económicas…”.
“La indefinida existencia de La Junta socava la soberanía fiscal, perpetua la dependencia y erosiona la confianza pública en las instituciones gubernamentales”, establece la resolución.
El mensaje finaliza con un emplazamiento al Congreso para que determine una fecha para el fin de sus funciones en P.R., además de solicitar que se ubique al territorio bajo el Capítulo 9 de quiebra como en el caso de Detroit.
La bancarrota bajo el Capítulo 9 aplica a municipios, ciudades, pueblos, condados, etc. Es un proceso bajo el que demarcaciones obtienen protección de los acreedores, mientras desarrollan un plan para ajustar sus deudas.
La resolución además emplaza a la legislatura en Washington D.C. a que asegure una transición en la isla hacia la autonomía fiscal y la gobernanza democrática local, así como una recuperación liderada por las comunidades y en respuesta a los intereses de los puertorriqueños.
La Junta dirige los procesos de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades desde el 2016. Republicanos y demócratas le dieron paso al estatuto federal, y el presidente Barack Obama lo firmó.
Aparte de liderar esos procesos, La Junta debe asegurar que Puerto Rico reingrese a los mercados de capital.
Prácticamente, una década después de su imposición en la isla, todavía el territorio no completa el proceso de reestructuración bajo el Título III de PROMESA.
Más recientemente, la Junta estaba trabajando con el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Sin embargo, los procesos están básicamente paralizados luego de que el presidente Donald Trump, de golpe y porrazo, destituyera a principios de agosto a seis de los siete miembros del organismo bajo el argumento de generar ahorros y evitar el malgasto.
Para los opositores de la Administración y de La Junta, la movida inesperada del presidente busca beneficiar a los bonistas “buitres” en el caso por la deuda de la AEE o los que compraron los bonos con descuento o muy por debajo del valor original en plena crisis financiera en Puerto Rico, pero quieren cobrar la totalidad.
El pedido del Concejo coincide con la demanda presentada por tres de los seis de los miembros despedidos, quienes piden que se les restituya en sus posiciones y que se le impida a la Administración encaminar los despidos.
Arthur González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa son los demandantes en contra de lo que consideran una destitución “ilegal”. Expertos en el tema anticiparon que el nuevo capítulo en la saga por los despidos en La Junta podría complicar aún más los procesos relacionados con la reestructuración de la deuda de la Autoridad.
Hasta el momento, Trump no ha anunciado sus nominados a las posiciones vacantes. Se supone que ese proceso se haga en coordinación con líderes del Senado y la Cámara de Representantes federal.
No es la primera que Velázquez impulsa una iniciativa legislativa a favor de Puerto Rico.
En marzo del año pasado, junto con otros concejales adoptaron otra resolución con la intención de que el Congreso actuara para derogar la Ley 22 en Puerto Rico que concede exenciones contributivas a extranjeros que se relocalicen en la isla.
La legislación local ha provocado repudio de grupos y sectores dentro y fuera del archipiélago que alegan que promueve la gentrificación al elevar el costo de la vivienda, y que ha convertido a la isla en un paraíso fiscal para ricos.
Más, recientemente, o a principios de año, Velázquez lideró los esfuerzos en la diáspora por el caso de la turista Danielle Bertothy, quien en julio pasado se declaró culpable de incendiar varios negocios en el municipio costero de Cabo Rojo, al suroeste de Puerto Rico.
Velázquez se comunicó con los empleadores de la mujer, poco después de que trascendiera la historia en medios y redes sociales, y exigió que tomarán acciones disciplinarias contra ella. Inicialmente, Bertothy fue suspendida de sus labores en la compañía de mercadeo y publicidad, y, posteriormente, fue despedida.
Aquí puedes leer la entrevista de El Diario a la concejala sobre el caso contra Danielle Bertothy
