¿Qué explicación dio la Casa Blanca sobre despidos de miembros de la Junta en Puerto Rico en recientes cartas?
Las misivas forman parte de los archivos en el caso por la demanda de tres de los seis destituidos por el presidente Donald Trump el mes pasado
Foto de archivo del distrito financiero de San Juan, Puerto Rico. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
NUEVA YORK – La Casa Blanca envió cartas a los miembros destituidos en agosto por el presidente Donald Trump de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) en Puerto Rico en la que indican que se les despidió porque no han logrado avances significativos para resolver la crisis fiscal del territorio ni avanzar en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La información consta en un anexo de una moción presentada por los demandantes Arthur González, Andrew Biggs y Betty Rosa el sábado, según reportaron medios en Puerto Rico.
González, Biggs y Rosa son tres de los seis despedidos por Trump el mes pasado.
Las misivas, idénticas, fueron firmadas por la subdirectora de la Oficina de Personal de la Casa Blanca, Morgan DeWitt. Los exmiembros las recibieron antes de la audiencia en el tribunal federal en la isla que se realizó este lunes a raíz de la demanda que presentaron los tres.
Los removidos buscan detener las destituciones a través de un pedido de interdicto por entender que no había causa justificada para sacarlos de sus posiciones.
“La crisis fiscal que asola a Puerto Rico no ha hecho más que agravarse, y bajo su supuesto liderazgo, la Junta de Supervisión Fiscal no ha encontrado una salida a la crisis fiscal de Puerto Rico ni ha logrado avances significativos para resolverla. Los organismos de Puerto Rico siguen sumidos en procesos de quiebra”, plantea la misiva.
El documento argumenta que, casi una década después, la AEE continúa en quiebra y su servicio es menos confiable que entidades públicas similares en territorio continental.
“El presidente señala que un exmiembro de la Junta de Supervisión ha declarado públicamente que la ‘incapacidad de la Junta de Supervisión para resolver la bancarrota de la AEE durante casi una década es vergonzosa y perjudicial’, y que la Junta de Supervisión es responsable de los apagones eléctricos pendientes”, añadió DeWitt.
Aparentemente, la portavoz de la Administración Trump se estaba refiriendo a Justin Peterson, nombrado por el presidente a la Junta en su primer mandato y quien renunció en el 2023. Peterson presentó una solicitud la semana pasada para ser “amigo de la corte” en el caso.
De acuerdo con un artículo en de San Juan Daily Star, los abogados de los demandantes presentaron las cartas como prueba de inexactitudes en los argumentos de la Administración. En ese sentido, mencionaron la supuesta sugerencia incorrecta de que la Junta gastó más $2 mil millones de dólares en sus operaciones. Esa cifra incluso trascendió en una reciente audiencia en el Congreso en referencia a los gastos en los que había incurrido el organismo en casi una década por consultores y asesoría legal.
Los demandantes además destacaron que los desacuerdos sobre los costos aprobados por el tribunal de Título III no constituyen una causa válida para la destitución presidencial bajo la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), que a su vez creó la Junta.
En la audiencia de ayer, la jueza federal María Antongiorgi-Jordán le cuestionó a los representantes del Departamento de Justicia federal (DOJ) por qué la Casa Blanca no ofreció razones para los despidos.
La jueza enfocó sus preguntas en el asunto de si es de alto interés público que un presidente siga o no la ley.
“¿No cree que tener a un presidente que siga la ley es parte sustancial del interés público?”, preguntó Antongiorgi-Jordán según citó el periódico El Nuevo Día. “Mi pregunta es si usted cree que el hecho de que un funcionario de gobierno, como es el presidente, siga la ley es algo sustancialmente importante para el interés público o no”, insistió.
A lo anterior, Eric Hamilton, quien representa al DOJ, contestó que “la ley establece que hay un alto interés público en que se siga la ley”.
La jueza planteó que, según PROMESA, el presidente puede remover a cualquiera de los miembros de la Junta solo mediante causa. Sin embargo, el estatuto no define cuál sería esa causa.
Al concluir el proceso, la jueza federal se reservó el fallo. Añadió que emitirá su decisión en las próximas 48 horas.
En la demanda contra Trump y Sergio Gor, director de la Oficina de Personal de la Casa Blanca, entre otros, se alega que el presidente solo puede destituir a los miembros de la Junta por justa causa, lo que no ocurrió en este caso.
“Los presidentes de ambos partidos políticos ?Barack Obama, Donald Trump en su primer mandato y Joseph Biden? han nombrado o renovado al juez González, al Dr. Biggs y al Dr. Rosa para mandatos repetidos de tres años en la Junta. Sus mandatos actuales expiran en 2027. Por ley, el presidente puede destituir a los miembros de la Junta ‘solo por causa justificada’”, lee parte del texto de la demanda.
“Sin embargo, el mes pasado, sin previo aviso, el presidente pretendió destituir al juez González, al Dr. Biggs y al Dr. Rosa sin proporcionar causa alguna. El 1 de agosto de 2025, el juez González y el Dr. Rosa recibieron correos electrónicos idénticos en los que se les informaba de que su puesto como miembros de la Junta de Supervisión había sido ‘cesado con efecto inmediato’. Los correos electrónicos no incluían ninguna otra explicación”, resalta el recurso judicial.
Desde principios de agosto cuando trascendió la noticia sobre los cinco despidos antes del de Biggs, la Casa Blanca no se había expresado directamente sobre la razón de las remociones.
El reporte en el medio Breitbart indicaba que el presidente de la Junta, es decir, González; McKenzie, Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas fueron cesados de sus funciones.
“La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”, leía parte del artículo que citaba a una fuente anónima de la Casa Blanca.
En el texto se argumentó que, en promedio, los salarios del personal de la (FOMBPR) son un 1065 % superiores al ingreso familiar en Puerto Rico.
El reportaje además hacía mención a Robert F. Mujica Jr., director ejecutivo de la Junta, y lo identificaba como el anterior “gurú del presupuesto” del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
Sobre su salario, el medio conservador se refirió a un escrito en la revista Jacobin de 2023 que indicaba que Mujica recibía un salario anual de $625,000, lo que representaba un aumento considerable en relación con los, aproximadamente, $216,000 que ganaba como jefe de presupuesto del estado.
El informe además citó un reportaje de The New Yorker del 2017 que apuntaba a que la Junta desembolsó regularmente millones de dólares a firmas consultoras.
“Durante gran parte de 2017, más de un millón de dólares al mes se destinaron a McKinsey para ‘consultoría estratégica’”, mencionó la revista.
La semana pasada, los congresistas demócratas de origen boricua, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez (AOC) y Ritchie Torres compartieron unas declaraciones conjuntas en las que apoyan la demanda de los tres exintegrantes del organismo federal.
El grupo de legisladores de Nueva York argumenta que la salida de los miembros de la Junta beneficiará a bonistas buitres en la deuda de la AEE y amenaza el futuro energético de los boricuas con tarifas más altas.
“Vivimos un momento de abusos desenfrenados por parte del Poder Ejecutivo, y con la decisión de Trump sobre la Junta de Supervisión Fiscal, los puertorriqueños se han convertido en las últimas víctimas de su campaña contra las instituciones independientes. Apoyamos plenamente la demanda interpuesta por estos miembros, porque creemos en el trabajo que han realizado para detener a los fondos buitres que amenazan el futuro energético de Puerto Rico. Confiamos en que la justicia prevalecerá y demostrará que, como muchas de las acciones del presidente Trump, esta decisión fue insensata e ilegal”, expusieron.
Añadieron: “Si bien existen preocupaciones legítimas con respecto a la Junta, esta nunca fue la manera de abordarlas. Estos miembros deben ser restituidos sin demora para que la AEE pueda finalmente avanzar con su reestructuración y lograr un plan viable que garantice energía asequible a largo plazo para todos los hogares y negocios puertorriqueños”.
Este martes, Peterson usó su cuenta en la red social X para tronar contra Biggs y David Skeel, quien presidió la Junta por ocho años hasta que renunció en julio del 2024. Ambos publicaron una columna de opinión tipo ensayo en el New York Times en la que cuestionaron los despidos y alertaron sobre un mayor colapso financiero en la isla, cuyos efectos dependerá de a quién Trump nombre para cubrir las vacantes.
“El partidario de AOC y profesor despistado @daskeel, junto con @biggsag, miembro de la fábrica neoconservadora AEI que está demandando al presidente Trump, fueron nominados a la @FOMBPR por Mitch McConnell. Me alegra mucho que @realDonaldTrump esté arreglando este desastre y que Puerto Rico vuelva a ser grande”, señala el mensaje que incluye un enlace a un artículo suyo en el Daily Caller en el que apoya los despidos por entender que la Junta ha desintegrado la red eléctrica en la isla.
En otra entrada, también compartida este martes, el exintegrante de la Junta truena contra el apoyo de Skeel a la declaración conjunta de los demócratas.
“Ex @FOMBPR @daskeel promocionando el apoyo de la extrema izquierda del Partido Demócrata a la demanda interpuesta por tres miembros despedidos de la junta, quienes buscan desesperadamente mantenerse en el poder. Nadie ha perjudicado más a Puerto Rico manteniéndolo en bancarrota que @daskeel, quien nunca ha tenido un trabajo fuera del ámbito académico”, acusó.
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