LUMA Energy acude a tribunal federal en Puerto Rico en respuesta a demanda para declarar nulo contrato
La empresa privada entiende que el foro federal es el más apropiado para atender la demanda presentada por el Gobierno
Trabajadores de LUMA Energy reparan líneas eléctricas en San Juan averiadas tras el paso del huracán Ernesto. Crédito: Alejandro Granadillo | AP
NUEVA YORK – LUMA Energy, compañía encargada de la red eléctrica en Puerto Rico, busca que el tribunal federal en la isla asuma el caso que presentó el Gobierno que busca declarar nulo el contrato de la empresa privada.
El consorcio anunció la acción, ya que entiende que el federal es el foro más apropiado para atender el litigio, indicó el consorcio en un comunicado este martes.
“Hemos solicitado que la acción legal de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3A) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), que busca invalidar el contrato de LUMA, sea trasladada al Tribunal Federal bajo el Título III, ya que creemos firmemente que este es el foro más apropiado para atender este caso”, inician las declaraciones escritas.
De acuerdo con LUMA, que lleva operando los activos de transmisión y distribución en Puerto Rico desde junio del 2021, las demandas presentadas por la gobernadora Jenniffer González están motivadas políticamente.
La empresa además rechazó incumplimiento de sus obligaciones contractuales como afirma la Administración González.
“Las recientes acciones motivadas por la política para revertir un contrato legalmente vinculante solo sirven para poner en riesgo todo el progreso real que hemos logrado, perjudicando al pueblo de Puerto Rico al amenazar proyectos críticos destinados a revitalizar y fortalecer la red eléctrica. La acción legal injustificada de la P3A y la AEE carece de fundamento, considerando que no existe incumplimiento contractual por parte de LUMA”, afirmó la entidad.
A juicio de LUMA, el pleito judicial no propicia la inversión en la isla y complica la situación económica.
“Este tipo de acciones sientan un precedente negativo, generando serias preocupaciones para cualquier empresa que considere operar o invertir en Puerto Rico, y representan un obstáculo innecesario para la economía de la isla”, expusieron desde LUMA.
“LUMA y sus 4,000 empleados siguen comprometidos y dedicados a servir a nuestros clientes. Continuaremos enfocándonos en el progreso por encima de la política mientras trabajamos para ofrecer la red eléctrica segura, confiable y resiliente que el pueblo de Puerto Rico merece y necesita con urgencia”, concluyeron los encargados de la compañía.
El pasado jueves, González anunció, a través de un video, que junto a su equipo había presentado dos recursos que buscan adelantar la salida de LUMA.
El primero es un interdicto preliminar que persigue que se declare nula la Carta-Extensión que suscribió el gobierno de Puerto Rico con la empresa, el 30 de noviembre de 2022, para extender la vigencia del Acuerdo Suplementario bajo el que operaba LUMA.
Las autoridades gubernamentales en la isla entienden que la carta, que extendió indefinidamente el contrato o el Acuerdo de Operación y Mantenimiento, es inválida.
De acuerdo con la Administración, el documento alteró sustancialmente las condiciones del Acuerdo Suplementario y despojó al Gobierno de la facultad regulatoria para proteger el interés público.
Entre otras cosas, la demanda alega que, cuando se aprobó la extensión del contrato, los entonces representantes del interés público ante la Junta de Directores de la AAPP (Autoridad para las Alianzas Público- Privadas), Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz, se abstuvieron de votar, por lo que la ampliación del mismo no debió producirse.
El argumento de la Administración González se basa en disposiciones de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120 del 2018).
El segundo es un recurso de certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo, cuyo fin es que el máximo foro atienda “con urgencia” los asuntos de derecho y de alto interés público del caso, ya que se trata de un servicio esencial para los ciudadanos.
La primera ejecutiva ha reafirmado que el contrato de LUMA es nulo y que la empresa violó las disposiciones del contrato.
“Yo creo que ese contrato es nulo y tenemos un caso sólido para demostrarlo. ¿Por qué radicamos un caso de nulidad?, que es otra de las preguntas que escucho por ahí. Ustedes recordarán que a mediados de año radicamos un pleito para comenzar a dirimir las disputas contractuales en el foro pactado, en el foro que se había pactado cuando el gobierno de Puerto Rico contrató a LUMA, que quede claro, esto yo lo heredé; yo estoy bregando con el limón que me dejaron. Cuando ese contrato se pactó, decía que cualquier disputa tenía que verse en el tribunal de Puerto Rico y ahí se iban a dirimir con una mediación. Cuando yo radiqué el pleito, ¿saben lo que hicieron?, se fueron al foro federal a decir, ‘no, no, no, no no, en el foro de Puerto Rico, no’, para detener la bola y que no se dirimiera, y esa es otra manera de violar el contrato. Ellos violaron el contrato ahí”, dijo la gobernadora en una conferencia de prensa al día siguiente del anuncio de la radicación de las demandas.
Según la primera mandataria, el argumento de nulidad es la herramienta más efectiva y rápida para deshacerse de LUMA.
“Yo tengo múltiples mecanismos de cancelar el contrato porque lo hemos demostrado, hemos trabajado y hemos agotado todos los recursos administrativos y ejecutivos para hacerlos entrar en razón. El mecanismo más rápido que tenemos para anular el contrato es con el pleito que radicamos. Pero también tenemos evidencia de todas las áreas, de más de seis incumplimientos por parte de LUMA. LUMA limón le podemos decir. Y, en el caso del dinero, el gobierno de Puerto Rico le ha pagado más de $900 millones de pesos a esta compañía adicionales para que hagan el trabajo y siguen pidiendo más. Puerto Rico no le debe, LUMA le debe a Puerto Rico. LUMA le debe al pueblo. LUMA le debe a los hospitales, a las escuelas, a los viejos, a la gente que están con luz y sin luz dependiendo lo que LUMA le dé la gana. Y esto no es un asunto de los empleados de LUMA. Los empleados de LUMA no tienen nada que ver con esto; es de la dirección, de la manera en que esa empresa opera sin ningún tipo de experiencia en Puerto Rico”, expuso.
La mandataria sostuvo que el periodo de un año de transición que dispone el contrato facilitaría un cambio ordenado.
“Ya nosotros presentamos los pleitos. El contrato original dispone que, si hay una cancelación, hay un año de transición, así que ese año nos debe permitir y eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal, le estamos pidiendo al tribunal, estamos en este proceso en el que vamos a terminar esto porque fue nulo, salvaguarda para que pueda haber una transición ordenada y que hayan causales suficientes, así que yo creo que ellos lo tienen que pensar dos veces si van a seguir desquitándose con el pueblo, y digo seguir porque se han desquitado de Puerto Rico desde que están en el poder”, agregó González.
La notificación de traslado que LUMA presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico este martes plantea, entre otras cosas, que las alegaciones contenidas en la demanda civil del Gobierno están “indiscutiblemente” relacionadas con el caso de Título III por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Las alegaciones presentadas en la demanda civil están indiscutiblemente ‘relacionadas’ con el caso de Título III de PREPA (AEE), ya que representan un intento de rescindir el Contrato de Operación y Mantenimiento de Transmisión y Distribución (T&D OMA). Según PREPA, la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la ejecución del T&D OMA por parte de LUMA es ‘un componente clave en la transformación en curso de PREPA’, ‘un componente crucial de la reestructuración operativa de PREPA’ y ‘un componente clave del objetivo compartido del Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal para reestructurar, transformar y modernizar el sistema energético de Puerto Rico a fin de brindar el servicio de energía seguro, confiable y asequible que merecen los ciudadanos y las empresas de Puerto Rico’”, lee parte del recurso.
Según esboza LUMA en su solicitud, “la rescisión del T&D OMA tendría un profundo efecto en la reestructuración de PREPA. Claramente, alteraría los derechos, las obligaciones, las opciones y la libertad de acción de PREPA, además de afectar el manejo y la administración del caso de quiebra. También podría dar lugar a nuevos intentos de desestimar el caso de Título III y/o nombrar un administrador judicial para PREPA”.
