¿Por qué Trump aumentó a 39 la lista de países cuyos nacionales no pueden entrar a EE.UU.?
De ese número, el gobierno de Estados Unidos vetó completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria
Protesta contra el veto de entrada de nacionales de ciertos países por parte de la Administración Trump. Crédito: Etienne Laurent) | AP
NUEVA YORK – Bajo el argumento de que es necesario para evitar que extranjeros que representen un riesgo de seguridad ingresen a Estados Unidos y hacer cumplir las leyes de inmigración, el presidente Donald Trump aumentó a 39 la lista de países con prohibición de viaje a esta nación.
La Casa Blanca anunció este lunes que impuso restricciones de entrada a residentes en varias demarcaciones adicionales a las 12 iniciales que anunció la Administración en junio pasado.
En específico, la proclamación mantiene la limitación total de entrada para los nacionales de los 12 países que considera de alto riesgo, es decir, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A estas 12 demarcaciones, el Gobierno de EE.UU. añadió un veto completo de entrada a los ciudadanos de Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria.
La Administración Trump además impuso una prohibición de ingreso a EE.UU. a personas que poseen documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.
La nueva regla también cambia de parcial a total las restricciones a viajeros de Laos y Sierra Leona.
Por otro lado, la declaración mantiene las restricciones parciales para los nacionales de cuatro de los siete países de alto riesgo originales: Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.
La estipulación añade prohibiciones parciales a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.
En el caso de Turkmenistán, la Casa Blanca levantó la prohibición de visados de no inmigrante para sus ciudadanos, pero mantuvo la suspensión de entrada a nacionales turcomanos.
La decisión se debió a que el país “ha colaborado de forma productiva con EE.UU. y ha demostrado un progreso significativo desde la anterior proclamación”.
“Las restricciones y limitaciones impuestas por la proclamación son necesarias para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros sobre los cuales EE.UU. no cuenta con suficiente información para evaluar los riesgos que representan, obtener la cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y promover otros objetivos importantes de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo”, justificó la Casa Blanca.
De acuerdo con la hoja de datos que circuló la Casa Blanca, “es deber del presidente tomar medidas para garantizar que quienes intenten ingresar a nuestro país no perjudiquen al pueblo estadounidense”.
En la entrada se argumenta que Trump tomó la decisión tras consultar con miembros del gabinete, con base en el informe original de la Orden Ejecutiva 14161, la Proclamación 10949 e información específica de cada país recopilada desde entonces.
El decreto 14161 fue firmado en enero y se titula “Protección de EE.UU. contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”. El fin de la orden, de acuerdo con el documento, es proteger a los ciudadanos EE.UU. de los extranjeros que pretendan cometer atentados terroristas, amenacen la seguridad nacional, profesen ideologías de odio o, de cualquier otro modo, utilizar las leyes de inmigración con fines malintencionados. La orden también establece procesos de verificación y selección más rigurosos en todas las agencias.
La Proclamación 10949 de junio pasado, nombrada “Restringir la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a EE.UU. de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”, va en la misma dirección y parte de la premisa de que los “protocolos y procedimientos de control y verificación asociados a la tramitación de visados y otros procesos de inmigración desempeñan un papel fundamental en la implementación de dicha política”.
Según Trump y su equipo, “muchos de los países con restricciones sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables, y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una verificación precisa”.
El documento de la proclamación añade que algunas de estas naciones se niegan a compartir ejemplares de pasaportes o datos de las fuerzas del orden, mientras que otras permiten programas de ciudadanía por inversión que ocultan la identidad y eluden los requisitos de verificación y las restricciones de viaje.
“Las altas tasas de permanencia ilegal de visados y la negativa de algunos países a repatriar a sus ciudadanos sujetos a deportación demuestran un desprecio por las leyes de inmigración estadounidenses y sobrecargan los recursos de las autoridades de control migratorio de Estados Unidos”, considera la Administración.
El Gobierno además menciona la “presencia de terroristas, la actividad delictiva y la actividad extremista en varios de los países mencionados” como causas de las deficiencias en los sistemas de verificación que representa riesgos directos para los ciudadanos e intereses estadounidenses cuando le permiten la entrada a nacionales de estos países.
El veto de entrada por parte de Trump ha provocado varias demandas. Por ejemplo, en octubre pasado, siete afganos y sus familias presentaron una demanda federal en el Distrito Este de Virginia en la que impugnan la política del Departamento de Estado (DOS) de negar la entrada a los familiares de solicitantes de asilo provenientes de 19 países, incluido Afganistán, que figuran en la Proclamación 10949.
En otro caso, la jueza federal de Distrito de Columbia, Sparkle Sooknanan, dictaminó que el Departamento de Estado no podía utilizar la prohibición de viaje para denegar visas a los extranjeros que las solicitaran.
Sin embargo, la decisión de agosto pasado aplicó solo a 82 posibles inmigrantes. El fallo fue resultado de una demanda presentada en julio en nombre de nacionales Afganistán, Birmania, Togo, Somalia e Irán que habían obtenido el derecho a solicitar visas a través del programa de visas de diversidad.
La decisión no le impidió a las autoridades migratorias negar la entrada a EE.UU. a estos ciudadanos extranjeros.
