EE.UU. acusa a Jimena “Rosita” Araya de apoyar al Tren de Aragua en una millonaria red de robos a cajeros automáticos
Las autoridades estadounidenses sostienen que la modelo y DJ venezolana mantuvo vínculos con la cúpula del Tren de Aragua, incluido su líder Niño Guerrero
Jimena Araya fue sancionada por la OFAC a principios de diciembre. Crédito: Departamento de Justicia - Jimena Araya (@JimenaarayaVzla) / X | Cortesía
La actriz y sex symbol venezolana Jimena Romina “Rosita” Araya Navarro fue acusada en Estados Unidos por presuntamente actuar como líder y facilitadora del Tren de Aragua, en un esquema de robo de efectivo mediante el hackeo de cajeros automáticos en todo el país. La información la dio a conocer el Departamento de Justicia, que reveló una de las mayores acusaciones federales por delitos financieros vinculados a la organización terrorista.
La fiscal federal Lesley A. Woods indicó que un gran jurado del Distrito de Nebraska presentó dos acusaciones formales contra decenas de personas implicadas en una conspiración para instalar malware en cajeros automáticos, obligarlos a dispensar efectivo y lavar millones de dólares obtenidos ilegalmente.
Parte de esos fondos, según la acusación, habrían sido transferidos a líderes del Tren de Aragua para financiar sus actividades criminales y terroristas.
¿Qué papel habría desempeñado Rosita Araya?
De acuerdo con los documentos judiciales, Jimena Araya, sancionada a comienzos de diciembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, fue acusada de brindar apoyo material al Tren de Aragua, a partir de hechos derivados del esquema de jackpotting de cajeros automáticos ejecutado en múltiples estados, incluido Nebraska.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Rosita Araya mantuvo vínculos con la cúpula del Tren de Aragua, incluido su máximo líder Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.
Según la OFAC, la modelo venezolana presuntamente ayudó a Niño Guerrero a escapar de la cárcel de Tocorón en Venezuela en 2012 y formaría parte de una red que canalizaba y blanqueaba recursos del grupo criminal, incluso a través de actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.
El Departamento del Tesoro también señaló que una parte de los ingresos generados por presentaciones artísticas y eventos en Colombia habrían sido desviados hacia la estructura financiera del Tren de Aragua, reforzando la acusación de que el grupo utilizó fachadas legales y figuras públicas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Jimena Araya, después del escándalo asociado a sus presuntos vínculos con el delincuente, fue nombrada directora de Derechos Humanos de un partido político asociado al chavismo.
Una conspiración tecnológica y transnacional
La acusación describe una operación criminal altamente organizada, basada en el uso del malware Ploutus, diseñado para hackear cajeros automáticos y forzar la entrega de efectivo sin autorización.
Los grupos involucrados realizaban vigilancia previa, manipulaban físicamente los cajeros e instalaban el software malicioso mediante discos duros modificados o dispositivos USB.
El malware, además, estaba programado para borrar rastros de su instalación, con el fin de engañar a empleados bancarios y retrasar la detección de los robos. Las ganancias eran luego repartidas en porcentajes previamente establecidos y canalizadas a través de esquemas de lavado de dinero.
Según el Departamento de Justicia, este método permitió robar millones de dólares en efectivo a bancos y cooperativas de crédito en todo el país, consolidando una nueva fuente de financiamiento para el Tren de Aragua.
Jimena Araya podría pasar años en la cárcel
La acusación formal del 9 de diciembre imputa a 22 personas, mientras que una acusación relacionada presentada el 21 de octubre incluye a otras 32, sumando 56 cargos federales, entre ellos conspiración para cometer fraude bancario, robo a bancos, daños a computadoras protegidas, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera.
De ser hallados culpables, algunos de los acusados enfrentan penas máximas que oscilan entre 20 y 335 años de prisión.
El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, subrayó que los cargos revelan cómo el Tren de Aragua utilizó delitos financieros sofisticados para sostener su expansión criminal. “Estos acusados robaron y blanquearon dinero, en parte para financiar el terrorismo y otras actividades de gran envergadura del Tren de Aragua”, afirmó.
La fiscal Lesley Woods destacó que la investigación permitió seguir el rastro del dinero “desde los cajeros automáticos estadounidenses hasta las raíces terroristas de la organización en Venezuela”, y aseguró que Nebraska no será refugio para miembros del grupo criminal.
Con estas acusaciones, el Distrito de Nebraska ha imputado este año a 67 presuntos miembros y líderes del Tren de Aragua por una amplia gama de delitos federales.
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