“Cambio PR” pide descartar a operadores privados para la AEE si declaran nulo contrato de LUMA Energy
La directora de la organización en Puerto Rico toma con cautela las acciones de la gobernadora Jenniffer González para adelantar la salida de LUMA
Paneles solares instalados en una comunidad en las montañas del municipio de Las Piedras, Puerto Rico. Crédito: Dennis M. Rivera | AP
NUEVA YORK – La directora de la organización puertorriqueña Cambio, Ingrid Vila, dijo que, aunque respalda los recursos judiciales presentados por la Administración de la gobernadora Jenniffer González para declarar nulo el contrato de LUMA Energy, lo anterior no debe ser justificación para sustituir a la empresa con otro operador privado.
En ese sentido, la también ingeniera añadió que hay que tomar con cautela la movida del gobierno de Puerto Rico que González insiste busca adelantar la salida de la empresa encargada de la red eléctrica.
“Si bien estamos de acuerdo en la cancelación y los pasos que tomó la Administración de la gobernadora para sacar a esta empresa, el próximo paso, luego de sacar la empresa, no puede ser traer otro privatizador, porque no vamos a avanzar nada en Puerto Rico y no va a traer un beneficio a la población ni va a mejorar el servicio energético”, declaró Vila en entrevista con El Diario.
La cofundadora de la organización de sostenibilidad ambiental y energética sin fines de lucro planteó que, desde que se pactó el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (O&M) con LUMA en el 2021, su entidad y otras vienen alertando de que no beneficia al interés público.
Vila argumentó que la primera ejecutiva pudo haber iniciado antes un proceso para dejar sin efecto el convenio entre el Gobierno y la empresa privada.
“Definitivamente. Este aspecto de la nulidad del contrato, no solo lo señalamos nosotros cuando pudimos tener acceso al contrato en el 2021 y lo analizamos, y no solo nosotros, sino otras entidades en Puerto Rico, sino que posterior a eso, el Colegio de Abogados y Abogadas realizó un análisis detallado de cuáles eran las vías de cancelación de este contrato, y eso era previo a la entrada de la gobernadora a esta Administración, así que esa información ya estaba disponible. No entendemos porque tuvo que demorar todo este año para una alternativa que estaba disponible desde el día uno”, planteó.
La también exsecretaria de la gobernación bajo la Administración de Alejandro García Padilla reconoció el elemento político que medió en la decisión de González.
“Sin duda alguna, la determinación de la gobernadora González desde su campaña a la gobernación de tomar como tema principal la cancelación del contrato de LUMA fue una estrategia política respondiendo, sin duda alguna, a un reclamo del país. El país está reclamando desde hace años la salida de esta empresa por el servicio nefasto que han brindado, el alza en el costo energético y que no se han cumplido ni las promesas ni beneficios que supuestamente esta transacción iba a traer, y la gobernadora, sí tiene una presión, y es una presión del pueblo porque el pueblo está reclamando que la empresa tiene que salir, y, obviamente, una presión de pueblo se convierte en una presión política, porque al final el pueblo va a evaluar si la gobernadora cumplió con lo que ella prometió, porque estoy segura que muchas de las personas que votaron por ella pensaron que ella estaba haciendo un compromiso de que iba a sacar a esta empresa”, expuso.
“En ese sentido, ¿se puede confiar en que esto culmine de una manera que beneficie el interés del pueblo y de la gente?”, indagó este periódico.
“No, no se puede confiar que al final del camino terminemos con algo que beneficie a la gente por lo que le mencionaba, la gobernadora ha tomado pasos y está tomando para, aparentemente, salir del contrato de LUMA. Uno es que se ha tardado todo este tiempo en optar por una vía de nulidad, y, en segundo lugar, continúa proponiendo que el sistema energético sea manejado por una compañía privada para traer a otra. En Puerto Rico ya pasamos por esa experiencia con el sistema de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a principios del 2000, cuando el Gobierno sacó a un privado que no estaba funcionando, trajo un segundo privado que no funcionó y tuvo que devolver a manos públicas el servicio de agua y alcantarillados, y aquí estamos viviendo otra vez lo mismo. Uno tiene que aprender de la historia y de la experiencia”, respondió Vila, quien también laboró como consultora en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AEE).
A pesar de sus reservas, Vila reconoció los méritos de los argumentos contenidos en la demanda que busca que el tribunal anule el contrato, ya que la pasada Administración de Pedro Pierluisi tuvo la opción de no extender indefinidamente el acuerdo suplementario y aun así lo hizo.
“El Gobierno ha optado por hacer un reclamo de declarar nulo la extensión que se le dio a LUMA en el 2022. En ese momento, la Administración Pierluisi tenía la opción de terminar ese contrato de LUMA en ese momento, porque el contrato así lo establecía, luego de ese periodo de 18 meses que transcurría, y la Administración Pierluisi optó por extender el contrato indefinidamente, que eso nosotros reclamamos que no era legal; o sea, el contrato no proveía para eso”, expuso la experta.
A juicio de la entrevistada, si se declara nulo, el contrato dejaría de regir y LUMA ya no operaría los activos de transmisión y distribución de la AEE.
“La pregunta que queda en el aire es cómo se manejaría esa transición. Aunque el contrato proveía para, en ese momento establecer una transición para salir de LUMA y cambiar, ya sea a una operación pública, hay un vacío ahí de qué sucedería ahora, porque ya no estamos en el 2022…, y parte de la solicitud que le está haciendo el Gobierno al tribunal es que identifique y provea ese mecanismo para transicionar ordenadamente”, alertó la activista.
La experta vislumbró que la opción de pedirle al tribunal que declare nulo el contrato implicaría un proceso menos largo que el de probar incumplimientos con el O&M.
“El contrato es tan leonino y favorece tanto a LUMA y no favorece el interés público que ese proceso de declarar incumplimientos y que los incumplimientos desencadenen en una cancelación del contrato es uno increíblemente largo y tortuoso, porque le ofrece muchísimas vías a LUMA para dilatar, extender, así que esa vía de cancelación por medio de incumplimientos es una bastante larga. Hay que ver si este método de nulidad puede ser un poco más corto, aunque ya estamos viendo enlas últimas movidas que ha hecho LUMA que está tratando que el caso lo lleven al tribunal federal del Título III (bajo la ley PROMESA), entonces el Gobierno radica otra demanda…, así que aquí va a ser una batalla legal bastante extensa por lo que podemos ver”, analizó.
A preguntas de este medio sobre las alegaciones de LUMA de falta de financiamiento por parte de la Autoridad, Vila dijo que la empresa se ha convertido en “un barril sin fondo”.
“Desde el primer año, LUMA se ha excedido en todos los presupuestos que se le han autorizado y en ese proceso, la semana pasada salió a relucir que, en este año, se le ha dado casi $900 millones adicionales a LUMA de lo que estaba conceptualizado o consignado para que ellos proveyeran el servicio, así que LUMA ha mostrado ser una operación increíblemente ineficiente, aún si lo comparamos con la Autoridad de Energía Eléctrica que tenía muchas deficiencias, y no estamos hablando que ese es el modelo que se debe seguir, pero, aun comparándolo con la Autoridad, LUMA, no solo ha empeorado el servicio, sino que lo ha encarecido. Supuestamente, se traía a esta empresa, uno, por el ‘expertise’ que tenían en el manejo eléctrico, el expertise que tenían en poder lograr fondos federales para las mejoras a la red y nada de eso se ha dado…”, consideró la portavoz.
La propuesta de Cambio PR y “Queremos Sol”
Cambio PR forma parte de la coalición “Queremos Sol”, grupo multisectorial que impulsa la autosuficiencia energética de Puerto Rico a través de un modelo sostenible y resiliente basado en la energía solar en techos.
Parte de la propuesta que suscriben organizaciones como la que dirige Vila se enfoca en la inversión masiva en energía renovable para acabar con la dependencia a los combustibles fósiles y reducir el costo de la tarifa eléctrica.
Las organizaciones han insistido en que Puerto Rico puede alcanzar un 75% de energía renovable distribuida en un periodo de 15 años con “moderadas” mejoras al sistema de distribución. “El modelaje, que utilizó los propios datos de la AEE, reveló que, si se utilizan $9,600 millones de fondos federales para la instalación masiva de placas solares en techos con baterías, se podría alcanzar una tarifa estable de aproximadamente 15 centavos por kWh”, detalla información en la página web queremossolpr.org.
Las entidades además se oponen al modelo privatizador en la Autoridad que también incluye los activos de generación bajo la compañía Genera PR, filial de New Fortress, que suple gas natural a las plantas eléctricas de la AEE. En su lugar, favorecen una reestructuración bajo un modelo público que permita la integración de miembros de múltiples sectores sociales en la Junta de Gobierno.
“Nuestra propuesta es un modelo de gobernanza pública renovada que es muy distinto a la estructura de intervención partidista que llevó a la quiebra de la Autoridad. Este modelo propone una Junta de Gobierno con mayoría de miembros de diversos sectores del país representados, comunidades, sector privado…Es un modelo de gobernanza que contaría con estructuras de consulta y participación ciudadana en espacio de codiseño, así como plataformas de acceso a la información que impriman la transparencia que amerita un servicio esencial”, afirmó Vila.
“Es una propuesta que hemos elaborado en conjunto con profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR); está accesible en la página web de Queremos Sol, así que cualquiera puede revisarla. Creemos que es un modelo que no solo podría lograr la transición a energías renovables que estamos proponiendo, sino también estabilizar el costo, porque siempre que medie el lucro, que ocurre cuando existen estas empresas energéticas privadas tratando de brindar un servicio, el costo va a ser elevado, aparte de que la ciudadanía pierde acceso para la rendición de cuentas?”, continuó.
El plan de la coalición incluye vías para la transición ordenada en caso de que finalmente el gobierno de Puerto Rico culmine su relación contractual con entidades como LUMA.
“En nuestra propuesta incluimos esa fase de transición y proponemos que se cree un comité multisectorial que empezaría a darle forma a lo que podría ser ese modelo de participación más amplia que, no solo reciba el sistema y comience a establecer los parámetros, reglamentos y la estructura que se necesita, sino que encamine los procesos necesarios para esa gobernanza participativa”, resaltó.
“Pero, hablar de política no partidista, ¿es posible?, porque incluso gente que no está en el Gobierno tiene su ideología, puede estar afiliada a partidos. En medio de una transición como la que proponen ustedes, el Gobierno va a tener que nombrar a sus representantes. ¿Hasta qué punto podemos hablar de que no va a haber política partidista?”, replicó El Diario.
“Por un lado, haciendo una estructura y Junta de Gobierno en la que el gobernante de turno no tiene la mayoría de nombramientos de manera que los sectores de la población y del país quedarían representados, así que, como país, estaríamos incidiendo en las decisiones y la política pública del sector energético. Entendemos que eso, no solo brinda mayor transparencia, sino que es más representativo de la realidad y las necesidades que tiene el país. Todos los individuos pueden tener sus pareceres políticos, sus preferencias de un lado y del otro, pero esa es la realidad en todos los lugares. Entendemos que, mientras no sea el gobernante de turno el que está metiendo la mano para tomar la decisión, ahí hay una ganancia increíble, porque como sabemos fue la política partidista, en gran medida, la que llevo a la quiebra a la pasada Autoridad de Energía Eléctrica”, puntualizó.
Este viernes, la gobernadora anunció que la jueza federal de distrito Laura Taylor Swain falló a favor de su Administración en una demanda presentada en el verano en la que señalaron múltiples incumplimientos contractuales por parte de LUMA.
La empresa decidió recurrir a Taylor Swain, quien preside el litigio por la quiebra de la AEE bajo el Título III de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), en reclamo para que transfiriera el caso al foro federal.
La jueza decidió que le corresponde al tribunal estatal dirimir la disputa y no al de Estados Unidos.
Ese recurso es aparte a los otros presentados este mes por la Administración González que buscan declarar nulo el contrato de LUMA y garantizar una transición ordenada hacia un nuevo operador.
Sigue leyendo:
¿Qué debe ocurrir antes para que el gobierno de Puerto Rico cancele el contrato con LUMA?
