Demanda busca frenar orden de Trump que cancelaría protecciones migratorias por reunificación familiar
Unos 15,000 familiares de ciudadanos y residentes legales podrían perder su estatus migratorio; organizaciones buscan bloquear la medida de Trump
Esta imagen sin fecha del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos muestra el reverso de una muestra de una "Green Card", formalmente conocida como Tarjeta de Residente Permanente. Crédito: USCIS | AP
Las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First presentaron este lunes una demanda para impugnar una orden de la administración de Donald Trump que revocaría el estatus legal de aproximadamente 15,000 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que ingresaron al país mediante el programa de Family Reunification Parole (FRP).
La acción judicial fue presentada como una ampliación del caso colectivo Svitlana Doe v. Noem, una demanda interpuesta en febrero de 2025 en nombre de beneficiarios de distintos programas de parole humanitario, patrocinadores y la organización Haitian Bridge Alliance.
En esta ocasión, se incorporaron cinco nuevos demandantes que representan a familiares que podrían perder su estatus migratorio en cuestión de semanas.
Según un comunicado conjunto de las organizaciones, los demandantes solicitaron al tribunal que bloquee un aviso publicado por el gobierno en el Federal Register que revoca el estatus legal de los beneficiarios del FRP y que permita integrar esta nueva impugnación dentro del litigio ya en curso para proteger el parole humanitario.
El programa de Family Reunification Parole está dirigido a un grupo específico de personas que se encuentran en la etapa final del proceso para obtener una residencia permanente basada en vínculos familiares.
Solo por invitación
De acuerdo con las organizaciones, los patrocinadores —todos procedentes de uno de siete países de América— solo pudieron iniciar el trámite tras recibir una invitación del gobierno federal, completar documentación adicional, pagar tarifas extra y cumplir requisitos adicionales para que sus familiares pudieran ingresar legalmente a Estados Unidos.
Los patrocinadores actuaron bajo el entendimiento de que sus familiares podrían vivir y trabajar en el país mientras se liberaban las visas correspondientes, explicaron Justice Action Center y Human Rights First.
El programa estaba limitado a personas que serían elegibles para recibir una visa en los siguientes años y cuyos procesos llevaban en espera largos periodos, en algunos casos más de una década.
“Nuestros demandantes y los miembros del grupo, todos familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, dejaron sus trabajos y vendieron propiedades para prepararse para lo que pensaban sería el inicio de una nueva etapa en Estados Unidos”, declaró Esther Sung, directora legal de Justice Action Center y abogada del caso.
“Las acciones de la administración Trump no solo son insensibles y crueles, sino también desconcertantes”, añadió, al señalar que los beneficiarios están a punto de completar su proceso hacia la residencia permanente.
Aunque el Family Reunification Parole ha sido utilizado históricamente por administraciones de ambos partidos para permitir la reunificación de familias tras años de separación, el 15 de diciembre la administración Trump anunció que el programa sería cancelado.
Además, el gobierno informó que la autorización de trabajo y el estatus legal de la mayoría de las personas acogidas al proceso dejarían de ser válidos a partir del 14 de enero de 2026.
Alarma entre beneficiarios
El anuncio, difundido en plena temporada navideña, provocó alarma entre los beneficiarios del FRP. Según el comunicado, los demandantes y miembros del grupo han descrito un sentimiento de pánico ante la posibilidad de perder su estatus migratorio en pocas semanas, a menos que el tribunal intervenga.
“La separación familiar no sirve a ningún interés legítimo, pero las acciones de esta administración dejan claro que algunas familias no son valoradas”, afirmó Anwen Hughes, directora sénior de estrategia legal de Human Rights First. “Nuestros clientes han echado raíces en sus comunidades, y esas comunidades se benefician de que las familias permanezcan unidas”, agregó.
Las organizaciones recordaron que este recurso legal es el paso más reciente dentro del caso Svitlana Doe v. Noem, que busca proteger los derechos de cerca de 1,1 millones de personas que ingresaron a Estados Unidos bajo distintos programas de parole.
En enero de 2025, la administración Trump declaró ilegal el parole humanitario de forma “categórica” y desde entonces ha revocado el estatus legal de personas que ingresaron bajo los programas humanitarios para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, concluyeron.
