Administración Trump busca acelerar deportaciones enviando a solicitantes de asilo a terceros países
El DHS solicitó a los tribunales de inmigración cancelar casos de forma sumaria, redirigiendo a los solicitantes a terceros países
El objetivo de la Casa Blanca es alcanzar una meta anual de un millón de deportaciones. Crédito: John Minchillo | Bang Showbiz
La administración de Donald Trump intensifica una estrategia para cerrar lo que considera “lagunas legales” en la frontera mediante la desestimación de peticiones de asilo y el traslado de migrantes a tercero países.
En tal sentido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó ahora a los tribunales de inmigración que cancelen casos de forma sumaria, redirigiendo a los solicitantes a terceros países que les puedan otorgar asilo.
El gobierno federal se ampara en los llamados acuerdos de tercer país seguro que los funcionarios han alcanzado con varias naciones, como Uganda, Honduras y Ecuador, países con donde comúnmente se produce violencia de pandillas y donde existe un historial de abusos contra los derechos humanos, informó Politico.
El gobierno federal fundamenta estas acciones en los “Acuerdos de Cooperación de Asilo”, según el DHS, estos “son acuerdos bilaterales legales que permiten a los inmigrantes indocumentados que buscan asilo en Estados Unidos buscar protección en un país socio que haya acordado resolver sus solicitudes de manera justa”.
A cambio de recibir a los migrantes, estos países suelen obtener asistencia en seguridad y una reducción en las críticas de Washington por historial de derechos humanos.
“Si Estados Unidos confía en que pueden ser deportados con éxito a otro país donde no se vean amenazados, entonces no hay razón ni expectativa para que se les permita permanecer aquí”, señaló un alto funcionario del gobierno bajo anonimato al medio Politico.
Aceleración de deportaciones y cifras récord
El objetivo de la Casa Blanca es alcanzar una meta anual de un millón de deportaciones. En el año fiscal 2024, las solicitudes de asilo llegaron casi a las 900,000, un aumento drástico comparado con las 200,000 anuales del primer mandato de Trump.
Para gestionar este volumen, la Junta de Apelaciones de Inmigración dictaminó en octubre que los jueces deben priorizar la expulsión a terceros países antes de analizar el caso en EE. UU. En noviembre, abogados del DHS pidieron desestimar casi 5,000 casos, cifra que cuadriplica los registros de septiembre.
Defensores de los derechos migratorios critican la medida. Rebekah Wolf, abogada del Consejo Americano de Inmigración, afirmó: “La administración quiere demoler nuestro sistema de protección humanitaria”.
Por el contrario, partidarios de la restricción migratoria como Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Inmigración, sostienen que: “Nadie que haya pasado por otros países donde no sufre persecución debería obtener asilo (en EE.UU.)”. Según Krikorian, esta es una herramienta para frenar solicitudes fraudulentas.
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