Puerto Rico: congresista republicano Tom McClintock explica razones por las que presentaría proyecto proindependencia
“Creo que la independencia devolvería al pueblo su pleno derecho a la autodeterminación, permitiéndole trazar su propio camino...”, indicó a El Diario
El republicano Tom McClintock representa a California en el Congreso. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – El representante republicano, Tom McClintock, indicó a El Diario que presentaría un proyecto proindependencia para Puerto Rico para “restaurar” el “pleno derecho a la autodeterminación” de los boricuas.
“Creo que la independencia devolvería al pueblo puertorriqueño su pleno derecho a la autodeterminación, permitiéndole trazar su propio camino sin injerencias ni explotación externas”, indicó McClintock en declaraciones escritas a pedido de este medio.
El legislador de California, que lleva nueve términos consecutivos sirviendo en el Congreso de Estados Unidos, argumentó que, con soberanía, la isla podría prosperar en igualdad de condiciones con otras naciones, mientras seguiría siendo aliada del país del norte.
“Puerto Rico se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en un centro financiero similar a Singapur y en una Riviera turística en el Caribe, prosperando como una nación igual entre las demás. Se convertiría en un aliado confiable y un socio comercial valioso de EE.UU., en sus propios términos y de acuerdo con sus propios intereses”, expuso el congresista en las declaraciones provistas este jueves.
El republicano planteó además que, para atender el asunto con seriedad, contrario a como se ha hecho en los pasados años, trabaja en coordinación con lideres independentistas para la eventual presentación de legislación.
“Esta cuestión requiere una consideración mucho más seria en el Congreso y en Puerto Rico de la que ha recibido en los últimos años, y por ello estoy trabajando con grupos independentistas puertorriqueños para elaborar un proyecto de ley que impulse este debate”, planteó McClintock.
En ese sentido, el político matizó con el argumento de que cualquier cambio de estatus debe concretarse tras un proceso de amplio consenso entre los puertorriqueños, así como entre los miembros del Congreso.
“Creo que cualquier cambio en el estatus de Puerto Rico solo debe llevarse a cabo después de que se haya alcanzado un amplio consenso tanto entre el pueblo puertorriqueño como en el Congreso, y espero que este proyecto de ley contribuya a ese proceso”, añadió.
McClintock puntualizó que los detalles de la medida aún se están elaborando y que no hay un calendario previsto para su introducción.
Luego de proveer estas declaraciones a El Diario, el congresista las compartió en su cuenta en la red social X.
En diciembre pasado, medios en la isla como El Nuevo Día reportaron sobre la propuesta de proyecto de ley encabezada por Manuel Rivera, presidente de la organización de la diáspora “Puertorriqueños Unidos en Acción” (PUA).
Recientemente, El Diario conversó en profundidad con el abogado, radicado en Washington D.C., sobre el alcance de su plan y lo que implicaría para Puerto Rico.
Entre otras cosas, Rivera dijo que, durante el periodo navideño, aprovechó para redactar la propuesta que evalúa la oficina de McClintock con quien ya se había reunido junto a otros independentistas.
Explicó que la misma busca transferirle los poderes soberanos al territorio que le fueron usurpados mediante el Tratado de París de 1989, bajo el que España cedió a Puerto Rico a EE.UU.
“No es una consulta (o plebiscito de estatus), porque ese es el problema. La obligación que tienen los EE.UU. y el Congreso, porque bajo el Tratado de París el Congreso de EE.UU. tiene la potestad de disponer de sus territorios en ultramar, y la obligación de ellos, de acuerdo con la ley internacional, es transferirle los poderes al pueblo de Puerto Rico para que nosotros nos podamos expresar libremente”, sostuvo Rivera, quien dijo que esperaba que el proyecto de ley pudiera presentarse este mismo mes.
El entrevistado argumentó que redactó el documento tomando en consideración diferentes recomendaciones de organizaciones puertorriqueñas que creen en la independencia de la isla, y tras revisar todos los proyectos en esa dirección que se presentaron antes de 1952.
El texto de la potencial medida, que fue suministrado a este periódico, señala que la anexión de Puerto Rico a EE.UU. es incompatible con el Tratado de París, y que la Constitución federal le confiere al presidente la autoridad para rescindir de tratados como el mencionado.
“El Congreso constata que, mediante la rescisión del Tratado de París o una acción legislativa, podría iniciar un proceso de autodeterminación, que permitiría al pueblo de Puerto Rico determinar su futuro político”, lee el documento.
El plan dispone para una transición bajo el país soberano que no puede exceder más de 60 días.
Durante ese periodo, los programas federales aplicables a Puerto Rico en la fecha de entrada en vigor de la ley continuarán, o según lo extienda el Congreso después de dicho período, y se eliminarán gradualmente de acuerdo con un calendario negociado.
En cuanto a la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños, se indica que los boricuas la mantendrían a menos que, voluntariamente, renuncien a la misma.
El borrador de legislación ha provocado posiciones encontradas, incluso entre líderes del propio movimiento independentista.
El MINH o Movimiento Independentista Nacional Hostosiano fue una de las entidades que avaló la iniciativa legislativa por entender que reconoce el derecho a la autodeterminación e independencia como opción legítima y viable.
Miembros del llamado “Plan B”, que en la primavera del año pasado impulsaron esfuerzos a nivel federal para iniciar un proceso de independencia para Puerto Rico mediante decreto presidencial, también apoyaron la propuesta, ya que reconoce y viabiliza esa opción como la mejor para la descolonización conforme al derecho internacional y al principio democrático de libre determinación de los pueblos.
Por su parte, Juan Dalmau, excandidato a la gobernación de Puerto Rico y secretario general del Partido Independentista (PIP), desvinculó a la colectividad de la propuesta, aún cuando líderes del PIP en la diáspora participaron de reuniones con McClintock.
Dalmau argumentó a medios en el archipiélago que no aprueban la propuesta porque el derecho a la autodeterminación debe ser democrático y ejercido a través de las urnas.
El líder del PIP insistió en una Asamblea de Estatus que incluya a varios sectores y que implique diversas votaciones como herramienta para salir de la condición colonial.
El debate por la inminente medida proindependencia se da bajo un Congreso de mayoría republicana en el que varios de sus líderes han expresado reservas a la estadidad para Puerto Rico. El presidente Donald Trump es otro de los que ha rechazado que la isla se convierta en estado, particularmente por la idea de que Puerto Rico sería uno demócrata y que su partido perdería escaños en el Congreso.
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, también descartó la propuesta legislativa bajo la premisa de que no es demócratica o representativa de los distintos sectores, incluyendo los del Partido Popular Democrático (PPD) que preside. El PPD como institución insiste en la inclusión del Estado Libre Asociado (ELA) territorial en cualquier consulta a nivel federal.
Esta semana, también en entrevista con El Diario, Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), tildó de “mito” el argumento de que la estadidad no hace eco entre republicanos y afirmó que la gobernadora Jenniffer González está impulsando una legislación proestadidad en el Congreso que se podría presentar en cualquier momento.
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