Memo de comité asesor de Puerto Rico en USCCR: Congreso debe actuar para atender disparidad en programas como SSI y Medicaid
Nuevo memo del comité de la Comisión de Derechos Civiles de EE. UU. es parte del estudio sobre el impacto de los Casos Insulares en los derechos de los boricuas
Vista del exterior de la Corte Suprema de EE.UU. en Washington D.C. Crédito: Rahmat Gul | AP
NUEVA YORK – El hecho de que Puerto Rico sea un territorio de los Estados Unidos implica, pero no justifica el trato desigual en el acceso a programas federales como el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Medicaid a los ciudadanos que residen en la isla.
Lo anterior es parte de los planteamientos contenidos en el cuarto y último memorando del Comité Asesor de Puerto Rico de la Comisión de Derechos Civiles de los EE. UU. (USCCR) como parte de su estudio sobre el efecto de los Casos Insulares de la Corte Suprema federal y la Doctrina de No Incorporación en los derechos civiles de los residentes de la isla.
El “Memorando sobre el acceso a los programas federales y el papel de la raza en la relación entre el gobierno federal y Puerto Rico”, de 37 páginas y divulgado este miércoles, establece que la negativa del Congreso a extender plenamente los beneficios federales a territorios como Puerto Rico “conlleva un costo significativo para la salud y el bienestar de estos ciudadanos estadounidenses”.
“Esta brecha en el acceso a recursos entre los puertorriqueños que viven en los estados contiguos y aquellos que residen en la isla es marcada y tiene un efecto directo en los medios de vida de las personas”, lee parte del análisis enviado a El Diario.
Para sostener el argumento se hace referencia a casos como el de EE.UU. vs. Vaello Madero en el que la Corte Suprema determinó que el Congreso puede excluir a los residentes de Puerto Rico del programa de SSI, mientras que los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte se benefician del mismo.
La información provista por panelistas especializados en estos temas pone en cuestionamiento el argumento generalizado de que Puerto Rico está excluido de ciertos programas porque los residentes de la isla no pagan impuestos federales sobre la renta y, “por lo tanto, no pueden participar plenamente en dichos programas”.
“Tal como este comité analizó en su segundo memorando sobre Perspectivas Económicas, publicado en noviembre de 2024, los puertorriqueños sí contribuyen mediante otros impuestos federales, como aquellos requeridos por la Ley de Contribuciones al Seguro Federal (FICA), los impuestos al Seguro Social y Medicare, y la Ley Federal de Impuestos al Desempleo (FUTA). Los empleadores están obligados a retener, declarar y pagar los impuestos sobre el empleo correspondientes a los salarios pagados. Además, las contribuciones de Puerto Rico al Tesoro Federal son comparables a las de ciertos estados, como Alaska y Vermont”, clarifica el texto aprobado por los miembros del comité en una reunión celebrada el 3 de diciembre pasado.
Andrew Hammond, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho Maurer de la Universidad de Indiana, declaró por escrito que fundamentar la decisión en el argumento del pago de impuestos federales es “una justificación confusa para excluir a cualquier grupo de estadounidenses del SSI”.
“Como programa sujeto a comprobación de recursos, las normas de elegibilidad del SSI no se basan en pagos pasados o futuros de impuestos federales. El SSI es un programa que solo se activa cuando se ha demostrado que un solicitante tiene un historial laboral insuficiente para calificar al Seguro Social por Discapacidad y cuenta con pocos o ningún ingreso. La idea de que el Congreso pueda utilizar una lógica de seguro contributivo para justificar un programa no contributivo (es decir, sujeto a comprobación de recursos) resulta extraño”, señaló el académico.
El memo indica que, en el caso de José Luis Vaello Madero, la Corte Suprema aplicó la prueba de base racional para determinar que el Congreso no estaba obligado a extender el SSI a Puerto Rico. Además de invocar la discreción del Congreso sobre los territorios conforme a la Cláusula Territorial, el máximo foro destacó que el hecho de que los residentes de la isla estén exentos de impuestos federales sobre la renta, donaciones, sucesiones y ciertos impuestos especiales proporciona una base racional para tratarlos de manera distinta a los residentes de los estados con respecto a SSI.
Jeffrey Farrow, asesor en políticas gubernamentales que trabajó en las administraciones de los presidentes demócratas Jimmy Carter y Bill Clinton, compartió que el criterio de base racional para que la Corte Suprema decidiera en el 1980 que Puerto Rico podía ser tratado de manera distinta a los estados en relación con los programas federales, puede resultar muy subjetivo.
El Congreso, sin embargo, ha continuado estableciendo que el pago no equitativo de impuestos federales constituye una base racional. Farrow comentó que ha conversado con líderes gubernamentales que pensaban que no era beneficioso otorgar paridad a los ciudadanos en Puerto Rico, ya que una mayor proporción de residentes en la isla recibiría la asistencia en comparación con los de los estados.
Los panelistas coincidieron en que no existe ningún argumento legal ni económico que impida al Gobierno proporcionar acceso pleno a la red de protección social a Puerto Rico. Sostuvieron además que lo anterior tendría como resultado una reducción inmediata de los niveles de pobreza.
Los participantes concordaron en que el financiamiento limitado en el territorio bajo varios programas federales se traduce en servicios de salud inadecuados y aumenta la vulnerabilidad cuando las necesidades de atención médica aumentan en medio emergencias.
Los deponentes exhortaron a las autoridades a adoptar acciones en pro de la paridad con la “mayor prontitud”, ya que tomaría varios años implementar plenamente los programas, debido a que el proceso incluiría “cambios legislativos, desarrollo normativo, diseño de programas, fases de planificación, capacitación del personal administrativo, pruebas y despliegues”.
En este contexto, el documento pone como ejemplo el informe del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) de 2022 que estimó que la implementación completa del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Puerto Rico, de ser aprobado por el Congreso, podría tardar, aproximadamente, 10 años.
Javier Balmaceda, analista sénior de políticas para Puerto Rico del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), explicó cómo la expansión del Crédito Tributario por Hijos (CTC) y del Crédito por Ingreso al Trabajo (EITC) en Puerto Rico, tras la aprobación de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (ARPA), produjo resultados positivos para los ciudadanos en la isla.
Según el analista, la expansión del CTC redujo de manera drástica la tasa de pobreza infantil en Puerto Rico, de 55 % a 39 % tan solo en 2021. El memo añade que, acorde con lo divulgado en el primer memorando del comité en 2024, bajo ARPA, el CTC tuvo un impacto de $1.78 mil millones de dólares en la economía y generó un aumento del 16 % en el ingreso promedio de las familias. Adicional, la ley extendió una asignacion federal anual de, aproximadamente, $600 millones para reforzar el programa local del EITC, y, por primera vez desde el establecimiento de ese crédito en 1975 se asignaron fondos federales a Puerto Rico.
Entre los impedimentos identificados en el escrito para adelantar la aplicación equitativa de los programas federales en la isla se mencionó la falta de voluntad política y el conocimiento limitado del Congreso y de los funcionarios electos a nivel federal sobre los asuntos de Puerto Rico.
Bajo este último subtema, el Dr. Carlos Vargas-Ramos, director de Políticas Públicas, Relaciones con los Medios y Desarrollo de la Universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY), resaltó que la participación política de los puertorriqueños a través de los representantes principalmente de ese origen en el Congreso es esencial.
“Evidentemente, solo hay un funcionario federal electo por Puerto Rico, que es el comisionado residente. Cualquier otra ‘presión’ que se ejerza sobre el Congreso de los EE.UU. proviene de miembros del Congreso ya electos por otros estados; muchos de ellos, la mayoría, puertorriqueños o descendientes de puertorriqueños que han sido electos al Congreso. Ellos tienden a ser quienes abogan por Puerto Rico con mayor frecuencia. En ese sentido, la participación política de los puertorriqueños en los Estados Unidos, a través de los representantes en el Congreso, es una vía para dirigir la atención del Congreso de los Estados Unidos hacia lo que ocurre en Puerto Rico”, afirmó.
La raza en Puerto Rico y su relación con el gobierno federal
En cuanto al tema de la raza en Puerto Rico y su relación con el gobierno federal, el comité determinó que la formación racial en la isla ha sido compleja y ha enfrentado desafíos en términos de precisión en la recopilación de datos.
El informe resaltó que ha habido cambios en las categorías raciales a lo largo del tiempo.
Con base en testimonios como el de la Dra. Yomaira Figueroa-Vásquez, directora del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College de la Universidad de la ciudad de Nueva York (CENTRO), el comité concluyó que EE.UU. ha modificado las clasificaciones raciales en Puerto Rico a lo largo del tiempo, en particular con las poblaciones afropuertorriqueñas, lo que se ha traducido en inexactitudes que han complicado el registro oficial de la raza en el archipiélago.
Recomendaciones de panelistas
Haciendo referencia a lo planteado por los participantes de los paneles, el comité señaló que, para lograr paridad en los beneficios federales para los boricuas en la isla, “los esfuerzos deben dirigirse al Congreso y a la Casa Blanca… porque los tribunales no van a brindar el remedio que algunas personas pudieran desear”.
De acuerdo con los panelistas, la forma más confiable de obtener un trato equitativo es si Puerto Rico se convierte permanente en parte de los EE.UU. o estado.
“Esa es una decisión que, en última instancia, recae en el Congreso y el presidente. Sin embargo, los EE.UU. cuentan con tradiciones democráticas y creen que, si Puerto Rico desea convertirse en una parte permanente de los Estados Unidos, debe así solicitarlo”, lee la parte de recomendaciones.
Otro asunto sobre el que el Congreso debe actuar es en incluir lenguaje en la Ley Agrícola (Farm Bill) que reprograme las subvenciones de USDA para que se destinen estrictamente a las fincas locales, a los fideicomisos agrícolas comunitarios y a la Universidad de Puerto Rico, como parte de la transición de la subvención en bloque conocido como PAN (Programa de Asistencia Nutricional) a SNAP. Desde hace años se lleva presionando sobre la transición a nivel federal. “Estos programas deben llevarse a cabo en español puertorriqueño, para garantizar que todas y todos los agricultores puedan acceder a los beneficios a los que tienen derecho de una manera culturalmente competente”, especifica una de las recomendaciones.
Sobre el alcance de los Casos Insulares, los panelistas creen que debe incluirse una “declaración firme por parte de las tres ramas de gobierno” que establezca expresamente que los mismos “fueron decididos de manera errónea y que debe darse una nueva interpretación a la relación entre Puerto Rico y EE.UU.”.
“Sigo creyendo, a partir de nuestra experiencia con algunos de los casos ante el Tribunal Supremo de los EE.UU., que necesitaríamos que el Congreso nos ayude a dejar sin efecto algunas de las determinaciones de los Casos Insulares”, expuso Roberto Cruz, abogado gerente de LatinoJustice PRLDEF.
El memo de esta semana da seguimiento a otros tres previamente publicados como parte del estudio sobre los Casos y constituye el último de la serie. El comité, presidido por Andrés Córdova Phelps, presentaría un informe final con recomendaciones elaboradas por sus integrantes antes de la finalización de su mandato que se suponía fuera el 20 de enero pasado.
Los Casos Insulares fueron una serie de decisiones que tomó la Corte Suprema el siglo pasado bajo la que se estableció un marco legal que legitima la gobernanza desigual en los territorios adquiridos por EE.UU. después del 1898.
Los decisiones judiciales definieron y diferenciaron entre “territorio incorporado” y “territorio no incorporado” bajo la idea de que estas últimas demarcaciones no se convirtieran en estados.
Básicamente, a los Casos Insulares se le consideran la justificación legal para tratar a los ciudadanos en territorios como Puerto Rico de manera discriminatoria. Bajo la jurisprudencia del Supremo, a los habitantes de los territorios no incorporados no se le garantizan los mismos derechos constitucionales que a los de los incorporados.
Sigue leyendo:
(Entrevista en video) Transición a SNAP para Puerto Rico: PRFAA insiste ante comités congresionales
