Cuestionan “atropellada” aprobación en el Capitolio de Puerto Rico de PS 923 que criminalizaría el aborto
Al igual que ocurrió en el Senado, este martes, la Cámara de Representantes le dio paso a la medida por descargue y sin vistas públicas
De izquierda a derecha, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos "Johnny" Mendez; su homólogo en el Senado, Thomas Rivera Schatz y la gobernadora Jenniffer González. Crédito: Archivo /Dennis M. Rivera Pichardo | AP
NUEVA YORK – El mismo día en que activistas se manifestaban en el exterior del Capitolio de Puerto Rico, en San Juan, en contra de la aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto del Senado 923, que tipifica como asesinato la muerte de un concebido no nacido, la mayoría en ese cuerpo legislativo aprobó la medida.
El trámite se hizo por descargue y sin que antes se realizaran vistas públicas como habían solicitado diversas organizaciones, algunas en pro del aborto y de los derechos reproductivos.
La pieza legislativa también fue aprobada inicialmente en el Senado bajo un procedimiento expedito.
Ahora la legislación regresará para reevaluación en la Cámara Alta.
33 representantes votaron a favor de la medida y 10 en contra.
Todos los miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, es decir, Adriana Gutiérrez Colón, Denis Márquez y Nelie Lebrón votaron en contra. En el caso de los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), se opusieron a la medida, Ramón Torres Cruz, Domingo Torres, Estrella Martínez, José “Cony” Varela y Héctor Ferrer Santiago. En el caso de oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazaron el proyecto los representantes Roberto López Román y José “Che” Pérez Cordero. De acuerdo con el reporte del periódico local, este último había solicitado abstenerse, pero el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, denegó el pedido.
Méndez defendió la medida bajo el argumento de que estaban cumpliendo con las promesas programáticas del PNP.
“Lo descargamos con convicción y con conocimiento pleno de lo que estamos haciendo, porque estamos cumpliendo con el contrato que contrajimos con el pueblo de Puerto Rico de que íbamos a aprobar leyes que fueran para defender la vida y los intereses de los puertorriqueños y las puertorriqueñas por nacer”, afirmó Méndez según citó el referido medio.
En la Cámara Baja se le realizaron enmiendas a la legislación con el fin de aclarar que, para propósito de los incisos (G) y (H) del Artículo 93 del Código Penal (Ley 146-2012), ser humano incluirá “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.
Los opositores al proyecto que enmendaría la principal ley penal en la isla insisten en que la medida busca limitar y coartar el derecho al aborto, y que criminalizaría incluso a médicos que intervengan con embarazadas en casos de alto riesgo en los que muera un bebé, por ejemplo.
Para organizaciones como Aborto Libre Puerto Rico, una de las que tuvo presencia en la manifestación ayer en las afueras de la Casa de las Leyes, la aprobación a viva voz y sin vistas públicas, contrario a lo que estaban solicitando, fue “antidemocrática”.
Las activistas sostienen que proyectos como el 923 buscan “acorralar el acceso digno al aborto” y “ponen en peligro la vida de las mujeres y las personas gestantes”.
Argumentan además que “sectores antiderechos que buscan que se ilegalice y se criminalice el aborto, son los mismos que se oponen a la educación sexual que pudiera prevenir los embarazos no deseados”.
Alertan que, hacer el aborto “inaccesible”, llevará a las mujeres a buscar “formas inseguras” de abortar.
La aprobación del PS 923 se suma al 504, firmado por la gobernadora Jenniffer González, en diciembre pasado. Esa legislación enmendó el Código Civil de Puerto Rico para establecer que el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
En Puerto Rico, el aborto es legal desde el 1980 cuando el Tribunal Supremo local determinó que estaba cobijado bajo el derecho a la intimidad de la Constitución.
El tribunal hizo la interpretación en el caso “Pueblo de Puerto Rico vs. Pablo Duarte Mendoza”.
Las gestantes en Puerto Rico pueden realizarse un aborto si es para cuidar su salud física o mental o preservar su vida.
En entrevista con El Diario este martes, antes de que la medida fuera aprobada en la Cámara, Vivian Godineaux Villaronga, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), dijo que habían recibido información de que habrían vistas públicas para examinar el proyecto.
“Ya nosotros recibimos solicitud de memorial explicativo fijando posición como Colegio en cuanto a ese proyecto, el que ya estamos trabajando en la Comisión de la Mujer Nilita Nilita Vientós Gastón del Colegio para presentar nuestro memorial, y esperemos que hayan vistas públicas. Todavía no se han señalado, pero, cuando estén, allí vamos a estar”, dijo la portavoz solo horas antes de que la Cámara le diera el visto bueno a la legislación.
La presidenta del CAAPR añadió que, una de las repercusiones en caso de que el proyecto se convierte en ley, es que profesionales de la salud podrían negarse a atender a embarazadas.
“Ya el Colegio de Médicos ha levantado la voz, desde que estaba el proyecto 504, estuvieron hablando de lo que se le llama la medicina defensiva, ¿y qué es eso?, pues que muchos van a limitar su práctica y no darle sus servicios a mujeres que estén en estado de gestación o mujeres que estén en alto riesgo por miedo a las consecuencias de que estén incumpliendo con la ley o cometiendo algún delito en el caso del 923 que es relativo al Código Penal. Eso es terrible. Eso es terrible para la mujer gestante en Puerto Rico porque incide contra su derecho a la salud y a la propia vida y a tomar las decisiones correctas con respecto a su cuerpo”, planteó.
La licenciada dijo que es preocupante que la mayoría conservadora en la Legislatura le esté dando paso a medidas como el 923 que, a su juicio, reducen derechos a los residentes en la isla.
“Son proyectos de ley que se han convertido en ley por asuntos que no son un problema en el país, sino que tienen una agenda específica, que es una conservadora, a la cual está respondiendo el partido de gobierno (Nuevo Progresista o PNP)”, cuestionó la abogada.
En ese sentido, la entrevistada se refirió a la Ley 14 del 2025 o “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico“ aprobada en abril del referido año.
“Ese fue el proyecto número uno del 2025, el primero que se radicó en ese Capitolio, y es parte de esa agenda, y, vuelvo y repito, cuando en Puerto Rico no había un problema de libertad religiosa, e incide contra la comunidad LGBTQ+ y comunidades vulnerables”, sostuvo.
Los opositores argumentan que la ley no promueve la equidad y se presta para que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias religiosas.
Por el otro lado, sus impulsores plantean que el fin de la ley es reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental e inalienable del ser humano que cobija a los ciudadanos en distintos contextos, incluyendo a empleados de las tres ramas de gobierno.
En declaraciones escritas tras la aprobación del PS 923 en la Cámara, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico repudió enérgicamente el descargue y la votación a viva voz por tratarse de “un proceso inesperado, atropellado y profundamente antidemocrático”.
En el comunicado, los miembros de la entidad cuestionaron el cambio de ruta del proyecto cuando ya la Comisión de lo Jurídico de la Cámara les había solicitado formalmente a la entidad la presentación del memorial explicativo.
“En atención a dicha solicitud, el Colegio organizó su análisis y su participación institucional conforme al proceso y al calendario comunicados por la propia Comisión, con el propósito de exponer su postura en relación con el Artículo 92 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, así como otros aspectos de alto impacto jurídico”, especificó el parte de prensa.
La CAAPR argumentó que la aprobación expedita de este proyecto, sin que mediara la celebración de vistas públicas ni la apertura del espacio deliberativo que razonablemente se esperaba, no es un hecho aislado. “Por el contrario, esta práctica legislativa, reiterada en medidas de alto impacto social y de derechos humanos, constituye una afrenta directa a la democracia, al vaciar de contenido el debate público y excluir deliberadamente voces fundamentales del proceso legislativo”, expusieron.
Los colegiados finalizaron con un llamado a la gobernadora para que vete el proyecto, “por innecesario y carente de justificación jurídica, tal como ella misma expresó al inicio de este accidentado proceso legislativo”.
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